Estos son los 11 magistrados del Constitucional que han bloqueado la investidura en remoto de Puigdemont

Herramientas como Skype han permitido mantener relaciones a distancia y conectar a personas en partes opuestas del globo, pero parece que no podrían valer para la investidura del presidente de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont sufrió un nuevo revés el sábado después de que el Tribunal Constitucional suspendiera su investidura de forma cautelar con una excepción: que el político fugado se persone en el Parlament previa autorización judicial.

La decisión unánime del Constitucional elimina las vías de la investidura telemática o mediante un delegado, dejando solo la opción de que el juez que lleva el proceso contra el antiguo president le permita acudir al parlamento autonómico. El diputado regional Josep Rull, de JxCat, ya ha asegurado este domingo que Puidgemont pedirá permiso para poder asistir al Parlament, según recoge Europa Press.

Desoyendo las palabras del Consejo de Estado, el Gobierno acudió al Constitucional para intentar aguar las esperanzas de Puigdemont de situarse de nuevo al frente de la Generalitat. Tras horas de discusión, los magistrados acordaron una suspensión cautelar sin decidir si admiten a trámite el recurso del Gobierno.

Aquí, un breve perfil de los magistrados:

Juan José González Rivas, presidente

González (Ávila, 1951) ascendió a la presidencia del Constitucional el pasado marzo con ocho votos a favor y cuatro abstenciones después de que PP y PSOE pactaran su nombramiento.

Llegó al Constitucional en 2012 a propuesta del Congreso tras pasar por el Tribunal Supremo. Su currículum ilustra una larga trayectoria judicial. Como cabeza del Tribunal Constitucional, se encarga de convocar y presidir el pleno y convocar las salas, fijar el orden del día del pleno y la junta de gobierno, así como de muchas otras funciones relacionadas con el funcionamiento de la institución.

Una noticia sobre su nombramiento el año pasado divulgada por el Consejo General de la Abogacía Española lo describía como “conservador”, una etiqueta que también le ha otorgado el conjunto de la prensa patria. Por ejemplo, el magistrado formuló un voto particular contra el matrimonio homosexual asegurando que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”.

Encarnación Roca Trías, vicepresidenta

Considerada una experta en Derecho de Familia y de tendencia progresista, Roca (Barcelona, 1944) subió a la vicepresidencia al mismo tiempo que González y con un resultado idéntico en la votación del pleno del Constitucional. PP y PSOE también acordaron su ascenso, según La Vanguardia.

Antigua secretaria general y vicerrectora de la Universidad de Barcelona, Roca, que fuera magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo, se unió al Constitucional en 2012 con el patrocinio del PSC.

Una versión resumida de su CV indica que “ha sido la primera mujer catedrática de Derecho Civil, magistrada en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y en la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya”.

Fernando Valdés Dal-Ré, magistrado

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Valdés (Valladolid, 1945) llegó al Constitucional en 2012 propuesto por el Congreso. Según El Confidencial, Valdés, que ha estado vinculado al PSOE, fue quien desatascó la discusión sobre la investidura de Puigdemont, permitiendo llegar a la medida cautelar.

Santiago Martínez-Vares García, magistrado

Tras pasar por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Martínez-Vares (Santander, 1942) fue propuesto por el Consejo General del Poder Judicial y se sumó al Constitucional en 2013, según la web del tribunal. Su currículum indica que “es patrono de la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados” y que colabora con la Fundación FAES, presidida por José María Aznar.

Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado

Xiol (Barcelona, 1946) también ha hecho carrera en el Tribunal Supremo y al igual que Martínez Vares entró en el Constitucional en 2013 patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial. Cuando fue nombrado se le describió como progresista.

Pedro José González-Trevijano Sánchez, magistrado

Catedrático de Derecho Constitucional y antiguo rector de Universidad Rey Juan Carlos, González-Trevijano (Madrid, 1958) fue nombrado a petición del Gobierno en 2013.

Antonio Narváez Rodríguez, magistrado

Antonio Narváez Rodríguez (Badajoz, 1958), que fuera teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, llegó al Constitucional en 2014 respaldado por el Gobierno popular.

Alfredo Montoya Melgar, magistrado

Montoya (Madrid, 1937) está dentro de la nueva hornada de magistrados que entraron el año pasado en el Constitucional. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fue propuesto por el Senado.

Ricardo Enríquez Sancho, magistrado

Enríquez (Madrid, 1944) entró en 2014 en el Constitucional tras la muerte de Francisco José Hernando Santiago. Como magistrado en el Supremo fue ponente en más de 2.500 sentencias.

Cándido Conde-Pumpido Tourón, magistrado

Conde-Pumpido (A Coruña, 1949), fue nombrado magistrado del Constitucional a propuesta del Senado el año pasado. Fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011. 

María Luisa Balaguer Callejón, magistrada

Catedrática de Derecho Constitucional, Balaguer (Almería, 1953) también se sumó al Constitucional en 2017 con el aval del Senado. Ha hecho carrera como abogada y en el ámbito de la educación superior.

Andrés Ollero Tassara, magistrado*

Catedrático de Filosofía del Derecho, Ollero (Sevilla, 1944) también llegó al Constitucional en 2012 a propuesta del Congreso de los Diputados. Fue diputado del Partido Popular durante 17 años y estaba entre los candidatos a presidir el Constitucional junto con González. Es conocido por su postura contraria al aborto.

Ollero no participó en la decisión de suspender cautelarmente la investidura de Puigdemont al encontrarse enfermo.

**NOTA: Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, según indica la propia institución, deben ser “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.

Ser magistrado es incompatible con desempeñar cargos políticos o administrativos, así como otras funciones dentro de la judicatura y la actividad profesional o mercantil. 

Los miembros del Constitucional ejercen durante nueve años y normalmente no pueden ser propuestos para otro periodo inmediato. La composición del tribunal se renueva por tercios cada tres años.

De acuerdo con la Constitución, el Congreso de los Diputados propone a cuatro magistrados y para ello necesita una mayoría de tres quintos de la cámara, el Senado propone a otros cuatro requiriendo el mismo umbral, el Gobierno propone a dos y el Consejo General del Poder Judicial propone a los dos restantes. Su nombramiento recae en el Rey.