Competencia pide rigor en los criterios con los que la ley de ciberseguridad 5G podría vetar a empresas por cómo afectaría al mercado

Empresas chinas como Huawei han sido vetadas del despliegue 5G de algunos países. Eso no ha ocurrido en España, pero con el anteproyecto de ley de ciberseguridad 5G sobre la mesa podría llegar a suceder. Por ello, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha pedido en un informe que las condiciones por las que eso pueda darse sean lo más rigurosas posibles.

Tanto en un comunicado que elevó este miércoles como en el propio informe, Competencia recuerda que la norma, en periodo de valoración pública, incluye medidas "que pueden llegar a prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo por el Gobierno".

Entre los criterios por los que el Gobierno podrá designar a un operador "de alto riesgo" se cuentan con aspectos "técnicos y geopolíticos" que puedan impactar en la ciberseguridad de las redes españolas, "como su nivel de exposición a injerencias de terceros países". Pero Competencia recuerda que esas medidas también pueden "alterar las condiciones de competencia" del mercado.

Esa es la razón fundamental por la que la CNMC que dirige Cani Fernández aconseja incluir "criterios de valoración de las obligaciones de seguridad" pero siempre "con respecto a su afectación a la competencia".

El articulado del anteproyecto de ley contempla medidas que pueden prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores, y por otro puede obligar a diversificar el número de suministradores de una red. Tanto de una forma como de la otra, estas medidas "pueden alterar las condiciones de competencia".

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Por eso mismo, Competencia enfatiza en su informe que la aplicación de dichas medidas "por razones de seguridad" se deberán estudiar y analizar "rigurosamente", de tal manera que la competencia sea uno de los factores y criterios "a sopesar" a la hora de mitigar riesgos. "En especial respecto al perfil de riesgo de los suministradores, por su capacidad de excluir a agentes del mercado".

"Esta posible pérdida de competencia en el mercado, derivada de un menor número de agentes, podría reducir los incentivos a la innovación, y aumentar el coste de prestación de servicios y la reducción de la calidad, afectando negativamente a los operadores y usuarios de servicios 5G", señala la CNMC.

De hecho, es el propio anteproyecto de ley en la memoria con la que analiza cómo impactaría la norma, así como la propia CNMC, las que recuerdan que los principales suministradores de redes 5G en la actualidad son "las empresas europeas Ericsson y Nokia" y las chinas "Huawei y ZTE".

En síntesis, Competencia valora de forma positiva el anteproyecto de ley porque "refuerza la seguridad de las redes basadas en tecnología 5G y, por tanto, de los nuevos servicios que serán prestados por estas redes y fundamentarán la transformación digital en múltiple sectores económicos y servicios esenciales para la sociedad".

Pero la misma entidad cree pertinente modificar algunas partes de su articulado, tanto para aclarar las definiciones y el ámbito de los requisitos de seguridad y así "incluir la delimitación explícita de operadores a los que sería de aplicación la norma" o la inclusión de criterios que valoren "todos los riesgos", como la distorsión en el mercado, al plantear el veto a un operador.

Competencia también propone revisar el régimen sancionador del anteproyecto "para que sea más detallado y sistemático".