Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud: "No existe ningún derecho empresarial para que los menores reciban pornografía"

La ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, también conocida como la ley Rhodes, fue uno de los hitos del Gobierno de coalición en la legislatura pasada. Ahora el Ejecutivo de PSOE y Sumar quieren seguir ampliando la protección sobre los menores de edad, esta vez, en los ámbitos digitales.

Una reunión del Consejo de Ministros a mediados de enero ya abordó un informe presentado por el Ministerio de Presidencia y Justicia sobre una problemática muy concreta: cómo los más jóvenes pueden acceder libremente a contenidos "inadecuados" en internet y las repercusiones que eso tiene en la configuración de sus personalidades.

Pornografía, violencia, pero también juegos de azar, patrones oscuros —diseños de interfaces preparados para seducir a que los usuarios emprendan acciones determinadas, como la compra de algún bien—, acoso o adicción a las pantallas: el Gobierno quiere desplegar un plan integral para proteger de una forma más efectiva a los más vulnerables en la jungla que es la red.

Sobre todo esto tendrán mucho que decir las diferentes carteras, pero una cobra especial protagonismo por tener las competencias que tiene y por ser la primera vez que tiene una dedicación exclusiva a la materia: el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego.

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En los primeros compases del plan que pergeña el Ejecutivo se incluye el desarrollo de una nueva ley integral, pero también la elaboración de una aplicación —o familia de aplicaciones— que permita impedir de una forma efectiva el acceso de usuarios menores de edad a plataformas o portales web con contenidos "inadecuados", tales como la pornografía.

Claro que algo así es tan controvertido como tecnológicamente desafiante.

Pero la alternativa a no intentarlo es mucho peor. Así lo reivindica el secretario de Estado de Juventud e Infancia del Ministerio, Rubén Pérez Correa, en una reciente con Business Insider España. "Moralmente, hay que colocar el foco", defiende. "A nivel moral, no existe ningún derecho económico, empresarial o corporativo para que los menores reciban pornografía".

En ese sentido, Pérez Correa y su equipo no estarán solos. Confiarán en un nuevo comité de expertos que se cifrará en unas 50 personas y en la que habrá perfiles tan variopintos como especializados: niños, adolescentes, gente a favor de las pantallas, gente que defienda la necesidad de limitarlas, psicólogos, pediatras...

De hecho, el Gobierno ya está trabajando en la redacción del real decreto que será aprobado en las próximas semanas para que este nuevo comité de expertos eche a andar lo antes posible. Pero, además de ese comité de expertos, el Gobierno también cuenta con el trabajo realizado hasta la fecha por su autoridad de control en protección de datos.

"Estamos en la redacción del real decreto que recoge el funcionamiento de esa comisión"

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que dirige Mar España ya se adscribió en junio del año pasado a un llamamiento a un pacto de Estado para la protección de los menores en los ámbitos digitales. A ese mismo llamamiento se sumaron luego otras instituciones, como la Fiscalía General o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Pero el compromiso fue más allá, y a finales del año pasado, la AEPD, en el marco de la celebración de su 30 aniversario, presentó tres pruebas de concepto con las que reivindicó que herramientas para impedir que menores de edad accediesen a sitios web con contenidos inadecuados serían tecnológicamente viables.

Además de esas tres pruebas de concepto, la AEPD presentó un decálogo con los requisitos que debería reunir, a su criterio, una aplicación que impidiese el acceso de menores a contenidos "inadecuados". Entre ellos, garantías sólidas para preservar la privacidad de los más jóvenes.

La CNMC, al mismo tiempo, lanzó una audiencia pública para sondear el mercado y conocer qué soluciones tecnológicas podrían ser útiles para el desarrollo de esa app o familia de aplicaciones, que extenderían las actuales medidas de control parental que están, hoy por hoy, en manos de las grandes multinacionales tecnológicas.

Esa audiencia pública termina a finales de este mes de enero, pero el trabajo que hará el Gobierno a este respecto será simultáneo. Pérez Correa entiende que se necesita prudencia antes de avanzar conclusiones. Por dos cuestiones: "El propio trabajo del comité de expertos", que se tiene que conformar primero, "y porque hay que escuchar a los jóvenes: hay que hacerlos partícipes".

En ese sentido, el secretario de Estado explica que el Gobierno actúa sobre varios ejes: "Los compromisos adoptados por el Gobierno en el anterior Consejo de Ministros", enumera, "la propia aplicación" y "los trabajos previos de la AEPD" así como "nuestra comisión de expertos" y "el propio desarrollo de la ley integral".

"Necesitaremos no solo las conclusiones del grupo de trabajo que en su día montó la Agencia Española de Protección de Datos", "también las conclusiones que ha tenido una parte importante del tercer sector". "Ya hay documentación, se han hecho jornadas y encuentros e incluso hay recomendaciones de entidades de carácter tecnológico", destaca.

Es todo ese mejunje, "todo agregado", lo que puede funcionar. "Es una ventaja que interministerialmente estemos tan bien conectados: el Ministerio de Transición Digital nos va a aportar también. Ahora estamos en la redacción del real decreto que recoge el funcionamiento de esa comisión".

"Si una app limita el acceso a pornografía de menores y jóvenes ya será mejor que la situación actual"

El Ministerio entiende que la necesidad de impedir que los menores accedan a contenidos "inadecuados" es crucial pero para ello será necesario diálogo, y define ese comité de expertos como una vía para alcanzar "un acuerdo intergeneracional de país".

Por eso, el secretario de Estado también cree que muchos debates y muchas dudas son "legítimas", pero no se puede tampoco eludir la urgencia del problema a atajar. Y ese problema es "el hecho real de que un niño puede acceder a contenido pornográfico sin filtro".

De hecho, va más allá de la pornografía: "Recientemente un colectivo de jóvenes migrantes nos trasladó que sufren otro problema, como el acoso por ser migrantes en redes sociales como Instagram. Están angustiados por ese acoso digital sin control". U otros asuntos, "como la manipulación de imágenes mediante sistemas IA", los conocidos como deepfakes.

Incide Pérez en la prudencia. "Si la aplicación limita el acceso de menores y jóvenes ya será mejor que la situación actual. La situación actual es, de hecho, tremenda". 

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De hecho, en España, el consumo de pornografía comienza a edades muy tempranas: 

"Los adolescentes comienzan a consumir pornografía entre los 12 y 17 años. No obstante, algunos estudios han encontrado los 8 años como edad de inicio de su consumo", señala el estudio El consumo de pornografía en varones heterosexuales como contexto de aprendizaje, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense.

Y va más allá: "La mayor parte de primeros accesos de menores a pornografía no son buscados por los menores, sino que lo reciben ellos en sus plataformas de juego o en páginas para menores".

La comisión de expertos se marcará una serie de hitos que tendrán que ver con las desafiantes limitaciones tecnológicas. Pero lo que imperará es, ante todo, la razón: "Un portal pornográfico ha esgrimido que esta medida puede hacer que los menores acaben acudiendo a la deep web... Un poquito de respeto".

El papel de las grandes tecnológicas será crucial y de hecho tanto la AEPD como el Gobierno están, en algunos casos, manteniendo encuentros. En otro, espera mantenerlos. "Hay sectores muy poderosos", asume Pérez. "Pero cuando se legisla y determinadas cuestiones se acotan, es la ley la que impera". Además, alude a Europa: "El nuevo Reglamento de Servicios Digitales es muy claro".

En definitiva, y al margen de debates y polémicas —que las habrá—, el secretario de Estado, Rubén Pérez Correa, opina que "encima del derecho de los niños no hay ningún derecho empresarial ni ninguna cuenta de resultados". "Moralmente hay que colocar el foco", vuelve a insistir. 

"Hemos querido alejarnos de otros debates, como qué es la pornografía o qué es un contenido inadecuado. Lo que prima ahora para nosotros es la protección de los menores".