La nueva Ley de Telecomunicaciones no matiza el 'decretazo digital' y mantiene que el Gobierno podrá intervenir internet sin control judicial: Podemos presentará enmiendas
- La nueva Ley de Telecomunicaciones no matiza el famoso 'decretazo digital' que contó con la abstención de Podemos a cambio de más garantías.
- Incluye el texto íntegro por el cual el Ejecutivo puede intervenir internet por supuestos "excepcionales" —aunque indeterminados— de "orden público".
- Unidas Podemos se abstuvo en el Congreso cuando se convalidó el 'decretazo digital' que incluía este precepto en la hasta ahora Ley de Telecomunicaciones.
- El anteproyecto de la nueva Ley no incluye ningún cambio, por lo que Unidas Podemos confirma a Business Insider España que presentará enmiendas.
- Por el momento, el real decreto ley objeto de la polémica está recurrido ante el Tribunal Constitucional.
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La nueva Ley de Telecomunicaciones sigue permitiendo al Gobierno suspender e intervenir internet esgrimiendo razones "de orden público", a pesar de que Unidas Podemos defendió en febrero un acuerdo con el PSOE para introducir más garantías en defensa de los derechos digitales.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó hace dos semanas el anteproyecto de la nueva norma, que todavía continúa en período de exposición pública para que se puedan presentar alegaciones. La redacción del artículo 4.6 de la nueva ley es idéntica a su versión anterior.
Este artículo contempla que el Gobierno, "con carácter excepcional y transitorio", podrá acordar "la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales".
Estos "supuestos excepcionales" se definieron mediante un real decreto ley que se aprobó de forma exprés en noviembre del año pasado, a pocos días de las elecciones generales. Entre esos supuestos, el conocido como 'decretazo digital' introducía aquellos "que puedan afectar al orden público".
El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones mantiene los preceptos que introdujo este real decreto ley, a pesar de que sigue recurrido ante el Tribunal Constitucional. Sobre él se han pronunciado varios colectivos. Amnistía Internacional advirtió este año que "propicia la censura y el secuestro de contenidos en internet".
El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones que debía incluir las matizaciones a este decreto se alumbró hace dos semanas, con la novedad de que plataformas de comunicaciones independientes de numeración de usuarios —como WhatsApp o Telegram— pasarían a ser consideradas como operadoras.
De hecho, el único matiz que introduce el nuevo anteproyecto de ley es que en el caso de estas apps, el Gobierno las podrá intervenir "cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso".
El 'decretazo' se aprobó en Consejo de Ministros en noviembre del año pasado, pero fue convalidado a finales de ese mismo mes por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con la abstención de Unidas Podemos y los votos a favor de PP y Ciudadanos.
Unidas Podemos salió al paso defendiendo que su abstención serviría para suavizar el contenido del real decreto ley. En palabras del portavoz en el Congreso del partido morado, Pablo Echenique, la norma se modificaría para introducir el control judicial en caso de que el Gobierno decidiera suspender o intervenir la red.
Sin embargo, el Gobierno ha presentado ahora el anteproyecto de la Ley de Telecomunicaciones sin rastro de este control judicial.
Podemos anuncia enmiendas
Durante el debate del 'decretazo digital', Unidas Podemos defendió unas enmiendas —que no se iban a introducir por la naturaleza de la sesión— para dotar de más garantías al texto. Entre ellas: añadir en la norma que "en ningún caso esta intervención" —por la suspensión de internet— podría suponer "una restricción de derechos fundamentales y libertades públicas".
No obstante, el texto permanece inalterado en la nueva Ley de Telecomunicaciones, según han advertido varios expertos, como el abogado Carlos Sánchez Almeida o el tecnólogo Enric Luján. Ambos participaron en una campaña que les llevó a que el Defensor del Pueblo se pronunciase sobre la oportunidad de recurrir al Constitucional este decreto.
El Defensor del Pueblo desestimó presentar ese recurso al entender que había otros agentes legitimados en ello. Hoy por hoy, el Tribunal Constitucional estudia el recurso que presentaron tanto la Generalitat como el Parlament de Cataluña.
Leer más: El Defensor del Pueblo cree que el 'decretazo digital' debe tener más garantías pero no presentará recurso al Tribunal Constitucional
Por el momento, lo que es seguro es que Unidas Podemos presentará enmiendas cuando la nueva Ley General de Telecomunicaciones inicie su tramitación parlamentaria.
"Como no estamos de acuerdo con la totalidad del texto del anteproyecto, presentaremos las enmiendas pertinentes cuando se tramite en el Congreso (igual que en otras ocasiones en las que no hay acuerdo en la totalidad del texto de un anteproyecto de ley)", han explicado fuentes del partido a Business Insider España.
Cómo podría afectarte un 'apagón' de internet con esta norma
Uno de los puntos cruciales del famoso 'decretazo digital' es la introducción del concepto "orden público" como un "supuesto excepcional" para suspender o intervenir una red de comunicación electrónica.
"El problema es la inseguridad jurídica", detalla Enric Luján, del colectivo Críptica y profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universitat de Barcelona. "Permite la posibilidad de crear 'zonas negras' no conectadas a internet y hacerlo de forma quirúrgica, por barrios de una ciudad, por áreas del territorio".
La idea de apagones de la red "selectivos" la introduce el propio Luján en base a la indefinición que existe en el texto del real decreto que modificó la Ley de Telecomunicaciones, y que vuelve a aparecer en el nuevo anteproyecto de ley.
"Incluso con tutela judicial sería una medida irresponsable; no habría tutela judicial efectiva". Por más que Unidas Podemos tratase de introducir como "garantía" la posibilidad de que el Gobierno cuente con el control de un juez a la hora de adoptar la suspensión de la red, "sería muy irresponsable poner a un juez en esa tesitura".
"Un juez no puede decretar el cierre a internet de millones de personas", detalla el politólogo.
Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, abunda en su sorpresa al comprobar cómo en el texto del anteproyecto de ley no hay variaciones con respecto al real decreto ley. "Si [Podemos] no lo subsana mediante enmiendas, tiene todo el sentido el recurso de inconstitucional que se presentó".
Los expertos coinciden en que la postura de Podemos, al formar parte del Gobierno de coalición, "tendría que estar en el propio anteproyecto".
El origen del 'decretazo digital'
El Gobierno anunció a solo días de las elecciones generales del 10 de noviembre un decreto con el que ampliaba las razones por las que podría intervenir los servicios digitales.
Sánchez anunció la aprobación de este decreto en el Consejo de Ministros, del 31 de octubre. No se dijo en ningún momento explícitamente, pero el nuevo texto legal destrozaba la línea de flotación de IdentiCAT, un proyecto que la Generalitat puso en marcha en septiembre.
Era una iniciativa por la cual el Govern le daba un documento de identidad digital a los ciudadanos catalanes mediante un sistema basado en la tecnología blockchain. El real decreto, precisamente, convierte el DNI español en el único documento que puede posibilitar la plena identificación de un ciudadano.
Pero este real decreto también llegaba meses después de que se conociera la sentencia de la causa del procés y Tsunami Democràtic convocara protestas en toda Cataluña mediante una aplicación de teléfono móvil con el que los ciudadanos podían ver si había manifestaciones cerca de su posición.
Según detallaron entonces fuentes del Ejecutivo al diario El País, el espíritu del decreto no es interrumpir los servicios de telecomunicaciones en caso de desórdenes públicos. Al contrario, la idea es "garantizar su prestación" y evitar "mal uso o abuso" de las infraestructuras en circunstancias extraordinarias.
Sin embargo, incluso organizaciones como Amnistía Internacional o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información censuraron el decreto del Gobierno al entender que ponía en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la red.
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