La regulación que entrará en vigor en 2022 considerará los datos personales como un medio de pago: así te afectará como usuario de redes sociales y 'streaming'

Los datos personales serán considerados como un medio de pago a partir de enero de 2022, cuando entra en vigor el Decreto-ley 7/2021, tal y como recoge Emprendedores. 

Según explica el medio, esta ley sustituirá a la general de la defensa de los consumidores y afectará a las personas que mantengan abierta una cuenta en alguna red social o en un servicio de streamingcomo Spotify o Netflix. 

En concreto considerará que existe una relación contractual entre el consumidor y la empresa, lo que implica que el primero tiene derechos. 

Hasta este momento la legislación no contemplaba que el usuario "pudiese tener voz", ya que se trata de servicios gratuitos. 

La fórmula que entrará en vigor permitirá que las personas que se abran una cuenta sin remuneración en cualquiera de las plataformas mencionadas tengan los mismos que aquellos que se deciden por la modalidad de pago. 

No obstante, en el caso de que no se acepte el tratamiento de los datos, las empresas podrá finalizar contrato y dejar de suministrar el servicio. 

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De la misma forma, la regulación digital permite que los usuarios dejen de pagar el servicio en caso de que la empresa no cumple con los servicios acordados, según la misma fuente. Además, podrán mostrar su disconformidad con productos que incluyan elementos digitales hasta 3 años después. 

A pesar de que esta normativa sobre los datos personales supone un avance en los derechos digitales, los expertos consultados por el medio mencionado explican que aún hay margen de mejora. 

Así, la empresa podría solo recoger metadatos de sus usuarios y se podrían definir parámetros para establecer las indemnizaciones.

Este cambio legislativo se produce en un contexto en el que la compraventa de datos personales se ha convertido en un negocio multimillonario que, según explican, está lejos aún de tocar techo, lo que requiere un trabajo incansable de las administraciones para luchar contra los abusos de las empresas.