Sánchez tiene 2 meses para atar los apoyos necesarios en el Congreso y evitar elecciones en enero: estos son sus principales obstáculos

Como se esperaba, Alberto Núñez Feijóo también fracasó este viernes 29 de septiembre en su segundo intento por salir investido presidente del Gobierno del Congreso de los Diputados.

El pasado miércoles 27 se celebró la primera votación, en la que el líder popular necesitaba sumar una mayoría absoluta. Llegó a la Cámara Baja con los apoyos amarrados de 172 diputados. La mayoría absoluta en el Congreso es de 176 escaños, con lo que al PP (137) el apoyo de Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1) no le fue suficiente.

Este viernes, como prevé la Constitución, se celebró la segunda votación. En esta Feijóo solo necesitaba una mayoría simple, más síes que noes por parte del Parlamento. Tampoco lo ha logrado: su programa de Gobierno ha sido rechazado por el PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (6), EH Bildu (6), el PNV (5) y el BNG (1). 177 votos, una mayoría absoluta, pero en contra. Pudieron ser 178, como en la primera votación, pero una equivocación de un diputado de Junts acabó como voto nulo.

¿Y ahora qué? El mismo artículo 99 de la Constitución estipula que ahora "se tramitarán las sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores", es decir: el rey ahora abrirá una nueva ronda de consultas y tras departir con los líderes de los grupos parlamentarios tendrá que proponer a un nuevo candidato para la próxima sesión de investidura.

El hecho de que la primera opción del monarca fuese Feijóo fue fruto de una deliberación difícil por parte de la Casa Real. El principal argumento que se desprende de la elección es que el popular había sido el candidato de la lista más votada en las pasadas generales del 23J.

Ahora es Pedro Sánchez quien, presumiblemente, tendrá que acudir a la Cámara esta vez como candidato a una sesión de investidura. 

Lo tendrá que hacer con un reloj en marcha: la Constitución también detalla que el rey disolverá el Congreso y el Senado y convocará nuevas elecciones con el refrendo de la presidenta del Congreso "si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura" ningún candidato haya logrado ser investido.

En otras palabras: si la primera votación de investidura fue el pasado miércoles 27 de septiembre, Sánchez tendrá el 27 de noviembre como fecha límite para ganarse la confianza de la Cámara y reunir los suficientes apoyos para ser investido presidente del Gobierno para la XV legislatura.

De lo contrario, habrá repetición electoral. Las elecciones se celebrarían el próximo 14 de enero de 2024.

Muchas preguntas abiertas. ¿Lo conseguirá? ¿Qué opciones tiene? Esta es la situación actual.

Las negociaciones de Sánchez todavía no han comenzado pero ya marcan la agenda con una sola palabra: amnistía

Las negociaciones con las formaciones independentistas catalanas y, en especial, con Junts, el partido de Carles Puigdemont, han marcado la conversación pública en los últimos días previos al debate de investidura de Feijóo. Tanto, que parecía que quien se presentaba al mismo no era el líder popular sino el propio presidente del Ejecutivo en funciones.

Algunos barones populares, como el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, insistieron la semana pasada en la idea de que la situación podría desencallarse en caso de que algunos diputados socialistas hubieran votado a favor de Feijóo, rompiendo la disciplina de voto de su organización, en las votaciones de esta semana.

Estas son las condiciones que ponen los partidos independentistas y los nacionalistas para la investidura del próximo presidente del Gobierno

El origen de toda esta crispación es la posibilidad de que los socialistas finalmente cedan a la idea que planteó sobre la mesa el propio Puigdemont desde Bruselas: una amnistía para los encausados por el procés, como él, que desde hace ya más de 5 años vive fuera de España por temor a las represalias judiciales.

El mayor gesto de Sánchez sobre este tema se dio hace unos días en la Asamblea de la ONU, en Nueva York. En una comparecencia de prensa, el presidente reconoció que sería "coherente con lo hecho". "Y ya estoy diciendo mucho", zanjó, para al poco después opinar que el procés "nunca debió derivar en una acción judicial", ya que era un "conflicto político".

Esas palabras se produjeron poco después de que uno de los líderes de ERC, Oriol Junqueras, diese por hecho el acuerdo con Junts. Los socialistas negaron la mayor, pero aunque el entorno de Sánchez ha negado mover ficha —el PSOE estaba esperando primero al fracaso de Feijóo— ya se han mantenido conversaciones con otros potenciales socios, como el PNV.

Podemos habla con voz propia y Sumar tampoco se lo pondrá todo lo fácil a Sánchez que cabía esperar

La coalición que se presuponía se lo pondría más fácil a Sánchez, Sumar, lleva aguas revueltas. El movimiento ciudadano-partido instrumental-coalición electoral tiene varias almas y Podemos ya está haciendo sonar su tambor, después de que la semana pasada la formación morada compartiese sus condiciones para investir a Sánchez para un segundo Gobierno de coalición.

Entre esas propuestas se recogían iniciativas como congelar los alquileres y una moratoria estatal de los alojamientos turísticos, mantener la gratuidad del Cercanías y la Media Distancia, rebajar el resto del transporte público un 80%, derogar la ley mordaza, renovar el CGPJ, subir el salario mínimo a los 1.500 euros o "seguir avanzando en derechos feministas y LGTBI con Irene Montero".

La ausencia de la actual ministra de Igualdad en funciones de las listas electorales de Sumar fue el culebrón previo a la campaña del 23J. Finalmente Podemos accedió a ir en las listas con el resto de fuerzas que integran Sumar (Más País, Compromís, IU, y el partido instrumental de Yolanda Díaz, entre otras) pagando el precio de que Montero no apareciera en las papeletas.

Sin embargo, aquel debate se cerró en falso y aunque la ministra acusa el desgaste mediático y político de las consecuencias indeseadas de la ley del solo sí es sí, Podemos quiere hacer valer a su todavía ministra en las conversaciones de investidura.

Por si fuera poco, Alberto Garzón, también ministro en funciones, se pronunció sobre el espacio político del que forma parte ahora su organización, IU. Garzón, que anunció antes del 23J que se retiraba de la primera línea política, pidió a finales de la semana pasada mejorar los instrumentos de coordinación de la coalición para que el partido Sumar fuese solo "un partido más" en la misma.

La idea de que Garzón pida configurar un "frente amplio de izquierdas" puede ser audaz, pero el riesgo de que exista una repetición electoral el próximo 14 de enero es grande. La generosidad para configurar una segunda candidatura no sería tan amplia como la que quisieron mostrar los partidos de este espectro de cara a las generales del pasado mes de julio.

Unas negociaciones de infarto y una legislatura que si prospera será de todo menos tranquila

Con estos mimbres, Sánchez tiene todavía que comenzar a negociar. Tiene 2 meses desde ahora para lograr atar los apoyos suficientes —una mayoría absoluta o, al menos, una simple— que pasa, sí o sí, por seducir a fuerzas como ERC y sobre todo Junts.

Que se diese el mejor de los escenarios para Sánchez no garantizaría una ni siquiera una legislatura estable. La amnistía no será una cosa que exista desde el momento en el que Sánchez sea investido: el Gobierno tendrá que buscar el encaje legal adecuado —hay un profundo debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de la medida— y es previsible que cuando exista lleguen los recursos.

Todo ello si es que llega a existir durante, al menos, la primera mitad de la legislatura. Queda mucho por negociar y mientras se atan los compromisos, el PSOE de Sánchez tiene que lidiar con las opiniones de sus antiguos primeros espadas —Felipe González o Alfonso Guerra están radicalmente en contra de la amnistía, y Nicolás Redondo fue recientemente expulsado del partido—.

Si Sánchez acaba aceptando una amnistía —habrá que ver en qué términos y si estos convencen a Junts—, la mayoría progresista con la que el Ejecutivo legisló durante la legislatura pasada será mucho más difícil de reunir. No solo eso, también será de esperar que la oposición presente recursos ante el Constitucional.

Y si acaba aceptando una amnistía pero esta no llega ni en los términos ni en los tiempos que Junts esperaba tampoco sería descartable una moción de censura fructuosa para los populares o incluso un adelanto electoral. Cada año hay que negociar una norma imprescindible en la democracia española, los presupuestos generales del Estado.

La última vez que Sánchez no logró sacar adelante unos presupuestos se pusieron las urnas.