Facebook y Google están cediendo datos de sus usuarios en Estados Unidos para ayudar a la policía a perseguir a quienes buscan abortar

Con la implantación y aplicación de las prohibiciones del aborto a lo largo y ancho de Estados Unidos, las fuerzas del orden están recurriendo a las redes sociales para preparar causas judiciales contra las mujeres que desean abortar o recibir medicación abortiva, y algunas plataformas online, como Google y Facebook, están ayudando a ello. 

Esta primavera, una mujer llamada Jessica Burgess y su hija serán juzgadas en Nebraska por practicar un aborto ilegal, con una prueba decisiva proporcionada por Meta, la empresa matriz de Facebook. Burgess supuestamente ayudó a su hija a encontrar y tomar pastillas para inducir el aborto. La adolescente también se enfrenta a cargos por deshacerse ilegalmente de los restos del feto.

TechCrunch ha publicado que la compañía suministró a las fuerzas del orden registros de chats internos en los que se indicaba que la joven había hablado de su plan para encontrar la medicación a través de la app. 

Meta ha afirmado en un comunicado sobre el incidente de Nebraska que respondió a "órdenes legales válidas de las fuerzas de seguridad locales" antes de que se produjera la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que anuló el derecho al aborto en todo el país y autorizó su prohibición en algunos estados.

Y aunque las órdenes a las que Meta respondió en este caso "no mencionaban el aborto" -ya que las fuerzas del orden habían solicitado los registros de chat mientras investigaban la eliminación de los restos por parte de la adolescente, lo que casualmente reveló la discusión sobre las píldoras abortivas- los cargos posteriores revelan cómo los datos publicados por las empresas dedicadas a las redes sociales pueden utilizarse para procesar a personas por abortar, incluso cuando están siendo investigadas por otros motivos.

Farmacias que comparten datos

Una investigación de ProPublica descubrió que las farmacias online que venden medicamentos para abortar, como la mifepristona y el misoprostol comparten datos confidenciales, como las direcciones web de los usuarios, su ubicación relativa y los datos de búsqueda, con Google y otros portales externos, lo que permite recuperar los datos a través de solicitudes de las fuerzas de seguridad. 

ProPublica encontró rastreadores web similares que capturan datos de los usuarios en los sitios de al menos 9 farmacias online estadounidenses que ofrecen píldoras abortivas a través del servicio postal, entre ellas Abortion Ease, BestAbortionPill.com, PrivacyPillRX, PillsOnlineRX, Secure Abortion Pills, AbortionRx, Generic Abortion Pills, Abortion Privacy y Online Abortion Pill Rx.

Ninguna de las farmacias ha respondido de forma inmediata a las preguntas de Business Insider.

Los representantes del FBI han manifestado a Business Insider su "imposibilidad de responder" a su solicitud de información detallada sobre los criterios necesarios para que los agentes soliciten el historial de Internet o de las redes sociales de un ciudadano, la información que se les suele facilitar en la búsqueda de dicha información y los canales utilizados por los agentes para realizar estas peticiones.

Los representantes de Google y de los Departamentos de Policía de Los Ángeles y Nueva York, dos de las mayores instituciones policiales del país, no han respondido a las preguntas de Business Insider.

"Cumplimos con las solicitudes gubernamentales que piden información de los usuarios sólo cuando creemos de buena fe que la ley nos obliga a hacerlo", resume a Business Insider un portavoz de Meta. "Además, evaluamos si una solicitud es coherente con las normas internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos, incluidas las garantías procesales, la privacidad, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Cuando accedemos a una solicitud, sólo facilitamos la información que se ajusta estrictamente a ella. Si determinamos que una solicitud parece deficiente o excesivamente amplia, la rechazamos y luchamos ante los tribunales, si es necesario. No proporcionamos a los gobiernos "puertas traseras" para que accedan a la información de los ciudadanos".

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Según estadísticas internas proporcionadas por Meta, la empresa cumple con las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios en más del 70% de las ocasiones y recibe más de 400.000 solicitudes al año. 

"Sin duda, esperamos que las empresas de redes sociales colaboren con las fuerzas de seguridad cuando hagan solicitudes legítimas de información, necesitamos que lo hagan", explica a Business Insider Eric Goldman, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara (California, Estados Unidos). "Pero también sabemos que es poco probable que las redes sociales se opongan a las peticiones ilegítimas de las fuerzas de seguridad, por el hecho de que temen su propia responsabilidad, o por el hecho de que es demasiado costoso oponerse".

Goldman indica algunos ejemplos en los que los servicios de internet han acudido a la justicia para proteger los intereses de los usuarios, pero subraya que "esas son las excepciones". 

"Hay miles de solicitudes por cada uno de esos casos, y hay otros miles de decisiones que la empresa adoptó para simplemente entregar los datos porque simplemente es más fácil y rápido de esa manera", explica Goldman. "Por lo tanto, las fuerzas del orden saben que pueden hacer peticiones a las redes sociales, incluso peticiones judiciales que no se ajustan a la ley, y esperar que la mayoría de ellas sean atendidas simplemente porque ese es el camino de menor resistencia posible para estos servicios de redes sociales".

Sin incentivos para proteger la privacidad 

Aunque los casos contra personas que solicitan abortos se basan cada vez más en datos de usuarios proporcionados por empresas de redes sociales, no son los únicos enjuiciamientos que se basan en lo que la gente comparte en Internet. 

Las publicaciones públicas en las redes sociales pueden utilizarse para incoar causas contra personas por casos graves, como el abuso de menores y el asesinato, así como contra incidentes menos graves que podrían tener implicaciones para la Primera Enmienda, como el caso de los bromistas que tuitearon amenazas contra compañías aéreas y los memes interpretados por el Departamento de Justicia como injerencia electoral.

El contenido privado de los usuarios -como datos de localización o mensajes- requiere que las fuerzas de seguridad obtengan una orden judicial antes de poder entregarlos. 

Pero "las empresas de redes sociales no tienen realmente incentivos para proteger la privacidad", subraya a Business Insider Sharon Docter, Doctora en Derecho y profesora de Asuntos Jurídicos y Nuevos Medios de Comunicación en la Universidad Luterana de California. Como es poco probable que las propias plataformas den prioridad a la privacidad del usuario, la carga de hacerlo recae en el usuario individual. 

"Los usuarios de las redes sociales deben preocuparse por la privacidad, y deben pensar en el hecho de que su huella digital podría estar a disposición de las fuerzas de seguridad si existe una orden de registro válida", añade Docter. "Y deben hacer todo lo posible para proteger su privacidad, enviando mensajes cifrados, asegurándose de que sus datos de localización están desactivados, haciendo todo lo posible por comprender las políticas de privacidad de las plataformas que utilizan". 

Docter y Goldman explican a Business Insider que es poco probable esperar que las empresas de redes sociales cambien sus políticas o estandaricen el cifrado, ya que ni la ley ni la presión de los usuarios las incentivan a hacerlo. Sin embargo, las peticiones excesivamente amplias del Gobierno son el principal punto del problema, señala Goldman, y no que las redes sociales estén cooperando con las fuerzas de seguridad ni mucho menos. 

"Toda la indignación dirigida a las redes sociales por ser un instrumento al servicio de las fuerzas del orden me parece mal enfocada. Las redes sociales son, de hecho, un peón en ese juego", explica Goldman a Business Insider, añadiendo que la gente a menudo no quiere enfadarse con las fuerzas del orden o el Gobierno por excederse en sus funciones y, en cambio, se enfadan con Facebook o Google por acceder a peticiones a veces ilegales.

"Decimos: 'las fuerzas del orden sólo intentan hacer su trabajo', y 'si se equivocan en algo por el camino, pero atrapan a los malos, ya sabes, el fin justifica los medios'", añade Goldman. "Es tan tentador conceder el beneficio de la duda a las fuerzas del orden, y por eso nos cuesta tanto enfrentarnos a la realidad: quizá haya veces que no merezcan ese beneficio".