Carles Puigdemont, en una fotografía de archivo.
Carles Puigdemont, en una fotografía de archivo.
Reuters

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha provocado una reacción en cadena en el Supremo. Esta mañana, la Sala de lo Penal ha acordado dar 5 días a Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación popular y defensa de Oriol Junqueras para que presenten alegaciones sobre la resolución. Llarena lo ha imitado.

El magistrado encargado de la causa del procés catalán ha dado el mismo espacio de tiempo a las defensas del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín para que presenten alegaciones sobre la posible "incidencia" de la sentencia europea "en relación a dichos procesados rebeldes".

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El precedente de Junqueras supone una bocanada de aire fresco para Puigdemont y Comín, también eurodiputados, que usarán este dictamen del TJUE en su propio beneficio. Si se confirma que gozaban de inmunidad, ambos líderes independentistas podrían contar con libertad de movimiento, lo que les abriría la puerta a circular por Europa e incluso volver a España.

Dada su hipotética condición de eurodiputado inmune, los políticos independentistas no podrían ser apresados sin autorización expresa de la Eurocámara.

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