Francia y Países Bajos se unen para limitar el poder de las grandes tecnológicas en la Unión Europea

Los gobiernos de Francia y Países Bajos están dispuestos a limitar el poder de las grandes tecnológicas como Google, Facebook, Amazon o Apple en la Unión Europea, a juzgar por el documento que el secretario de Estado francés para la transición digital, Cédric O, y su homóloga neerlandesa Mona Keijzer han dirigido a los reguladores de Bruselas para que pasen a la acción en las limitaciones a los gigantes digitales, según revela el Financial Times.

El documento que han firmado los representantes de los gobiernos de París y La Haya pide a las autoridades comunitarias que exploren medidas para reducir el poder de estas plataformas, incluyendo la posibilidad de dividirlas en diferentes negocios para disminuir su poder sobre el mercado y facilitar la competencia.

Entre las medidas que se proponen, según el FT, están forzar a Facebook y Apple a que permitan a sus usuarios llevarse sus datos privados a otras plataformas, o prohibir a Google que promueva sus propios servicios por delante de los de compañías rivales.

"Dividir las grandes compañías puede ser una posibilidad", aseguró recientemente la secretaria de Estado para asuntos digitales de los Países Bajos, Mona Keijzer, que consideró que las regulaciones deberían prevenir que cualquier compañía pudiera convertirse en "demasiado grande".

Su homólogo francés admitió que esta posibilidad, la de dividir grandes compañías está "sobre la mesa". "Pero es el último remedio", añadió Cédric O, que admitió que Francia y Países Bajos han tenido hasta el momento "diferentes posiciones", pero ahora afrontan "un interés común", tanto desde el punto de vista de la "soberanía" como desde la "competencia" entre empresas tecnológicas, recoge el FT.

Bruselas baraja medidas que podrían afectar hasta a 20 gigantes digitales

Las restricciones a las grandes tecnológicas que baraja la Comisión Europea podrían afectar hasta a 20 grandes compañías digitales, que podrían tener que cumplir con reglas más duras que sus competidores más pequeños, incluyendo la obligación de compartir datos con sus rivales o ser más transparentes sobre de dónde recogen información.

El comisario de Mercado Interior de la UE, el francés Thierry Breton, dijo hace un mes al FT que Bruselas baraja incluso obligar a las grandes empresas a dividirse o vender parte de su negocio europeo en mercados en los que su dominio afecte a los intereses de los consumidores, aunque estas obligaciones solo se produciría en circunstancias extremas.

"Hay una sensación en los usuarios finales de que estas plataformas son demasiado grandes como para que esto les importe (...) Bajo determinadas condiciones, tendríamos incluso el poder de imponer una separación estructural", aseguró el comisario francés de la UE.

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La vicepresidenta de la Comisión, la checa Vera Jourova, afirmó recientemente que las tecnológicas tendrían que tener "más responsabilidad" sobre sus contenidos para combatir la desinformación y la influencia en procesos electorales, dentro de un plan que ha recibido más de 300 alegaciones, entre ellas varias de Google y Facebook.

La Tasa Google, parada en la OCDE pero en marcha en España

Por otra parte, la UE sigue con el proyecto de poner en marcha un impuesto a los ingresos digitales de las grandes tecnológicas, la conocida como 'tasa Google'. "Necesitamos abordar la fiscalidad digital, y debemos hacerlo preferiblemente a nivel internacional, especialmente porque la economía digital está bastante globalizada", señaló recientemente el letón Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión. 

Aunque, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no ha llegado a un acuerdo para implantar esta tasa y no espera conseguirlo hasta mediados de 2021, en España sí se aprobó en el Senado el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, como se denomina en el país a esta tasa, que entrará en vigor en 2021.

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Este impuesto, que grava con un 3% los servicios de publicidad digital, los servicios de intermediación entre usuarios a nivel digital y los de transmisión de datos recopilados de usuarios, será pagado por las empresas cuyo importe neto de cifra de negocios anual supere los 750 millones de euros, de los cuales al menos 3 millones procedan de servicios sujetos a este impuesto en España. No grava, por ejemplo, a los vendedores de comercio electrónico por cuenta propia, ni las prestaciones entre usuarios.