El Gobierno podrá intervenir redes como WhatsApp para enviar mensajes en situaciones de emergencia
- El Gobierno consolida su derecho a intervenir redes de comunicaciones como WhatsApp en situaciones de emergencia para enviar alertas públicas.
- Se trata de una prerrogativa que el Ejecutivo ya anunció con el famoso 'decretazo digital' de finales del año pasado, y que ahora forma parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
- La nueva norma está en período de exposición pública y todavía tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros y elevarse a su tramitación parlamentaria.
- La nueva Ley también contempla que redes como WhatsApp o Messenger pasarán a ser consideradas operadoras, por lo que deberían pagar una tasa.
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La Administración General del Estado podrá gestionar o intervenir "las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público".
En otras palabras: podrá intervenir redes de las operadoras —algo que ya ocurría— y ahora también de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Es una potestad que se reserva el Gobierno para situaciones de "carácter excepcional y transitorio".
Lo hace a través del artículo 4.6 del anteproyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que está disponible para consulta pública desde el pasado 11 de septiembre, cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo sacó a audiencia. Vozpópuli rescata el texto en un artículo de este miércoles.
En concreto, el Gobierno advierte que esta facultad "excepcional y transitoria de gestión directa o intervención" podría afectar a "cualquier infraestructura" o "recurso asociado", y que se podrá ejercitar respecto de los "proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración" —apps como WhatsApp, Messenger o Telegram—.
En estos últimos casos solo se podrá intervenir la red cuando estos servicios "tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso".
Paco Pérez Bes, socio de Derecho Digital de Ecix Group advierte, consultado por Vozpópuli, que la redacción de la nueva Ley podría generar controversia y dar lugar a problemas de interpretación. "¿Qué es una situación excepcional y dónde acaba lo transitorio?", se pregunta.
El anteproyecto de Ley General de las Telecomunicaciones ya sorprendió a muchos hace dos semanas cuando se supo que redes de comunicación interpersonal "independientes de la numeración" pasarían a ser consideradas como operadoras.
De este modo, aplicaciones como WhatsApp o Messenger —cuya propietaria es Facebook— o Telegram pasarían a tener que inscribirse en un registro de operadoras, que hasta ahora gestionaba la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y que en virtud de esta nueva ley pasará a depender del Ministerio de Asuntos Económicos.
Varios medios advertían entonces que figurar en el registro de operadoras implica también pagar una tasa: un euro por cada 1.000 euros que los "operadores" hayan ingresado por la explotación de su red.
No obstante, no termina de estar claro cómo y cuánto podría afectar a Facebook o a Telegram la existencia de esta tasa, dado que muchos de los ingresos que la tecnológica declara en España no son por el uso de WhatsApp, que todavía no distribuye anuncios entre sus usuarios.
El nuevo anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones lo que viene a hacer es convalidar de facto un Real Decreto que se presentó a finales del año pasado y que se aprobó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Unidas Podemos.
Este Real Decreto, conocido como el 'decretazo digital', ya contempla una reforma vigente de la Ley de Telecomunicaciones con la que el Gobierno podrá adoptar "por propia iniciativa o a instancias de una administración pública" la intervención de los servicios de red de comunicaciones si se ven comprometidos "el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
Según explicitaron entonces fuentes del Ejecutivo, el espíritu de esta nueva norma no es interrumpir los servicios de telecomunicaciones en caso de desórdenes públicos. Al contrario, la idea era "garantizar su prestación" y evitar "mal uso o abuso" de las infraestructuras en circunstancias extraordinarias.
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