La ley de startups llegará al Congreso a contrarreloj después de verano: los grupos ya están redactando el informe antes de elevarlo a la Cámara

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confió el mes pasado en que la ley de startups llegaría al Congreso de los Diputados durante el mes de septiembre. Por el momento, los plazos se están dando: el día 29 de junio terminó su plazo de enmiendas, comenzando el de informe.

La norma pasa directamente al plazo de informe después de que ningún grupo político haya presentado una enmienda a la totalidad. Según estipula el reglamento del Congreso, al no haber existido esas enmiendas a la totalidad, no es necesario celebrar un debate de enmiendas, con lo que la Comisión de Asuntos Económicos ya procede a redactar ese informe.

El plazo de enmiendas suele durar 15 días hábiles, aunque la intensa actividad legislativa de la Cámara ha propiciado que en el caso de la ley de startups el plazo se haya dilatado hasta 4 meses y medio. Fuentes gubernamentales detallaron a Business Insider España que la prioridad entonces estaba en la nueva ley de telecomunicaciones, que fue aprobada hace unas semanas.

Este plazo de informe, aunque también es de 15 días, puede ser prorrogado "cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de ley así lo exigiere", según estipula el mismo reglamento de la Cámara.

En realidad, este plazo de informe ni siquiera ha empezado a contar. Aunque arrancó el 29 de junio, julio y agosto son períodos extraordinarios en las Cortes. La actividad legislativa ordinaria regresará en septiembre. Con todo, el Parlamento ha vivido debates y comisiones estos días por precisamente la convocatoria del debate sobre el estado de la nación que comenzó el pasado martes.

Dicho así, el período de informe del proyecto de ley de empresas emergentes (el título formal de la ley de startups) podría culminar a mediados de septiembre, o a finales de ese mismo mes en caso de ser prorrogado. Una vez se termine de redactar ese informe, la Comisión comenzará el debate sobre el proyecto de ley, artículo a artículo.

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Concluido el debate se tendrá el dictamen de la Comisión, que se enviará a la presidenta del Congreso. En las 48 horas siguientes, los grupos parlamentarios tendrán que notificar a la presidenta del Congreso aquellos votos particulares o enmiendas que habiendo sido defendidos y votados en Comisión "y no incorporados al dictamen" pretendan "defender en el Pleno".

Una vez se dé el debate en el Pleno y prospere esta ley de startups, será cuestión de semanas que el texto definitivo salga en el Boletín Oficial del Estado, especificando su entrada en vigor, que el Gobierno confía en que suceda antes de que termine 2022.

De este modo se cumple lo que la propia Calviño avanzó en la apertura del South Summit, que este año celebró su décima edición. "Empezaremos la negociación en el parlamento en septiembre y esperamos que la ley esté adoptada lo antes posible en este año, para que sea una realidad y España sea uno de los países más atractivos para que las startups puedan establecerse aquí".

"La ley de startups va a poner a España a la vanguardia en promover y atraer inversión y talento a nuestro país, también va a promover las startups visas (visados especiales para emprendedores y expertos en tecnología), los beneficios fiscales y un tratamiento muy favorable de las stock options", explicó entonces la mandataria.

Entre las novedades que ofrece el nuevo texto, que en su primera redacción fue muy criticada por los emprendedores e inversores, se incluye una deducción del 15% del Impuesto sobre Sociedades durante los primeros 4 años de existencia de las empresas emergentes (compañías innovadoras de menos de 5 años, o 7 en áreas como la biotecnología) que sean certificadas por la empresa pública Enisa.

La base máxima de deducción por inversión en startups se eleva de 60.000 a 100.000 euros anuales, y el tipo de deducción pasa del 30% al 50%.

Por su parte, la exención fiscal sobre las stock options (participaciones en el capital de la compañía que las startups incluyen como parte de la remuneración a sus trabajadores) se eleva de los 12.000 a los 50.000 euros anuales y además se permite retrasar su tributación hasta el momento en el que se hagan líquidas, ya sea por venta o por salida a bolsa.