Emergencia climática: así se enfrentan a la contaminación Madrid y Barcelona

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las Administraciones Públicas de las grandes urbes es la contaminación y su resultado directo, la denominada emergencia climática. Esta emergencia climática nace como una respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama “una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía”.

En nuestro país, sin ir más lejos, las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona tienen altos índices de contaminación que han copado titulares por doquier antes de la pandemia, lo que a su vez ha incentivado el objetivo de convertirse en ciudades ‘verdes’ y más respetuosas con el medio ambiente. Y, sin ir más lejos, a principios de año, el Consejo de Ministros declaró la emergencia climática en España, con el propósito de potenciar la transición ecológica de ayuntamientos y comunidades, poniendo al ciudadano y su salud en el centro. En el horizonte, conseguir ‘un proyecto de futuro común, justo y equitativo’, según la propia Administración.

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La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental es una consecuencia del informe anual del Foro Económico Mundial de Davos, donde se citan varias de las principales amenazas a la economía y el bienestar mundial y donde se desarrolla el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea. Este informe analiza que los principales riesgos, de aquí a diez años, en materia climática son los daños al medio ambiente causados por humanos; la pérdida de biodiversidad; la falta de preparación de los Gobiernos para adaptarse a los cambios y el colapso de ecosistemas.

Como decimos, en España son las principales ciudades las que tienen el deber de colocarse a la cabeza del cambio y las primeras en tomar decisiones en este estado de emergencia climática. Madrid y Barcelona son las principales afectadas y, por tanto, las que deben tomar medidas con mayor urgencia. Los principales trabajos tienen que ver con la monitorización real de la situación ambiental, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero; la transformación y electrificación de la movilidad urbana y la modernización de las viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente.

¿Cómo se mide la contaminación?

La calidad y la contaminación en el aire se mide con sensores de calidad de aire, dispositivos diseñados para la detección de contaminantes en el aire como partículas y gases nocivos, principalmente CO2 y NOx, pero también el benzo(a)pireno (C20H12) o los metales pesados.  Estos sensores que captan mediante infrarrojos la emisión de gases de efecto invernadero y que se utilizan en aplicaciones de monitorización de la calidad del aire, la detección de gas en industrias; controles de combustión y generadores de oxígeno en vehículos terrestres y aéreos.

Esta monitorización se antoja clave para evaluar diferentes impactos que tiene la contaminación sobre la salud pública y poder tomar medidas a posteriori. También permite determinar si las zonas analizadas están cumpliendo con la normativa vigente y evaluar los cambios en la calidad del aire para poder ajustar las implementaciones estatales y mejorar la calidad del aire y, por tanto, la salud de los ciudadanos.

En Madrid existe un Sistema de Vigilancia formado por 24 estaciones remotas automáticas que recogen la información básica para la vigilancia atmosférica, cuyos datos pueden consultarse de forma abierta en esta web. Entre los sensores existen tres tipologías claras: urbanas de fondo (representativas de la exposición de la población urbana en general), de tráfico (situadas de tal manera que su nivel de contaminación está influido principalmente por las emisiones procedentes de una calle o carretera próxima) y las suburbanas (colocadas a las afueras de la ciudad, en los lugares donde se encuentran los mayores niveles de ozono).

Por su parte, Barcelona cuenta con diez estaciones, incluyendo todos los tipos antes mencionados: fondo urbano (Palau Reial, Zona Universitària, Sants, parque de la Ciutadella, Poblenou, Vall d’Hebron), suburbano (IES Goya) y de tráfico (L’Eixample, Universitat, Gràcia-Sant Gervasi). A sumar a estos dispositivos hemos de sumar el programa, iniciado en 2018, por el que veinte escuelas de Barcelona han instalado 810 sensores por toda la ciudad para medir con precisión el nivel de contaminación del aire provocada por el tráfico de la ciudad.

Los esfuerzos de Madrid y Barcelona

El ayuntamiento de Ada Colau declaró a principios de año la emergencia climática cuyo objetivo principal es reducir en dos millones de toneladas las emisiones de CO2 en los próximos 10 años. Para ello se invertirán casi 600 millones de euros en el próximo lustro. Una de las grandes metas es conseguir que Barcelona sea una ‘ciudad verde’ y una referencia para las metrópolis europeas.

Entre las medidas propuestas por el consistorio barcelonés están la de desplegar un sistema de recogida de residuos individualizada al 100% en casas y comercios. También se propone subir la tasa de reciclaje al 65% y reducir el consumo de agua diario. Entre otras muchas medidas también destacan las medidas relacionadas con la ZBE (Zona de Bajas Emisiones) que han entrado en vigor este 2020 y las famosas islas urbanas; así como el peaje de toxicidad; eliminación de los plásticos de un solo uso; aumentar los sensores y su potencia.

Por su lado, Madrid lleva en emergencia climática desde finales de 2019, donde prácticamente todos los partidos se unieron ante la preocupación que supone la contaminación en la capital. Madrid, en concreto, emite 11 millones de toneladas de CO2 al año. Pese a su polémica constante, una de las grandes medidas en la lucha contra la movilidad ha sido la implementación de Madrid Central como una de las prioridades para reducir la contaminación proveniente del tráfico; ahora pendiente de su reconversión en Madrid 360 tras su revocación judicial por defectos de forma.

El plan propuesto en la capital respecto a la emergencia climática reside en el compromiso de limitar la construcción de nuevas infraestructuras fósiles; alcanzar un consumo cien por cien renovable; cambiar la forma de moverse en la capital; promover la eficiencia energética y alcanzar la política de residuos cero. Un reto que se antoja difícil pero que pretende conseguirse en 2035.