La vigilancia masiva de los Gobiernos tiene límites: la justicia europea prohíbe recopilar datos de ciudadanos a través de las telecos de forma indiscriminada

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los estados miembro no pueden recopilar datos de sus ciudadanos de forma indiscriminada a través de intervenciones en sus comunicaciones electrónicas. Los gobiernos europeos deberán respetar la privacidad de los ciudadanos cuando hagan labores de vigilancia masiva, resume así Forbes.

El fallo se dio a conocer este martes y alude en concreto a Francia y Bélgica. El fallo también se refiere a Reino Unido. El procedimiento se abrió gracias a dos colectivos en defensa de la privacidad; Privacy International y La Quadrature du Net, que entendían que lo contrario a la sentencia implicaba vulnerar derechos fundamentales europeos.

El propio Tribunal europeo reconoce que en "situaciones en las que un estado miembro se enfrente a una seria amenaza a la seguridad nacional", que pueda ser "genuina, presente y previsible", los gobiernos podrán derogar la obligación por la que se garantizará la confidencialidad de los datos retenidos.

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Eso sí, bajo unas condiciones muy concretas. "Una intervención de derechos fundamentales europeos debe ir acompañada de salvaguardas efectivas y estar supervisadas por un juzgado", advertía este martes en un comunicado de prensa el propio TJUE.

De este modo, el TJUE garantiza a las telecos que no podrán ser presionadas por los gobiernos para entregar datos o metadatos de las comunicaciones electrónicas que gestionen. Estos metadatos no incluyen necesariamente el contenido de las conversaciones que se puedan mantener por una línea telefónica, pero sí la incidencia, hora, duración y usuarios intervinientes en una llamada.

Forbes ha tenido acceso a las reacciones de los grupos que abrieron este procedimiento en el Tribunal de Justicia europeo. "La sentencia refuerza el imperio de la ley en la Unión Europea. En estos tiempos turbulentos, es un recordatorio de que los gobiernos no pueden estar por encima de la ley. Las sociedades democráticas deben poner límites y controles a la capacidad de vigilancia de la policía y de las agencias de inteligencia".

"Aunque la policía y las agencias de inteligencia juegan un papel muy importante en mantenernos a salvo, deben hacerlo bajo unas salvaguardas que prevengan posibles abusos. Deberían centrarse en darnos sistemas de vigilancia efectivos que puedan proteger nuestra seguridad y nuestros derechos fundamentales", defiende Caroline Wilson Palow, directora legal de Privacy International.