La Comisión Europea se mete de lleno en el conflicto entre grandes tecnológicas, telecos y el uso de la red con una nueva consulta

Tras años de conflicto, meses de rumores y semanas de expectativas, la Comisión Europea ha anunciado este jueves una "consulta" que se prolongará durante 12 semanas —hasta el 19 de mayo— con la que el Ejecutivo comunitario espera fijar su postura sobre el uso que hacen de las redes las grandes multinacionales tecnológicas.

En el asunto hay mar de fondo. Desde hace tiempo, las operadoras como Telefónica consideran que las tecnológicas como Google, Microsoft o Netflix deberían pagar parte del coste que supone levantar y operar las infraestructuras de telecomunicaciones. Las telecos entienden que las tecnológicas están copándolas, al requerir de un elevado ancho de banda.

Las multinacionales tecnológicas, como cabe esperar, rechazan tajantemente esa idea al entender que el coste de estas infraestructuras ya lo asumen los usuarios.

Las instituciones públicas, tanto en España como en Europa, han esquivado el asunto hasta ahora. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha roto este jueves ese silencio. Lo ha hecho anticipándose al Mobile World Congress, que comienza este fin de semana en Barcelona y aúna precisamente a lo más granado de los 2 sectores.

"Tenemos que pensar en las infraestructuras necesarias, tener en cuenta las disrupciones tecnológicas para hacer las inversiones de la forma más eficaz", ha remachado el comisario en una comparecencia en la que también ha recordado cómo la subida de costes o el contexto geopolítico añaden estrés al desarrollo de estas infraestructuras. "Todo eso también juega un papel".

Google se defiende ante las peticiones de las telecos de que paguen por las redes: creen que son dos negocios diferentes y que sus servicios ayudan a vender tarifas de internet

El objetivo de esta consulta es "aunar puntos de vista sobre los cambios tecnológicos y la situación del mercado, y cómo esto podría afectar al sector de las comunicaciones electrónicas", expone Bruselas a través de un comunicado. "Se busca, en concreto, identificar los tipos de infraestructuras necesarias en Europa para llevar más lejos desarrollos tecnológicos que sean transformadores".

La consulta también quiere recabar la opinión de quienes puedan verse interesados o afectados por la acción legislativa que pueda nacer a partir de esta audiencia pública. Algunos interrogantes que abre esta consulta, por ejemplo, es cómo se puede asegurar que las inversiones necesarias para actualizar estas infraestructuras se movilicen todo lo ágilmente que sea posible.

O cómo se puede ir hacia un mercado único con conexiones asequibles para los usuarios y que vaya cerrando paulatinamente la brecha en competencias digitales.

Lo que suceda una vez que el plazo de la audiencia pública termine es una incógnita. La Comisión podría proponer actualizaciones legislativas —que requerirían de la intervención posterior del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea— para acabar obligando a las grandes tecnológicas a pagar por el enorme uso que hacen de las redes.

Sin embargo, de prosperar una idea como esa, lo más probable es que la legislatura comunitaria termine antes de que se haya alcanzado un consenso sobre el tema. Breton ha sido preguntado por esto mismo, y aunque ha reconocido que el tiempo es uno de los "mayores enemigos", ha reivindicado que sería posible sacar adelante un reglamento.

La noticia de esta consulta pública ya ha tenido reacciones. Un lobby de tecnológicas, CCIA Europe, ha lamentado que en el cuestionario de la audiencia pública aparezca el término de "contribución justa" que desde esta plataforma consideran una premisa "falsa" por parte de las telecos.

"Con todo, la mayor parte de las preguntas solo pueden ser respondidas por tecnológicas u operadoras, excluyendo al resto de interesados. Así pues, urgimos a la Comisión a adoptar un enfoque más inclusivo y que dé un peso similar a las preocupaciones que han planteado grupos de consumidores, organizaciones civiles, etc".

Una nueva directiva para agilizar trámites y ahorrar costes en el despliegue de redes

El comisario Breton ha presentado la consulta previa en el marco de una nueva hornada de iniciativas relacionadas con el desarrollo de las redes en la Unión. Entre esas medidas también aparece una nueva directiva, que reemplaza la directiva de reducción de costes del bando de ancha de 2014, y que responde a la "urgente necesidad" de desarrollar infraestructuras más rápidamente.

Esa urgencia responde al desarrollo de sectores clave y tecnologías como la nube, la inteligencia artificial, la realidad virtual o el metaverso en el que "los ciudadanos europeos disfrutarán de sus derechos digitales". 

La nueva norma, bautizada como Ley de la Infraestructura Gigabit, buscará sobreponerse al "desafío que es el desarrollo lento y costoso de la infraestructura física que sostiene a las redes avanzadas Gigabit". "Entre otras cuestiones, digitalizará y simplificará procedimientos burocráticos", y favorecerá la coordinación de las operadoras a la hora de acometer obras.

Esas obras —hay que cavar para poder soterrar cables— suponen en muchos casos el 70% de los costes de las telecos a la hora de levantar nuevas redes.