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Las pensiones, o la gran palanca electoral de 2018

Manifestante contra la congelación de las pensiones
Un manifestante, la semana pasada, durante las movilizaciones en Madrid en contra de la congelación de las pensiones. Javier Lizón/EFE
  • El Gobierno del PP contaba con una aprobación rápida de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que impidiese el estallido social por las pensiones.
  • El fondo de reserva, constituido hace veinte años, se ha vaciado a toda velocidad desde 2012, cuando el Gobierno optó por recurrir a él para paliar la crisis.
  • El Gobierno pretende desviar el foco de conflicto implicando a la oposición en las próximas medidas que adopte.

Era la foto que nadie quería ver y la sospecha que ningún Gobierno quería ver confirmada: miles de pensionistas manifestándose frente al Congreso de los Diputados, clamando por que sus pensiones se actualizasen.

En términos electorales, es el mayor colectivo de España junto con el funcionariado: unos diez millones de votos que el Partido Popular teme que se le pongan en contra.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, generalmente conocido como "hucha de las pensiones", fue constituido en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar con el fin de poder encarar futuras crisis económicas. Existía, además, un tope del 3% de esa hucha al que el Ejecutivo de turno pudiese acceder. Esto ocurrió por primera vez en 2011, con el gran latigazo de la crisis económica que desencadenó un desfase entre ingresos y gastos a la hora de pagar las pensiones que no ha hecho sino crecer.

Leer más: Las 5 claves para entender el debate sobre el futuro de las pensiones

El año siguiente, el Gobierno de Mariano Rajoy suspendió el tope del 3%, y comenzó un paulatino vaciamiento que ha llevado a un endeudamiento imparable, con la consiguiente incapacidad de actualizar las pensiones acorde al Índice de Precios al Consumo (IPC). En pocos años, será el principal foco de endeudamiento del Estado, que no cuenta aún con una estrategia definida para hacer frente a este escenario.

Este incremento, que este año ha quedado reducido al 0,25% (es decir, el límite legal, muy por debajo del incremento del IPC) ha sido el motivo del estallido de indignación de las últimas semanas, y el principal elemento de presión parlamentaria de los partidos de la oposición.

La cuestión, por tanto, no es ya que el Gobierno dé su brazo a torcer en el corto plazo y sustancie un incremento mayor, sino que la oleada de jubilaciones que se avecina puede resultar insostenible.

Sindicatos y oposición pugnan por que se produzca este incremento, mientras que el Gobierno busca la fórmula para que esto no suponga una merma en el incremento de ingresos que se está produciendo, y que apuntala su discurso político de cara a la opinión pública.

Además, su necesidad de llegar a acuerdos con Ciudadanos y negociar una salida con el Partido Socialista es condición sine qua non para mantener la legislatura (a la que aún le quedan dos años, en teoría) viva. Por todo ello, se prevé que el acuerdo que actualmente se "cocina" en negociaciones privadas se alcance y se sustancie esta primavera.

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