España inicia un expediente sancionador contra webs con publicidad de prostitución: puede imponer multas de 100.000 euros o el cierre permanente

El Ministerio de Consumo español ha incoado un expediente sancionador a "varias empresas" por mantener cientos de anuncios sobre servicios de prostitución en sus sitios webs, a pesar de estar prohibido por ley.

Una vez dado este primer paso, del que informa en un comunicado este miércoles 18, empieza ahora el periodo para la instrucción del expediente definitivo y la resolución por parte del ministerio. Las sanciones podrían suponer multas de más de 100.000 euros y hasta el cierre permanente de los portales online.

El inicio del expediente llega tras una investigación de Dirección General de Consumo, que ha examinado más de 400 anuncios sobre prostitución y registrado 5.600 datos. 

En ellos ha descubierto que "el 99,5% de los spots analizados contaban con fotografías de contenido sexual, el 57% hacía referencias directas al cuerpo de quien publicita sus servicios y el 62,5% usaba en el texto del anuncio adjetivos con contenido sexual", apunta el ministerio.

Además, la investigación ha revelado que "los anuncios se presentaban en su mayoría como escort [acompañante], con la intención de intentar sortear la legislación vigente" (el término ha aparecido en el 90% de los portales analizados), y también "'conexiones' entre las principales webs que publican prostitución en Internet", hasta el punto de que una tercera parte de las investigadas "pertenecen a la misma empresa publicitaria".

Todo ello a pesar de "la advertencia que el Gobierno les remitió en el mes de julio para que retirasen este contenido 'de forma inminente'" y de tratarse de anuncios ilegales.

La publicidad de servicios de prostitución —así como de servicios  de escort, acompañante o masajista y otros contenidos relacionados, pero también si utiliza "estereotipos de género" que fomenten la violencia sexual contra la mujer o que la presente "de forma vejatoria"— está prohibida en España por la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

La prostitución y la publicidad sobre esta también están en la mira de la Unión Europea, que en septiembre ha lanzado una resolución "sobre la regulación de la prostitución en la Unión: repercusiones transfronterizas y consecuencias en la igualdad de género y los derechos de las mujeres".

En ella advierte de que "la prostitución no es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero, sino que se trata de un sistema organizado con fines lucrativos, un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano que funciona como un negocio y crea un mercado, en el que los proxenetas planifican y actúan para asegurar y aumentar sus mercados y en el que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental para incentivarlos".

Además, insta a los Estados miembros a que adopten "medidas urgentes para hacer frente a la publicidad en línea y la facilitación de contactos que fomenten directa o indirectamente la prostitución o busquen atraer compradores, con el fin de prevenir la explotación de la prostitución ajena también en línea" y "la explotación sexual de menores" por parte de los denominados sugar daddies.

El Parlamento Europeo también pide a los países de la UE que castiguen como infracción penal "el hecho de solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración" o contrapartida, y "la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con el consentimiento de la misma".

Finalmente, solicita medidas relacionadas con el mundo de la prostitución y sus causas y consecuencias, como la prevención y la reducción de la demanda, "el castigo de los clientes", la "desestigmatización" y "despenalización" de las mujeres que ejercen la prostitución, el desarrollo de "programas y vías de salida" y que "las personas que ejercen la prostitución participen activamente en la formulación de políticas que atañen a sus derechos", entre otras.