La despoblación, uno de los grandes argumentos para descentralizar el Estado, pasa a segundo plano en la búsqueda de sede para la Agencia de Supervisión de la IA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proceso para designar la nueva sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Este nuevo organismo será el primero en acogerse al decreto de este año que fomenta la descentralización de las sedes del sector público, según destacan fuentes del Gobierno.

El decreto, de marzo de este año, no se había puesto en práctica hasta ahora. El acuerdo de hoy da el pistoletazo de salida para que la Comisión consultiva de la que forman parte nueve ministerios y que creó el decreto de marzo estipule los criterios que debe reunir la futura sede de la AESIA. Para determinar esos criterios, dicha Comisión tiene el plazo de un mes desde este martes 13.

En el preámbulo de ese decreto se destacaba que "los criterios que se considerarán en la elección incluirán, entre otros, la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación".

De hecho, no es la única vez que el término "despoblación" aparece en el texto. Aunque la decisión final sobre la designación de sede la tendrá el Consejo de Ministros, los criterios de la Comisión consultiva contemplan su contribución "a luchar contra el fenómeno de la despoblación".

Para ello, la Comisión consultiva podrá tomar en consideración como factor clave "la tendencia demográfica de las distintas regiones que puedan albergar a cada entidad pública". Sin embargo, según avanzó El País este lunes, este criterio no será prioritario en la preselección de las futuras sedes de la AESIA.

"No se primará la tendencia demográfica de las autonomías que se postulen, sino su pujanza tecnológica", apunta el mismo diario, que accedió a la memoria que se va a aprobar hoy, en la que ya se describe como conveniente "una fijación previa de la sede [de la Agencia] para adecuar el escenario a los requerimientos técnicos, materiales y de personal".

La propia ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No todas las sedes son iguales, no todos los organismos son iguales. En el caso de una sede de excelencia como el de la AESIA se requiere de sistemas y ecosistemas previos, con lo que la capacidad y el potencial investigador y universitario serán criterios a tener en cuenta".

El decreto por el que se crea la Comisión consultiva e interministerial para buscar nuevas sedes a instituciones públicas fuera de Madrid se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo. Sin embargo, ya en noviembre del año pasado, se hizo énfasis en que muchos de los destinos que ya estaba explorando el Gobierno para diversas instituciones eran puntos de la España vaciada.

Centros tecnológicos de Renfe en Mérida, Teruel, Ciudad Real, Linares o Burgos, centros de la UNED en Teruel y León, o el nuevo Centro de Estudios Penitenciarios por el que 2.200 funcionarios pasarán a formarse en Cuenca. Zonas en las que la despoblación, en mayor o menor medida, ha copado el debate público. Hasta que llegó el turno de la Agencia de Supervisión de la IA.

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Para esa AESIA la Comisión consultiva tendrá en cuenta la pujanza tecnológica de las candidatas, como recoge la memoria que avanzó El País este lunes. Fuentes gubernamentales rechazaron tajantemente al mismo diario que hubiese ya algún tipo de candidatura oficial, aunque de manera extraoficial se conocen ya varias postulantes.

Por un lado, Granada, capital de provincia. Por el otro, la Xunta de Galicia, que desde hace meses lleva planteando la posibilidad de que sea o la propia Santiago de Compostela u otros núcleos como Ourense la que acaben cobijando este nuevo organismo público tecnológico. Precisamente la aparición de estas precandidaturas ha dividido a grandes tecnológicas en España.

La despoblación tan referenciada en el real decreto de marzo puede acabar pasando a un segundo plano una vez se conozcan las propuestas definitivas de la Comisión consultiva. Pero no sería el único caso.

Otros organismos en los que la despoblación podría pasar a un segundo plano

El año pasado el Gobierno anunció la puesta en marcha de una futura Agencia Espacial Española. Su sede todavía está por definir, aunque la misma podría elegirse en otoño, es decir, durante los próximos meses. Una de las candidatas extraoficiales a cobijar esta nueva infraestructura es Teruel. Sin embargo, en las quinielas tiene una dura contrincante: Sevilla.

La capital andaluza opta a ser sede de esa futura Agencia Espacial Española y podría, de esta manera, debilitar el argumento de la despoblación en el decreto que promueve la descentralización del sector público. Medios aragoneses ya han llamado la atención en cómo la capital hispalense será sede de una reunión sobre el espacio en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.

Junto a la Agencia Española de Supervisión de la IA (esta, ya presente en los vigentes presupuestos generales del Estado) o la futura Agencia Espacial Española, son otros tantos los futuros organismos públicos que buscarán sede fuera de Madrid (la capital española está excluida de los criterios de la Comisión consultiva fijados por el real decreto de marzo).

Otro ejemplo es el futuro Centro Estatal de Salud Pública, anunciado este verano, y que levantará toda una polvareda en el Hemiciclo, ya que el Gobierno buscará la aprobación de los nacionalistas en la Cámara para poner en marcha un proyecto de coordinación sanitaria, un ámbito competencial en manos de las comunidades autónomas que, por lo tanto, levanta susceptibilidades.

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha confirmado dónde se emplazará ese futuro Centro Estatal de Salud Pública, si bien diversos expertos ya han planteado que, para ser fiel al anhelo descentralizador del Gobierno, el mismo debería ubicarse lejos de cualquier gran área metropolitana, a pesar de sus necesidades de coordinación con organismos como el Instituto de Salud Carlos III.

Sobre la Agencia Española de Supervisión de la IA, el proceso podría dilatarse hasta seis meses, pero su tramitación por vía de urgencia podría recortar esos lapsos hasta a la mitad. Es la respuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Secretaría de Estado de Digitalización al futuro Reglamento de la IA que se prepara en Bruselas desde hace meses.

En verano, la secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas, ya presentó en Bruselas el sandbox regulatorio de dicho reglamento, que será inédito y se probará antes que en ningún otro sitio. Las expectativas de la SEDIA es que las empresas empiecen a probar el reglamento, todavía sujeto a discusiones comunitarias, justo después del verano que está a punto de terminar.