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El Gobierno impedirá que las empresas den de baja a falsos autónomos cuando la Seguridad Social les haya dado de alta de oficio en el Régimen General

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo
Europa Press

El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha aprobado la creación de mecanismos para garantizar que los llamados "falsos autónomos" ─trabajadores dados de alta por cuenta propia pero que, de facto, trabajan por cuenta ajena─ estén afiliados al Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de un Real Decreto que modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social con el que se pretende evitar que las empresas a través del sistema RED obstruyan la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la ITSS detecta altas irregulares en el Régimen de Autónomos e inicia una actuación de oficio.

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En concreto, la medida trata de corregir aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando, por su actividad laboral, son trabajadores por cuenta ajena.

En estos casos, es común que las empresas afectadas ─o en su caso, los trabajadores a instancias de su pagador─ tramiten la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

Una práctica que, en principio, pasaría a estar regulada y supervisada por parte de la Seguridad Social, que impediría en estos casos la baja cursada por alguna de las partes después del alta de oficio.

Reactivación del Programa de Activación del Empleo

Además, en el Consejo de Ministros también se ha aprobado un Decreto-ley para reactivar el Programa de Activación del Empleo (PAE), cuya vigencia expiró el pasado 30 de abril y con el que se pretende evitar que "alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas", según el Gobierno.

Se trata de una medida con una dotación económica de 53 millones de euros y que afecta a un colectivo muy necesitado de protección, ya que se trata de personas que han agotado todo tipo de ayudas y con responsabilidades familiares a su cargo. En este sentido, tras el 30 de abril las personas que habían causado baja temporal no podían reincorporarse, a pesar de tener reconocido el derecho.

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Al haber finalizado la vigencia del Programa hace tres meses, resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, pérdida del requisito de rentas o por responsabilidades familiares.

En este caso, la interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad.

71,3 millones para políticas activas en las comunidades autónomas

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución adicional de 71,3 millones de euros para políticas activas entre las comunidades autónomas; una dotación que se suma a los 2.055,1 millones de euros aprobados con cargo a los presupuestos del SEPE y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El acuerdo de reparto complementario se adoptó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 25 de julio, para la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo destinadas a financiar la formación profesional para el empleo, incluidos en el eje de Formación.

La cantidad adicional de 71.284.430 euros se añade a los 2.055.139,10 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución se formalizaron en el acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2018.

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