España exige reciprocidad al Reino Unido en el trato a los ciudadanos emigrados o tomará medidas con los residentes británicos
- España aprobó en marzo un decreto ley muy detallado para prevenir posibles consecuencias de un Brexit duro.
- Más de 86.000 españoles han solicitado ya la residencia permanente en el Reino Unido.
- Reino Unido contaría con dos categorías: la de estatus residente y la de prerresidente, con menos derechos.
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España exige reciprocidad al Reino Unido en el trato a los ciudadanos emigrados o de lo contrario quitará derechos a los residentes británicos.
Mientras que desde el Gobierno español se legisló de urgencia para blindar los derechos de los 365.967 británicos que residen oficialmente en nuestro país, nada similar ha llegado desde el Reino Unido.
El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha trasladado ya el mensaje al Gobierno de Boris Johnson y ha advertido de que, sin un esquema británico equivalente, el marco español para los residentes británicos decaerá, tal y como cuenta El País.
180.000 españoles residen en el Reino Unido y ya son más de 86.000 los que han solicitado la residencia permanente en el país anglosajón, convirtiéndose en el quinto colectivo europeo más numeroso.
El futuro de estos ciudadanos depende del resultado de la salida del Reino Unido de Europa en las próximas semanas y, pese a que ambos países abogan por proteger los derechos de este colectivo que vive en un limbo desde el referéndum de 2016, la fórmula para darles este cobijo difiere totalmente.
Por un lado, como adelanta El País, Reino Unido ha puesto en marcha un esquema general para todos los ciudadanos de la Unión Europea que congela "los derechos que hoy disfrutan por el paraguas común que proporciona la UE".
Así se conformarían dos categorías: la de residente y la de prerresidente, con menos derechos. A día de hoy solo el 57% de los solicitantes podría adherirse al estatus de residente, casi un 10% menos que las cifras oficiales de hace tan solo unos meses.
Por su parte, España aprobó en marzo un decreto ley muy detallado para prevenir posibles consecuencias de un Brexit duro. Este contempla muy diferentes aspectos que podrían afectar a la vida de los ciudadanos como la convalidación de títulos universitarios, el permiso de trabajo o el carné de conducir.
El Gobierno español exige a Johnson adoptar un esquema similar para proteger los derechos de los españoles residentes ante un divorcio con Europa no amistoso.
En una reunión con el ministro británico para el Brexit Steve Barclay, Borrell advirtió de que los británicos solo mantendrán esas condiciones tan ventajosas de las que disfrutan muchos británicos expatriados solo se mantendrán si son recíprocas.
“Les hemos dicho que nuestro real decreto facilita que todo siga igual en caso de Brexit no pactado. Pero para eso es necesaria la reciprocidad. Y la reciprocidad no se puede garantizar a medias: se da o no se da”, señala en conversación telefónica con El País Luis Marco Aguiriano, secretario de Estado para la UE.
Responsables de ambos países se reunirán de nuevo la primera semana de octubre con el objetivo de alejar al máximo la incertidumbre de un Brexit que, si no hay cambios, se producirá el próximo 31 de octubre.
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