Oposiciones simplificadas para regularizar a cerca de medio millón de interinos: Gobierno y sindicatos negocian cómo estabilizar el empleo público temporal en fraude de ley

Una oficina de la Agencia Tributaria de Cataluña
  • El Gobierno propone a los sindicatos crear unas oposiciones simplificadas para regularizar los empleos de los interinos en fraude de ley y cumplir las recomendaciones de Bruselas sobre la alta temporalidad en el sector público, según El Confidencial.
  • El Ministerio de Función Pública ha planteado realizar un concurso de méritos que no incluya examen para reconocer la experiencia y méritos de los interinos que están en situación fraudulenta al acumular más de 2 años con contrato temporal.
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En España, al menos 1 de cada 5 trabajadores tiene un contrato temporal, según cifras oficiales del cierre de 2020, aunque la situación no es del todo nueva, dado que el país es el líder europeo en empleo temporal desde 2017.

No obstante, la proporción de trabajadores con contrato de duración determinada es aún más elevada en el sector público que en el privado, según la última Encuesta de Población Activa, que ha situado el porcentaje de contratos temporales en torno al 30% de los empleados públicos, aunque la tasa de temporalidad es aún más alta, en torno al 42%, en sectores especialmente críticos como la sanidad pública.

Ante esta situación, la Unión Europea reclamó en marzo al Gobierno español que tomase medidas para atajar la temporalidad, principalmente en el sector público, a lo que el Ejecutivo ha respondido comprometiéndose a reformar antes de final de este año el estatuto de la función pública para intentar reducir la tasa de temporalidad pública al 8%, el mismo tope que tendrán que aplicarse otros países comunitarios como Alemania, que también superan las tasas recomendadas por Bruselas.

Además de esta reforma, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha propuesto a los sindicatos la puesta en marcha de unas oposiciones simplificadas para regularizar los empleos de los interinos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de fraude de ley al haber encadenado más de 2 años consecutivos con contratos temporales, una situación en la que podrían encontrarse en torno a 900.000 trabajadores del sector público, segúnEl Confidencial.

Así, el ministro Miquel Iceta ha asegurado al Congreso de los Diputados que su ministerio estaba planteando la celebración de procesos de estabilización en los que la experiencia en el puesto de trabajo concreto sea el factor determinante y ha destacado que se ofrecerá a las comunidades autónomas la posibilidad de que otorgar las plazas a través de un concurso de méritos sin necesidad de celebrar un examen de oposición.

De este modo, Iceta ha planteado a los sindicatos con mayor representación entre los empleados públicos CCOO, UGT y CSIF varias vías para estabilizar los puestos de trabajo de los interinos de las administraciones públicas, incluyendo dar más peso a los méritos que a la oposición o eliminar por completo el examen, como vía para reconocer la experiencia que acumulan los temporales y regularizar al mayor número posible de interinos.

Este es el perfil más común de trabajador temporal en España: hombre, de entre 25 y 44 años y del sector servicios

Por su parte, los sindicatos han centrado sus propuestas en facilitar que los interinos consigan legalizar y mantener sus plazas, según El Confidencial, que señala que CCOO pide que los méritos que se tengan en cuenta en el proceso correspondan exclusivamente a la plaza que ocupan, sin tener en cuenta empleos previos o formación, mientras CSIF reclama que los interinos que suspendan la parte teórica de la oposición puedan seguir optando a plaza.

Por el momento, no hay cifras concretas de plazas a cubrir o de interinos que se prevea regularizar para facilitar las negociaciones con las autonomías, mientras que Gobierno y sindicatos negocian qué hacer con los interinos que no obtengan su plaza y se vayan sin indemnización, dado que por su tipo de contrato no les corresponde ninguna. En caso de que estos interinos reclamen esta situación a la Justicia, el Estado podría afrontar el pago de millones de euros en indemnizaciones.

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