El Congreso adoptará en unos días una decisión que podría ralentizar la tramitación de la esperada ley de movilidad sostenible
REUTERS/Nacho Doce
- Este jueves se decide si el proyecto de ley de movilidad sostenible se avoca o no al Pleno del Congreso, lo que podría suponer que se ralentice su tramitación.
- De prosperar, en lugar de aprobar la ley directamente la Comisión Parlamentaria de Transportes, será el Pleno de la Cámara en su conjunto el que la vote.
- La ley de movilidad sostenible fue presentada por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre y su tramitación apura los últimos meses de la legislatura.
La esperada ley de movilidad sostenible ya está en Cortes, después de que el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobase su proyecto a mediados de diciembre. El Congreso vota esta semana si el proyecto legal se avoca al Pleno, con lo que si la decisión acaba siendo que sí, el procedimiento podría ralentizarse, a pesar de tramitarse con urgencia.
La avocación es un mecanismo amparado por la Constitución por el cual la competencia legislativa plena se sustituye por una votación directa del proyecto de ley en el Pleno del Congreso.
La competencia legislativa plena implica que los proyectos de ley se deleguen en una comisión parlamentaria. En el caso del proyecto de ley de movilidad sostenible, la encargada es la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las comisiones son las encargadas de votar a favor o en contra de la norma, que entonces dará el salto al Senado.
Este procedimiento —el de la competencia legislativa plena— es uno de los más empleados en Cortes para agilizar procedimientos, pero no se puede emplear al aprobar cuestiones mayores como una reforma constitucional o una ley orgánica. En esos casos la última palabra la debe tener el Pleno del Congreso.
El próximo jueves, cuando discurrirán los últimos puntos del orden del día de la sesión plenaria de la semana, se decidirá si el proyecto de ley de movilidad sostenible se avoca a Pleno. Esto implicaría que, en lugar de tener la última palabra la Comisión Parlamentaria de Transportes, lo tendrá el conjunto de la Cámara Baja.
Esto sucede en proyectos de extraordinaria relevancia legislativa —o política, ya que el mecanismo también puede emplearse para tratar de ralentizar la tramitación de una norma—.
Muchas de las normas que se tramitan en Cortes Generales acaban avocadas al Pleno. Un caso de ello fue la propia ley startup, que fue avocada a Pleno el año pasado y entró en vigor a principios de este 2023.
Los plazos y los tiempos son cruciales en este último año de legislatura. A día de hoy, es improbable que cualquier proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros y remita a Cortes en estos meses tenga garantizado salir adelante antes de que termine la legislatura. Se esperan que las elecciones generales sean a finales de año, probablemente en diciembre.
De este modo, muchas normas van a acabar guardadas en un cajón a expensas de conocer los resultados de las urnas. Mucho trabajo tendrá que rehacerse y muchas negociaciones tendrán que volver a empezar de cero atendiendo a las nuevas lógicas parlamentarias que salgan del recuento de votos.
La movilidad sostenible, un proyecto estrella del Ministerio de Transportes
La ley de movilidad sostenible es uno de los proyectos estrella del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que también ha sido uno de los artífices de uno de los hitos del plan de medidas para paliar los efectos económicos causados por la guerra en Ucrania: la gratuidad de los Cercanías de Renfe.
La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre y contempla la necesidad para empresas de más de 500 trabajadores de contar con planes de movilidad sostenible que fomenten el transporte compartido o el transporte público para sus plantillas.
La secretaria general de Transportes del Ministerio, María José Rallo, ya defendió en una entrevista con Business Insider España que muchas empresas ya estaban trabajando en esos planes sin necesidad de que sea obligatorio.
"Nuestra idea es tratar de fomentar que las empresas, incluso aunque no sea obligatorio, lo incluyan dentro de la responsabilidad social corporativa o de la propia negociación que tienen con sus trabajadores", destacó la responsable entonces, cuando se valoraba un plazo de entre 6 meses y un año para que las empresas se adapten y creen sus planes.
En el proyecto de ley, el plazo de adaptación es finalmente de un año y medio.
La norma también contempla otras reformas, como la creación de un Espacio Integrado de Datos de Movilidad en el marco de un nuevo Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, o la reordenación de las conexiones interurbanas por carretera —autobuses— con un nuevo mapa concesional que ya se está consensuando con las autonomías.
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Alberto R. Aguiar, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Business Insider.