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Los empresarios y sindicatos pasan a la acción y acuerdan medidas extraordinarias para aliviar el impacto económico del coronavirus

Una mujer con mascarilla por el coronavirus en un aeropuerto.
Reuters

  • Los empresarios y los sindicatos mayoritarios acuerdan medidas extraordinarias para aliviar el impacto del coronavirus. 
  • Los agentes sociales instan al Gobierno a que se aprueben vía Real Decreto-Ley de carácter temporal y excepcional. 
  • CEOE, Cepyme, UGT y CCOO piden que se aborden una nueva regulación de los ERTE, los expedientes de regulación de empleo temporales que pueden ocurrir si a una fábrica dejan de llegarle materiales y se queda sin stock, para que se simplifiquen procedimientos. 
  • También piden proteger a los trabajadores fijos discontinuos, atender el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad junto con facilitar el teletrabajo. 
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Los empresarios y los sindicatos mayoritarios se han alineado para hacer frente a la crisis del coronavirus. En un comunicado conjunto, la patronal de grandes empresas, CEOE, y la de pequeñas compañías, Cepyme, junto con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han acordado medidas extraordinarias para aliviar el impacto del coronavirus e instan al Gobierno a que se aprueben vía Real Decreto-Ley de carácter temporal y excepcional. 

Unas peticiones que hacen antes de la reunión que tiene lugar esta tarde entre el Gobierno y los agentes sociales para analizar las medidas económicas que se deben tomar en esta crisis. 

Los agentes sociales piden que se aborden una nueva regulación de los ERTE, los expedientes de regulación de empleo temporales que pueden ocurrir en esta situación si a una fábrica, por ejemplo, dejan de llegarle materiales y se queda sin stock. En este sentido, piden que se simplifiquen los procedimientos para aprobarlos y que se acorten los plazos de resolución dentro de la necesaria necesidad jurídica. 

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Los empresarios y sindicatos consideran que debido a las medidas adoptadas por las administraciones, que han conllevado el cierre de colegios, la cancelación de actividades o han restringido la movilidad de las personas, se pueden justificar los ERTE por causa mayor. 

Asimismo, los agentes sociales consideran "imprescindible" contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia, así como que los periodos de desempleo que se consuman durante esta supensión no cuenten para futuras prestaciones de desempleo.  Además, piden que ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas.

El resto de medidas que proponen son las siguientes: 

  • Proteger a los trabajadores fijos discontinuos, que se vean afectados en su empleo o en su expectativa de empleo deben adquirir garantías de su derecho a acceder a las prestaciones por desempleo sin exigir periodo de carencia, garantizando el contador a cero.
  • Atender el cierre de centros escolares centros de día y las restricciones de movilidad. Para los casos en que las medidas previstas legal o convencionalmente resulten insuficientes deben regularse de manera precisa las vías que posibiliten la atención de los cuidados de hijos y mayores (familiares de primer grado) en las situaciones descritas ya sea a través de la formulación de nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de la relación laboral cuyos costes, incluidas las cotizaciones, correrán a cargo del citado fondo de ayudas extraordinarias garantizando el ejercicio corresponsable.
  • Facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida, con carácter excepcional, la obligación que tienen las empresas de evaluar los riesgos para poder ejercer el mismo. 

En el mismo comunicado conjunto, señalan que se requieren "recursos extraordinarios" que permitan que se haga el menor daño posible a las empresas y trabajadores con el fin de "proteger el empleo y la actividad económica". 

"Estos fondos adicionales no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público que se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobados en las Cortes a través del techo de gasto para 2020 y 2021", apuntan. 

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