Bruselas reclama al Gobierno medidas contra la temporalidad en el sector público, que roza el 30%

La elevada temporalidad en el empleo es uno de los problemas endémicos del mercado laboral español, hasta el punto de ser el país de la Unión Europea con una mayor tasa de empleo de duración definida desde 2017. Así, en los últimos 4 años, el porcentaje de trabajadores temporales respecto al total de ocupados se ha estabilizado en torno a un 25%, según Eurostat, un porcentaje que, sin embargo, se supera ampliamente en el sector público.

Este fenómeno ha vuelto a cobrar importancia ante el impacto del coronavirus en el empleo, que ha castigado especialmente a los trabajadores más jóvenes y, por tanto, más propensos a contar con puestos de trabajo de corta duración, que son los primeros que se han visto afectados por la pandemia, de forma similar a lo sucedido durante la anterior crisis económica, según los expertos consultados por Business Insider España.

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Ante esta situación, la Unión Europea ha urgido al Gobierno español a aplicar medidas para reducir la temporalidad, especialmente en el sector público, en el marco de las negociaciones con Bruselas para la aprobación de los planes de inversiones y reformas que los 27 deben presentar para obtener acceso a los fondos europeos contra el impacto del coronavirus y que incluye la modificación de la reforma laboral, entre otras medidas, segúnEl País.

En concreto, la proporción de empleados con contrato de duración definida sobre el total de trabajadores en activo ha alcanzado un 24,6% en el cuarto trimestre de 2020, aunque existe una brecha de más de 6 puntos entre la presencia de trabajadores temporales en las administraciones públicas, donde se incrementó hasta el 29,9% al cierre del año pasado, y en el sector privado, en el que se mantuvo en el 23,2%.

Ante las peticiones de Bruselas, el Gobierno español ha propuesto varias medidas de ámbito laboral, como la simplificación de contratos, la limitación del empleo temporal en las subcontratas, la promoción del contrato fijo discontinuo o el refuerzo de la causalidad de los contratos temporales, que implica que las empresas deberán justificar el recurso a un contrato de duración determinada en lugar de uno indefinido.

Además, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública prepara un cambio del artículo 10 del estatuto básico del empleado público para limitar el uso de los interinos en el sector público, según avanza El País, que desvela que la actual ministra de Sanidad Carolina Darias ya inició las negociaciones con los sindicatos y con las comunidades autónomas antes de abandonar esta cartera.

De hecho, la presencia de interinos es especialmente palpable en la educación y la sanidad, lo que deriva en el despido de profesores durante las vacaciones de verano para volver a contratarlos en septiembre o el uso sistemático de contratos temporales en enfermería, entre otros, según el diario del Grupo Prisa, que asegura que los interinos suponen el 8% de los trabajadores públicos, aunque en algunas comunidades llegan a alcanzar el 30%.

De hecho, el recurso a trabajadores temporales e interinos por parte de las autonomías se ha disparado en los últimos 7 años, en los que 9 de cada 10 puestos de trabajo creados por el sector público eran de duración determinada. No obstante, un estudio de la Comisión Europea ha desvelado que solo la banca supera a las administraciones públicas en cuanto a la proporción de empleos temporales sobre el total, según El País.