Prisión provisional sin fianza para el cabecilla de una presunta estafa piramidal con criptomonedas con casi 4.000 afectados

Una persona con la cara oculta muestra un bitcoin.

Pixabay

  • El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para Javier Biosca por varios delitos relacionados con una presunta estafa piramidal con criptomonedas. La querellante, Emilia Zaballos, estima que puede haber casi 4.000 afectados y que la deuda podría ser de varios miles de millones de euros.
  • Este medio ha hablado con Zaballos (presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas) y, con sus declaraciones y la propia querella, reconstruye los hechos, desde que Biosca empezó a invertir en bitcoin hasta su huida.
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Sería extraño que Netflix o Amazon Prime no se interesaran por la historia de Javier Biosca. Si así fuera, el último capítulo terminaría con el ingreso en prisión del cabecilla de la trama. Sería complicado no ceder a la tentación de dejar que saltara el siguiente. El problema es que no lo hay. La realidad escribirá el guion de este relato, cuyo protagonista empezó invirtiendo en bitcoin lo que sacó de empeñar las joyas de su madre y terminó huido de la justicia como líder de una presunta estafa piramidal con criptomonedas

La querella criminal, a la que ha tenido acceso Business Insider España, apunta como posibles delitos de Biosca los de “asociación ilícita, intrusismo, delito continuado de estafa, apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, falsedad en documento público, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios y encubrimiento”. Fue admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el pasado 4 de mayo de 2021. En el auto, se asegura que “no está descartada la posible existencia de una estructura criminal” y que hay “una serie de elementos que determinan prima facie la presencia de una multiplicidad de perjudicados y de provincias afectadas”. 

Así llegó Javier Biosca a dirigir una presunta estructura criminal dedicada a la estafa con criptomonedas

Tirando de flashback, hay que irse a 2019 para conocer el inicio de la trama. El texto de la querella relata los hechos. La abogada Emilia Zaballos, socia directora de Zaballos Abogados y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, completa la crónica en conversación telefónica con este medio.  

La querella se dirige contra Javier Biosca Rodríguez; su mujer, Paloma Gallardo Leal, y su hijo, Sergio Biosca Gallardo, así como a la sociedad mercantil Algorithmics Group Ltd (constituida en Londres). En ella se afirma que, en 2019, el señor Biosca y los familiares antedichos comenzaron “un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas, especialmente en bitcoin. Se presentaba como bróker, pese a no constar su inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sin cumplir ninguno de los requisitos que se requiere para tal actividad”. 

El primer contacto que tuvo Biosca con las divisas digitales, puntualiza la abogada, es “invertir en bitcoin el dinero que le da su madre después de empeñar sus joyas. Con eso empieza a jugar”. Después –volviendo a la querella–, contacta con unos cuantos inversores, que le dieron una cantidad inicial y Biosca la invirtió garantizando un beneficio de entre un 20% y un 25% semanal (aunque a partir de enero de 2020 bajaría al 8% o 10%). Con todos sus clientes formalizaba contratos y, cada semana, les escribía un WhatsApp en el que indicaba los beneficios obtenidos esa semana y les daba la opción de recuperarlos o reinvertirlos. Si optaban por la primera opción, les hacía una transferencia bancaria. 

Llegó fácilmente a tener 30 o 40 clientes, subrayan en la querella. Contentos con el rendimiento, comenzó el boca a boca y, en poco tiempo, eran ya casi 500 los inversionistas. Todos ellos captados por el propio Biosca o por alguno de sus intermediarios, a los que les daba una comisión.

“Se traslada a una mansión a Marbella que cuesta 15.000 euros al mes y paga un año por adelantado”

Por medio de una mujer, que hace de mediadora (“e incluso le consigue un guardaespaldas”, anota Zaballos), alquila una mansión en Marbella (abandonando su domicilio en Fuensalida –Toledo–), cuya renta ascendía a 15.000 euros al mes. Biosca paga un año por adelantado, es decir, 180.000 euros. Elige este lugar, se argumenta en el texto, “por ser un punto perfecto para la captación de grandes clientes para su negocio”.

Con el inicio de la pandemia llegan los primeros impagos, que duran aproximadamente un mes y medio. Posteriormente, retoma sus obligaciones y envía un mensaje a los inversores, que se reproduce en la querella: “Ante el gran número de inversionistas, deben disculparme, pero debía hacer gestiones de readaptación de los sistemas organizativos y de expansión del negocio para poder dar mejor gestión a la cartera de inversión y su rentabilidad en beneficio de todos”. 

A todos, comenta Zaballos, “les dijo que había conseguido, ilegalmente, un bot de Amancio Ortega, que daba instrucciones de compra y venta. Y que tenía a 5 ingenieros (que no se conocían entre ellos) trabajando para él. Así les convence de que obtiene una rentabilidad del 34% o 37% semanal y que, por tanto, puede pagarles el 25%”.

Los inversores ven que los beneficios de ese mes y medio han sido reinvertidos y que, por lo tanto, acumulan mucho más dinero del que tenían antes del parón. Biosca vuelve a ganarse su confianza. 

“Tras la ‘Fiesta del Bitcoin’ tiene más de 3.000 clientes”

Su fama no cesa de crecer. El punto de inflexión, se expone en el documento, llega con la ‘Fiesta del Bitcoin’. En este evento lleno “de glamour termina por convencer a los escépticos y, tras su celebración, ya gestiona un fondo de más de 3.000 clientes”. Consigue llegar, indican en la querella, “a grandes inversores que ponen en sus manos varios millones de euros cada uno. El capital y los clientes crecen, pero la infraestructura no”. Solamente, detallan, “contrata a una chica que había conocido porque trabajaba de camarera en un restaurante del que Biosca era asiduo”.

El perfil de los inversores, destaca la abogada, es “un 3 % que superan los 500.000 euros de capital inicial, un 2 % entre 1,5 y 2 millones de euros, y el 95 % restante con cantidades más pequeñas: desde 1.000 euros hasta 50.000”. Entre sus clientes, continúa Zaballos, "hay de todo: policías, jueces, inspectores de Hacienda, notarios, abogados, personal de vigilancia, empleadas domésticas...”. Se ha demostrado, resalta la querella, “que algunos de ellos, animados por el señor Biosca, llegaron a pedir préstamos personales o hipotecaron su piso para invertir en bitcoin”. 

Con el crecimiento del negocio, comienzan a sucederse errores en los pagos, debido al enorme volumen de trabajo. Esto relatan los querellantes, “pone nerviosos a los inversionistas, pero, sobre todo, a los intermediarios. Varios de ellos van a casa de Biosca y comprueban que el sistema de control es inexistente. Este les pide ayuda, puesto que está colapsado, y se la dan”. 

“Huye a Guinea-Bisáu y deja en España a su mujer y a su hijo”

Pero sirve de poco, puesto que, a finales de octubre, vuelve a haber problemas con los pagos y, “a partir de diciembre de 2020, deja de pagar totalmente y de dar señales de vida”. Es entonces cuando, “junto con un grupo de apoyo y de confianza –en el que no estaban su mujer y su hijo– se marcha en un jet privado a Guinea-Bisáu. Incluso desde el aeropuerto envía un mensaje de voz (que se adjunta en la querella) a su mujer y a su hijo indicándoles que se lo reenviaran a los clientes cuando él se hubiera marchado: en el mismo les pide tranquilidad”.  

Con los pocos que conecta, prosigue la querella, “les manifiesta que quiere comprar un banco en Guinea-Bisáu (también se aneja la escritura de la sociedad constituida con este fin en ese país). Algo que antes había intentado sin éxito en Sevilla”. De las personas que con él se marcharon, casi todas han ido regresando a España, “y son las que han contado la situación allí vivida (hoteles de lujo, seguridad puesta por el Gobierno local...)”, y que después se cuenta en la querella. 

Mientras tanto, en Marbella, su mujer y su hijo, “alquilan una casa más barata a nombre de terceros, que se prestan a hacerlo a petición de Javier Biosca”. Ambos, expone el texto, “niegan que tengan relación con él, pero el 31 de diciembre la mujer le envió un mail diciendo que todo estaba controlado”. También hacen ver que su situación económica es crítica, lo que también rechazan los querellantes, ya que “Paloma tenía acceso a toda las wallets con grandes cantidades de bitcoin, así como una gran inversión en joyas de todo tipo. Es evidente que todo era una simulación para aparentar la no relación con la causa”. El tiempo pasa y, el 11 de mayo de 2021, cuenta la abogada, “lo ponen en búsqueda y captura”.

Detenido en Málaga y prisión provisional sin fianza

Y, después de esta larga mirada atrás, de vuelta en el presente la noticia es que Javier Biosca fue detenido, el pasado 7 de junio de 2021 en Torrox (Málaga). “Un éxito”, apunta Emilia Zaballos a Business Insider España. El 8 de junio pasó a disposición judicial y el juez Santiago Pedraz decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para Javier Biosca.

La abogada estima que el volumen total de afectados rondaría fácilmente los 4.000 y que la deuda podría ser de varios miles de millones de euros. Anima a todo el mundo a unirse a la querella presentada por la Asociación que preside, en la que, de momento, hay personadas unas 600 personas que invirtieron alrededor de 280 millones de euros. 

Zaballos explica que hace 27 años crearon la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. Cuando en esa asociación, anota la letrada, “detectamos una vulneración de un derecho constitucional, nos organizamos en asociaciones, creamos grupos de presión y les damos voz. Ahora buscamos que se regule todo el tema de las criptomonedas y estamos creando una comisión para que estén todos los partidos unidos, que esto se regule y se creen tribunales especiales. Por eso hacemos la Asociación de Afectados, que tiene detrás a la Fundación”.

Afirma que la CNMV califica al negocio de Javier Biosca como “un chiringuito financiero. El Banco de España también lo sabía y tampoco hacen nada. En la abogacía, por ejemplo, hay delito de intrusismo, pero aquí, como no está regulado, pues no pasa nada. Es un nicho enorme de blanqueo de capitales, por la falta de control que ahí”.

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