La ley de eutanasia del PSOE podrá estar lista antes de final de año: este es el proceso que seguirá durante su tramitación

Sánchez aplaude tras ser investido presidente del Gobierno.
Sánchez aplaude tras ser investido presidente del Gobierno.
REUTERS/Stringer
  • La ley de eutanasia del PSOE podría echar a andar después del verano, si se hace con urgencia.
  • Aunque los procesos burocráticos entre Congreso y Senado suelen ser largos y farragosos, la mayoría absoluta en ambas cámaras podrá agilizar el proceso si ningún pacto se tuerce.
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España da el primer paso hacia la legalización de la eutanasia. La propuesta de ley del PSOE, apoyada por todo el Congreso de los Diputados a excepción de Partido Popular y Vox, echará a andar antes de 2021 si nada se tuerce por el camino.

Antes de nada hay que entender la diferencia entre un Proyecto de Ley y una Proposición —o propuesta—, como es el caso. El primero es una iniciativa remitida por el Gobierno, mientras que el segundo es una presentada por un grupo parlamentario, un Parlamento autonómico o una iniciativa popular (500.000 ciudadanos). Los plazos varían entre uno y otro.

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Proposiciones de Ley como la de la eutanasia no son fáciles de aprobar; o como mínimo no son rápidas. El Pleno dio este martes el pistoletazo de salida a la propuesta ("tomarla en consideración"), pero no es más que un paso dentro del largo proceso burocrático: ahora, la Mesa de la cámara acordará encomendar su dictamen a una comisión del Congreso, probablemente a la de Sanidad, y comenzará procedimiento de tramitación.

Primero, el reglamento de las Cortes dará 15 días para elaborar el informe de la Ponencia (PSOE) y la presentación de enmiendas (resto de grupos). Durante los dos meses siguientes se llevará a cabo a la comisión (que saldrá adelante sin problemas), la tramitación, el debate y la votación del texto, así como la elaboración del dictamen.

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Posteriormente, esta será remitida al Senado, que podrá retrasarla un máximo de dos meses, en una situación normal, o 20 días en una de urgencia. A la aprobación le seguirá una confirmación en el Congreso, que no debería tardar más de tres meses, aunque depende de lo que disponga la Mesa.

La tramitación parte de la proposición de ley impulsada por el PSOE, que es casi un calco —salve precisar alguna definición y retocar algún epígrafe— de la que ya recibió el apoyo mayoritario del pleno en junio de 2018 y en septiembre de 2019.

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Cabe resaltar que el partido de Pedro Sánchez distingue entre la ley de eutanasia y la de muerte digna, aprobada en 2018. Ambas leyes, a ojos del partido, son "diferentes, necesarias y complementarias y constituyen dos debates jurídicos y sanitarios bien diferentes". Mientras que la de eutanasia regularía el "derecho individual subjetivo [...] para morir anticipadamente" ante enfermedades crónicas, la de muerte digna simplemente dictaba "cuidados paliativos de calidad".

La regulación de la eutanasia, con un texto de rango de ley orgánica (art. 81 CE), implicara una mayoría absoluta en el Congreso, una modificación del Código Penal y darle seguridad jurídica a los profesionales que participasen en ella, lo que seguramente abra un nuevo marco de disputa en el ya de por sí enfrentado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Será prestada por la Sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados y los médicos podrán declararse objetores de conciencia.

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El PSOE ya rechazó dos leyes similares propuestas por Unidas Podemos

El PSOE rechazó la pasada legislatura dos iniciativas de Unidas Podemos sobre la ley de eutanasia que ahora apoyan juntos. Los socialistas ya habían registrado el borrador en 2018 y en 2019, pero antes incluso, en 2017, llegaron a bloquear hasta dos veces una propuesta similar de la formación morada.

La justificación fue que no había "un consenso claro", y con su abstención tumbaron la proposición en marzo de 2017. La suma fue arrolladora para los de Pablo Iglesias132 votos en contra (PP, UPN y Foro), 122 abstenciones (PSOE, Cs, PdeCat y Nueva Canarias) y 96 apoyos (ERC, Compromís, PNV y EH Bildu). Entonces, el diputado Gregorio Villar esgrimió como excusa que la propuesta era "precipitada"

Meses más tarde, en junio, los socialistas votaron en contra de la misma proposición registrada por la formación morada. El PSOE se unió entonces a los votos en contra de PP y Ciudadanos, que sumaron 249, frente a 84 votos a favor (UP, ERC, PNV, Compromís y EH), mientras que el PDeCAT se abstuvo.

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