La crisis de Sánchez ante la "galaxia digital de ultraderecha" reabre un debate urgente y profundo sobre plataformas y desinformación

Hay un falso dilema aquí: ¿es Pedro Sánchez un líder político audaz y temerario o un hombre cansado y enamorado?

Nadie que no sea él mismo lo sabrá. Puede que sea una cosa, la otra, o las dos al mismo tiempo. La única certeza es que la sorpresiva carta que el presidente del Gobierno envió "a la ciudadanía" este miércoles por la tarde a través de X (Twitter) ha dejado a todo el país a pie cambiado. A su gabinete, a su partido, a la oposición, a todos.

Algunas informaciones apuntan a que Sánchez estaba dispuesto a dimitir este mismo miércoles, pero su equipo le convenció para que lo reflexionara durante cinco días. Así será: en esa carta, el presidente del Gobierno emplaza a todo el mundo a una comparecencia que tendrá lugar el lunes 29 de abril en la que aclarará su futuro.

Qué sucederá a partir de entonces es una incógnita. Ya se habla de una cuestión de confianza, una figura que no sería inédita en las Cortes españolas. También de un adelanto electoral, con la duda de si el propio Sánchez volvería o no a encabezar la candidatura socialista.

Ese escenario abocaría al país de nuevo a los colegios electorales. La ley impide que se celebren elecciones generales antes de que haya transcurrido un año desde que se convocaron las anteriores, lo que sucedió el 29 de mayo, un día después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Si se da la circunstancia de que Sánchez dimite, la convocatoria electoral no se produciría hasta ese 29 de mayo, cuando se disolverían Cortes. Entre la disolución de las Cortes y la apertura de urnas tienen que pasar mínimo 54 días, por lo que las elecciones anticipadas podrían ser tan pronto como el 21 de julio.

Todo esto, en mitad de una campaña para las elecciones catalanas que acaba de comenzar —se votará el 12 de mayo— y a las puertas de unas elecciones europeas —el 9 de junio— que serán decisivas.

Pero esto entra en el pantanoso terreno de la especulación y a fin de cuentas solo quedan unas pocas jornadas para conocer el desenlace de este culebrón. Es más fácil centrarse, por tanto, en los hechos que han llevado al presidente del Gobierno a esta situación. Y en ese sentido, Sánchez escribía en su carta un reproche muy explícito:

"Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y del señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias".

Quién y qué se denuncia

Es necesario el contexto. La carta del presidente hacía referencia a una denuncia interpuesta por el "colectivo de funcionarios públicos" Manos Limpias. Se trata de una organización liderada por Miguel Bernad, 82 años, exdirigente del partido Frente Nacional, ya disuelto, heredero de la formación ultraderechista Fuerza Nueva.

Bernad fue absuelto el mes pasado por el Tribunal Supremo de una sentencia que le impuso la Audiencia Nacional: cuatro años de cárcel en una causa en la que se le acusaba de haber extorsionado a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales y campañas de descrédito.

Manos Limpias ha presentado una denuncia en un juzgado madrileño un escrito en el que únicamente señala que "varios diarios digitales y de papel y posteriormente en tertulias televisivas han venido denunciando unos hechos que revisten presuntos caracteres de delito de tráficos de influencias por parte de la denunciada, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno".

Seguidamente, el escrito continúa con una ristra de titulares de informaciones publicadas por medios como El Confidencial, Vozpopuli, Libertad Digital, Esdiario o The Objective. Uno de esos titulares, de hecho, ya ha sido desmentido: se refería a una subvención que recibió una persona llamada igual que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

Así se han convertido los políticos en personajes de cultura pop: "Antes los fans se forraban la carpeta, hoy hunden audiencias o ridiculizan candidatos"

De hecho, el propio Bernad hacía este jueves un curioso descargo de responsabilidad. "Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".

La cobertura de los citados medios se detiene en las relaciones de Begoña Gómez con empresas que recibieron ayudas del Gobierno. Un primer ejemplo es Globalia, propietaria de Air Europa, que fue rescatada por el Ejecutivo: Globalia patrocinaba una fundación del Instituto de Empresa (IE) que Begoña Gómez dirigió hasta 2022.

Pero la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpia sorprende hasta a juristas de reconocido prestigio. Este jueves, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) fue taxativo: si la denuncia "es exclusivamente algo en base a recortes periodísticos, no tendrá recorrido ninguno".

En Twitter y Telegram se multiplican los bulos

Lo cierto es que la desinformación es relevante en esta historia. Este miércoles, apenas horas después de que Sánchez publicara su carta, redes sociales como Twitter se llenaron de bulos.

Por ejemplo, conocidos influencers de extrema derecha comenzaron a contar en redes que los socialistas catalanes iban a suspender su campaña electoral o que "fuentes próximas" al juez instructor avanzaban que Begoña Gómez sería condenada —un juez instructor no condena, instruye—. La agitación digital ya estaba servida.

Son, en síntesis, ejemplos de cómo los discursos de odio o la desinformación son el fruto de aplicar las nuevas tecnologías y las plataformas digitales a la política. La mayoría de estos bulos, antes de recalar en páginas que simulan ser medios, se esparcen en plataformas como Twitter o Telegram.

Sánchez no es su primera víctima. Hace apenas unas semanas se archivó la investigación contra Mónica Oltra, que la obligó a dimitir como vicepresidenta de la Generalitat valenciana. Pablo Iglesias e Irene Montero sufrieron durante meses un escrache a las puertas de su casa, que se convocaba a través de las redes sociales.

El asalto al Capitolio en EEUU o la votación del Brexit en Reino Unido son otros ejemplos inmediatos.

Marcelino Madrigal es informático y especialista en análisis de redes y desinformación. Lleva años analizando las cuentas que propagan estos bulos que en muchas ocasiones acaban replicándose en páginas web que simulan ser medios digitales. Madrigal cree que a este fenómeno hay solución. "Lo podemos mitigar. Lo que no podemos hacer es resignarnos".

Igual piensa Iago Moreno, sociólogo por la Universidad de Cambridge y especializado en redes, desinformación, extrema derecha y comunicación política. Moreno recuerda que las plataformas son "instituciones que acumulan un bastísimo poder social mediando entre medios, instituciones y ciudadanos" y a las que "hasta hace muy poco" no se les exigía ninguna rendición de cuentas.

Madrigal cree que la solución a este problema requiere del concurso de varios actores: "No solo de las tecnológicas y de la gente que legisla, también de los ciudadanos". "Hay un problema y lo estamos viendo estos días: puede desembocar en consecuencias muy graves. Nos estamos jugando el sistema que nos hemos dado, que llamamos democracia".

Efectivamente, hace escasas semanas comenzó a aplicarse en la Unión Europea el nuevo Reglamento de Servicios Digitales, que entre sus propósitos está el obligar a las plataformas a una mayor contundencia en la moderación de sus contenidos. De hecho, ya se está investigando a X bajo ese precepto legal.

"Pero el reglamento está en una fase incipiente de aplicación. La Unión Europea tiene que construir formas de realmente aplicar esta legislación y que las plataformas asuman los nuevos términos del juego. Hasta ahora no ha sido así, sobre todo en el caso de Twitter, donde mentir, difamar, fabricar y esparcir bulos ni siquiera vulnera sus términos y condiciones", lamenta Moreno.

Remarca que el magnate propietario de esta plataforma tiene la idea de que "su estrecha concepción de libertad de expresión va por delante de la libertad de información", y recuerda un bulo reciente: "Un pseudomedio seguido por portavoces de Vox alcanzaba las 391.000 visualizaciones con una noticia que decía que el Gobierno cortaría la financiación a los medicamentos contra el cáncer".

Evidentemente, falsa. "Ese es el nivel".

Es un debate que va mucho más allá del propio Pedro Sánchez

También hace falta contextualizar el concepto de libertad de expresión. Madrigal apunta que la irrupción de las grandes tecnológicas estadounidenses en todo el mundo ha suscitado debates entre el concepto estadounidense de libertad de expresión frente al concepto europeo. "Es ahí donde más se ha dado una colonización".

Mientras que en EEUU el derecho a la libertad de expresión es prácticamente absoluto, "todo vale menos una amenaza física o directa", en Europa sí hay una protección "a colectivos que han sido históricamente marginados o perseguidos". "Nuestra propia Constitución regula la libertad de expresión en el artículo 20 hablando de los límites que tiene": honor, intimidad...

Por supuesto, las plataformas no son únicas responsables de la situación de crispación política que tanto a nivel global como a nivel nacional se prolonga. Son solo una pata del tablero. Las otras son "los tabloides que están aprovechando Madrid como laboratorio de la derecha que riega a granjas de contenido difamatorio", recuerda Iago Moreno, y los fabricantes de desinformación.

Los medios de comunicación también juegan una parte importante. "La legislación europea de plataformas digitales es pionera, cabe ser más exigentes pero ser conscientes de hasta donde se ha llegado", asevera Moreno. "Hay que dar los recursos para activar una serie de anticuerpos básicos que de facto convertirá el grueso de las operaciones en redes en ilegales".

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"Pero una parte muy importante de esas operaciones hay que investigarlas, colaborar con las instituciones, con la sociedad civil. Los medios tienen un papel importante abriendo espacios de divulgación (...)", enfatiza.

"De la misma manera que este país convivió con la corrupción política y empresarial sabiendo que eso existía sin convertirlo en un elemento central del debate público, hoy somos muchos los que llevamos años investigando esto, hablando de este tema, y son debates que no se han valorado hasta que no se han alcanzado determinadas cotas".

En síntesis, Moreno apunta a que es "un entramado bastante establecido" y el primer paso será "visibilizarlo". En ese sentido, Madrigal incide en que la desinformación en España parte de un grupo de personas "muy claro": "No deja de ser un absurdo que en esta legislatura encontremos a personas en el Congreso haciéndole preguntas a diputados. Lo que hacen no es periodismo".

"Ahí se ha perdido la frontera", insiste el informático: "Antes los abuelos decían que algo era verdad porque lo habían visto en la tele. Ahora todo puede ser publicado, incluso por una IA".

Pero sobre todo, el papel relevante lo tiene que adoptar la sociedad civil "que investiga y de forma activista se moviliza". "Hay que ser capaces de evitar que esto se convierta en un debate partidista. Si esto se convierte en una cosa de Sánchez contra la derecha, nunca se sutura la idea de fondo".

"Es una cuestión de cómo actualizar los principios básicos de la democracia ante una era de desigualdades digitales". "Esta misma vulnerabilidad que se expresa hoy ante determinados entramados domésticos mañana servirá para la injerencia de potencias extranjeras".