Trabajo propone limitar a un año la duración máxima del contrato de prácticas y a 2 años en los de formación dual de universitarios o FP

Gobierno, sindicatos y patronales siguen enfrascados en la negociación para la derogación parcial de la reforma laboral, en un diálogo que se centra en las últimas semanas en las medidas para reducir la elevada tasa de temporalidad en el mercado de trabajo y para atajar el uso abusivo de los contratos de prácticas entre los trabajadores más jóvenes, tal y como han reclamado las autoridades comunitarias en los últimos meses.

Así, poco después de que se desvelase que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había lanzado una propuesta a los agentes sociales para utilizar el contrato fijo discontinuo para reducir la temporalidad y prohibir despidos en empresas que se acojan a los nuevos ERTE de reducción de jornada tras la pandemia, que causaron el rechazo de la CEOE, los medios se hacen eco de las propuestas de Díaz en lo que respecta a la reforma de los contratos de prácticas.

Así, Yolanda Díaz habría presentado una iniciativa a sindicatos y patronales para reducir a 3 las causas por las que se puede firmar un contrato formativo y limitar su duración máxima hasta 1 año en el caso de prácticas tras finalizar los estudios y de 2 años en los casos de formación dual, lo que supone recortar un año de duración máxima de ese tipo de contratos en ambos casos, segúnLa Información.

En concreto, el borrador del Ministerio define que los motivos para poder firmar un contrato formativo serán la realización de prácticas al finalizar estudios universitarios o de Formación Profesional (FP), para la formación dual en los programas públicos mixtos de formación y empleo de escuelas taller y para los universitarios y alumnos de FP, aunque no se incluyen detalles sobre estos contratos dado que se desarrollarán tras negociarlos con los agentes sociales, según el digital.

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Esas 3 causas permitirán acceder a un tipo único de contrato de cualificación profesional de los trabajadores en alternancia de la formación con la realización de una actividad laboral retribuida por la empresa, por lo que las prácticas deberán tener la finalidad de facilitar que se complete la formación del trabajador en prácticas, vinculándola la actividad que se desarrolle y estableciendo la asignación de un tutor que se coordine con los formadores y con los servicios públicos de empleo.

Además, de cara a evitar abusos sobre los trabajadores con contrato formativo, la propuesta de Yolanda Díaz mantiene la prohibición expresa de realizar horas extraordinarias o desempeñar su labor en horario nocturno o por turnos para los empleados en prácticas, actualmente vigente, además de fijar su remuneración respecto a su jornada efectiva de trabajo, a lo establecido en convenio colectivo y a la obligatoriedad de cobrar al menos el salario mínimo interprofesional.

Estas condiciones salariales suponen otra novedad en el borrador de Trabajo, dado que actualmente se establece que la remuneración de un trabajador en prácticas debe ser situarse al menos en el 60% del salario fijado por convenio para el puesto de trabajo que ocupe durante el primer año de contrato, para aumentar al 75% en el segundo año, mientras que en los contratos de formación y aprendizaje ya se establece el cobro de al menos el salario mínimo en proporción a la jornada realizada.