Así es el nuevo proceso de evaluación de desempeño que tendrán que realizar los funcionarios en 2024

La subida de sueldo no es la única novedad que se da por segura para los funcionarios en España en 2024. El próximo año también habrá cambios relacionados con el acceso a los puestos de la Función Pública para los que serán nuevos funcionarios y con unas pruebas o evaluación de desempeño para quienes ya ocupan una posición en la misma.

De hecho, ya están en vigor desde los últimos días de 2023: estas reformas de la Función Pública se encuentran reguladas en el Real Decreto-ley 6/2023, 'por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo'.

Este, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes 19, se encuentra en vigor desde el jueves, 21 de diciembre de 2023 y cumple con varios compromisos con la Unión Europea que están recogidos en el Plan de Recuperación.

La norma incluye "una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos o la regulación de la evaluación del desempeño" en la Administración General del Estado, así como "cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia", informa el Gobierno en un comunicado.

"Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados", añade.

Así, se busca "basar las evaluaciones en las competencias y habilidades y la profesionalización de los órganos de selección, con mayor formación en ámbitos como técnicas de selección por competencias, en igualdad de género y en atención a la diversidad para quienes compongan los tribunales".

Qué es la evaluación de desempeño en el sector público: cómo se realiza y consecuencias para los funcionarios

La nueva evaluación del desempeño obligatoria que se realizará a los funcionarios en España en 2024 —ya en vigor desde finales de 2023— es un "procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal" cada año, con el objetivo de conseguir un aumento de la productividad que "redunde en una mejor prestación del servicio público", explica el Gobierno.

Si bien no hay una mención expresa a cómo serán las nuevas pruebas de los funcionarios en concreto, la ley sí establece los objetivos que se deben cumplir, los criterios y principios que han de seguirse y sus efectos o consecuencias tanto si se superan como si no. 

"Reglamentariamente se determinará el modelo general y el procedimiento para la evaluación del desempeño en la Administración del Estado, de acuerdo con los fines fijados en el artículo 116.2 [consecución de objetivos, implicación de las personas, fomento del trabajo en equipo, desarrollo profesional...], fundamentado en el cumplimiento de objetivos de cumplimiento de carácter colectivo e individual", recoge el real decreto ley.

Además, la evaluación "partirá de la planificación estratégica y tendrá en cuenta los recursos, objetivos y resultados de cada unidad o centro directivo como marco de valoración objetiva y objetivable"; los modelos serán "transparentes y participados" —desde la objetividad, imparcialidad y no discriminación— y conforme a criterios de planificación, participación, fiabilidad, mejora continua y mensurabilidad de los objetivos y revisión del resultado.

"La conducta profesional se valorará conforme al código de conducta" de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público —"se presumirá positiva salvo valoración negativa expresa y motivada"—, se tendrán en cuenta "las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad" y se crearán comisiones de seguimiento reguladas, apunta la ley.

Consensuadas con los sindicatos, estas evaluaciones o pruebas "se plantean en positivo" y "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen", aclara el Gobierno.

Sin embargo, sí hay efectos o consecuencias si una persona funcionaria obtiene un resultado satisfactorio o no. Así, los resultados de la evaluación del desempeño de los funcionarios tendrán efectos económicos y de otros tipos, en los siguientes apartados: 

• Percepción de retribuciones complementarias de carácter variable.
• Progresión en la carrera profesional.
• Criterios para la provisión de puestos de trabajo.
• Continuidad en el puesto de trabajo.
• Valoración de las necesidades formativas, incentivando la participación voluntaria.

De esta forma, una persona funcionaria que presente un desempeño negativo ("no satisfactorio") en los resultados podría ver cómo le ofrecen medidas de formación para mejorarlo.

Por el contrario, un funcionario con resultados positivos que supere la evaluación recibirá "beneficios directos en distintas variables", entre las que destaca la remuneración del complemento de desempeño (sustituye al de productividad), y estos serán tenidos en cuenta "en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal" (una forma de mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo).

"Para que un modelo de evaluación del desempeño entre en funcionamiento y produzca efectos en los términos previstos por este real decreto-ley será preciso que los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes implementen, con carácter previo y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica", apunta el real decreto ley.

"Sin perjuicio de lo anterior y, en todo caso, en aras del perfeccionamiento del modelo y de la formación del personal, una vez validado el mismo por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación", aclara.