La Fiscalía y la AEPD piden un pacto de Estado para proteger a los menores en internet: "Aquí no puede haber ideologías"

A día de hoy, el bloqueo parental es una herramienta que no está disponible en todos los dispositivos. Las páginas pornográficas tienen un control de acceso por edad muy sencillo de sortear. Ni siquiera a las telecos se les ha ocurrido ofertar paquetes bajo el mantra de "mi primer móvil", ofreciendo dispositivos con restricciones para los menores.

Por esta y otras muchas razones, niños y jóvenes están en peligro en la red. Un peligro sobre el que ya advierten organismos de toda índole, desde la Asociación Española de la Pediatría a la Agencia Española de Protección de Datos. Los riesgos son múltiples, desde la adicción a las pantallas a la mera mercantilización que terceros hacen de los datos personales de los más pequeños.

La Asociación Europea por la Transformación Digital impulsa una campaña que exige a los políticos un pacto de Estado por la protección de niños y jóvenes en el ámbito digital. Una campaña a la que ya se había sumado un organismo autónomo del Estado, la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y a la que se suma ahora la Fiscalía General del Estado.

Algunos modelos de IA están siendo entrenados por menores de edad que tienen que exponerse a contenidos terroríficos

La AEPD acogió este lunes un acto al que acudieron varias de las organizaciones que respaldan esa petición de un pacto de Estado —la Asociación Europea por la Transformación Digital, como promotora, y organizaciones sin ánimo de lucro como Save The Children o la Fundación ANAR— y su directora general, Mar España, fue contundente:

"Proponemos en esta legislatura que ahora comienza un consenso parlamentario por la protección de los menores en el ámbito digital. No puede haber ideologías aquí".

En ese acto, Eduardo Esteban, fiscal coordinador de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, corroboró el apoyo de esta institución a esa campaña a favor de un pacto de Estado. "Ahora no está de moda hablar de consensos, pero creo que nadie discutirá que esto es necesario", advirtió el portavoz del Ministerio Público.

Mar España, por su parte, confía en contar con una ley de protección a la infancia y a la juventud en el ámbito digital en esta misma legislatura. La directora en funciones de la AEPD —lleva años en situación de interinidad por el bloqueo institucional— no lo ve imposible, aunque sabe que es difícil. Pedro Sánchez logró una extraordinaria mayoría en su investidura hace unos días.

Un precedente en la ley 'Rhodes' de 2021

La máxima responsable del organismo de Protección de Datos, que hace meses en una entrevista en Business Insider España advertía de la crítica situación que padecía —y sigue padeciendo— la AEPD, también cree que existen los precedentes necesarios para imaginarse un proyecto legal como el que se dibuja dentro de ese propuesto pacto de Estado.

La ley Rhodes —que tomó su nombre por el pianista James Rhodes y vio la luz en 2021 de la mano del antiguo Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que entonces dirigía Pablo Iglesias— ya sentaba las bases de la "violencia digital", un concepto que ahora se puede desarrollar con paciencia y voluntad en las Cortes Generales.

Un punto de partida sólido que podría desarrollarse con la presentación, a mediados de diciembre, del sistema con el que la AEPD propondrá identificar mayorías de edad en la red. Se trata de una iniciativa esencial para poder limitar los contenidos inadecuados a menores de edad en internet, pero que tiene un equilibrio complicado al necesitar garantizarse la privacidad de los usuarios.

La Agencia Española de Protección de Datos ya ha tomado cartas en el asunto en el pasado con páginas dedicadas a la pornografía y multas que oscilaron los 75.000 e incluso los 525.000 euros "porque existía un riesgo cierto de que los menores de edad accedieran directamente y sin limitaciones a un contenido perjudicial para ellos".

Pero ver pornografía no es el único factor de riesgo para menores en la red, si bien es crucial. Lo recordaba la propia directora de la AEPD, advirtiendo cómo en muchos casos son los algoritmos quienes van a buscar a los menores, dado que las empresas responsables de esos contenidos no cuidan la exactitud de los datos que tratan.

"Un niño de 8 años debería jugar, no hipersexualizarse", reprochó la responsable de Protección de Datos. El porno es uno de esos factores de riesgo, pero también la causa que abre a otros muchos problemas que la AEPD trata de atajar con su canal prioritario, un sistema mediante el cual el organismo público logra retirar en horas contenidos sexuales de terceros.

TikTok es la última plataforma en conveniarse con este canal prioritario de la AEPD, que en lo que va de año está logrando una eficacia del 100% en contenidos sexuales ilícitos retirados de las plataformas. Los funcionarios de la Agencia logran que muchos de esos contenidos se retiren en un plazo máximo de 72 horas.

Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre un grupo de madres de Almendralejo (Extremadura) acudió a la policía al descubrir que un grupo de menores había generado imágenes artificiales con desnudos y los rostros de sus hijas. "Nunca pensamos que íbamos a tener que pedir que se enseñara Derecho Penal a niños de 10 años", lamentó este lunes Mar España, directora de la AEPD.

También tomó la palabra Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea por la Transformación Digital, promotora y artífice de esta campaña solicitando el pacto de Estado para proteger a menores en la red. Asumió lo que tanto el fiscal general de Menores como la directora de la AEPD habían puntualizado antes, pero sumó "otro melón" a la mesa.

"Hemos hablado de la adicción a las pantallas. Pero me gustaría abrir otro melón: el de la mercantilización de los datos de los menores. Hay modelos empresariales muy complejos cuyos ingresos nacen de poner en valor los datos personales de los menores. Y preocupa", advirtió.

"Se demanda más responsabilidad por parte de educadores y padres y madres, y sinceramente es muy importante, pero no lo es todo", aseveró. "No lo es cuando no podemos achacar ni a padres ni a docentes si tenemos a empresas, que normalmente son extracomunitarias, viendo a nuestros hijos como una gran base de datos".

El desafío de un pacto de Estado en un momento como este

"Ya vamos tarde, pero todavía no es irreversible". Es la idea que tanto el fiscal jefe de Menores, Esteban; como la directora de la AEPD, España; y la vicepresidenta de la AETD, Castellano; compartieron durante el acto.  

Sin embargo, el desafío es mayúsculo. Insinuar un pacto de Estado en un momento de crispación política y parlamentaria como este —este mismo lunes por la tarde el líder de Vox anunciaba una querella con los letrados del Congreso que dieron luz verde a la tramitación de la ley de amnistía— se antoja quimérico. Sin embargo, los promotores de la campaña no lo ven todo perdido.

De hecho, los siguientes pasos de la AETD y las entidades participantes de la propuesta será celebrar encuentros con los distintos grupos parlamentarios. Ya en octubre la AETD celebró un evento similar al que tuvo lugar este lunes en la sede madrileña de Protección de Datos y se congratularon al comprobar el interés que suscitaba su planteamiento para distintos partidos.

La propuesta puede acabar siendo impulsada por el nacimiento de un nuevo ministerio, el Ministerio de Juventud e Infancia que liderará la valenciana Sira Rego como parte de la cuota Sumar dentro del nuevo Gobierno de coalición.

Será cuestión de que distintas carteras —Sanidad, Justicia, Infancia y Juventud, Transformación Digital, que ahora cae en manos de José Luis Escrivá— den su aval a la idea y todos los grupos parlamentarios de las Cortes se presten a un debate generoso.

También está a favor de un eventual pacto de Estado la aparición de nuevas normas a nivel comunitario, como la ya transpuesta nueva ley de la comunicación audiovisual que, como recuerda la propia AEPD "obliga a las plataformas de intercambio de vídeo a establecer sistemas de verificación de edad".

O la aprobación e inminente entrada en aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que recoge que los prestadores "deben tener en cuenta el interés superior de los menores a la hora de adoptar medidas, como adoptar el diseño de su servicio, en especial cuando se dirijan principalmente a menores o sean utilizados predominantemente por ellos".

Los riesgos en la red para niños y jóvenes son innumerables. Adicción a la pantalla, acceso a contenidos explícitos, peligro de exfiltración de información personal, privacidad convertida en mercancía para grandes plataformas. De ahí que algo tan urgente, valioso e incluso "sagrado", en palabras de Mar España, requerirá de una gran generosidad por parte de todo el arco parlamentario.