Así es la nueva ley de interinos que entra en vigor en 2022 y pretende acabar con la temporalidad en el empleo público

Si de algo se está hablando en 2022 es de trabajo, de la reforma laboral y de la recién estrenada leyde interinos, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre,  tras ser aprobada en el Senado.

En un plazo de dos años y medio, el Gobierno marca su hoja de ruta para tratar de atajar la situación de la temporalidad y consecuente indefinición de más de 300.000 trabajadores estatales. Para ellos, el único requisito que contempla el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para convertirse en funcionario es el de haber permanecido al menos más de cinco años en el cargo, es decir, llevar desde 2016 en ese puesto. A esto se le añadiría únicamente completar un concurso de méritos, que puede variar su grado de dificultad según las autonomías.

¿Qué son los funcionarios interinos? 

Los interinos son aquellos que, habiéndose presentado a unas oposiciones, no han conseguido obtener una plaza fija. Pueden desempeñar las funciones de cualquier funcionario de carrera, pero durante un tiempo máximo de 12 meses. Su principal característica es precisamente esa, que el puesto nunca deja de ser temporal, con las desventajas que esto implica.

Reducir la interinidad del 30% al 8% en menos de tres años

El objetivo de la ley de interinos es reducir la tasa de temporalidad entre los empleados públicos de un 30% a solo un 8%, sobre todo, en sectores como la sanidad y la educación en la que la tasa es muy alta. Y pretende hacerlo en menos de tres años.

A las Administraciones Públicas no les quedará más remedio que ofertar antes del 1 de junio de 2022 las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024 y será un proceso de concurso-oposición el que dará acceso a estas plazas.

Estos plazos llegan a raíz del compromiso que España adquirió con la Unión Europea dentro del marco legal de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Siguiendo con las directrices marcadas desde Bruselas, al Ejecutivo deberá acabar con la lacra de la temporalidad en el empleo público a cambio de los fondos europeos.  

Hasta esa fecha se podrán seguir ofertando puestos vacantes de carácter permanente ya sea en la Administración General del Estado (AGE), las de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales (ayuntamientos) e incluso en las universidades. 

Los interinos con más de 5 años de experiencia serán funcionarios en 2022

Uno de los puntos claves de la nueva norma es que las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional.

Esto significa que las plazas estructurales de la Administración que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las ocupadas por personas interinas que lleven más de cinco años empleadas en la Administración, se convocarán a través de este proceso extraordinario para su estabilización.

Ha sido una medida polémica que levantó el recelo entre algunos sectores del funcionariado, partidos políticos como VOX o incluso la Abogacía del Estado, que alertaba de su “inconstitucionalidad”.

La experiencia gana puntos

La experiencia y formación previa de los funcionarios en el proceso de concurso-oposición será determinante para afianzar su acceso a la plaza de funcionario, puesto que tiene un valor de un 60% frente al 40% de la fase de concurso. Además, la ley fija que los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios.

Esto quiere decir que la experiencia pasará a tener un peso determinante a la hora de conseguir plaza, un condicionante que podría perjudicar a los estudiantes que llevan años preparando la convocatoria pero que aún no cuentan con ninguna antigüedad, chocando así con los principios de mérito, igualdad y capacidad para acceder a la función pública y promoción profesional establecidos en el artículo 1 del Texto Refundido 15/2015 de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público.  

La aplicación de la norma alcanzará a todos los niveles de la Administración, a todas las sociedades mercantiles públicas, a las entidades públicas empresariales, a las fundaciones y los consorcios del sector público, por lo que el proceso de regularización se efectuará en todos esos ámbitos, sin perjuicio de que pueda adecuarse a su normativa específica.