De 5.000 euros a 1: el Gobierno busca abaratar la creación de nuevas empresas con la Ley Crea y Crece, que quiere facilitar las gestiones de las nuevas sociedades mercantiles

En España, la media para crear un empresa ronda el mes, y la inversión requerida para hacerlo, sumando todas las tasas e incluyendo en ellas a abogados y notarios, puede ascender por encima de los 5.000 euros. Son estimaciones de Roger Mestres, abogado y manager del bufete de abogados CIM Tax & Legal, en declaraciones recogidas por el portal autonomosyemprendedor.es

Se trata de una información que Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, tiene muy en cuenta. Por ello, desde hace meses el Ejecutivo trabaja en la Ley Crea y Crece, una nueva normativa que busca facilitar a los emprendedores la creación de nuevas sociedades para que el capital se mueva en el país.

Lo hace tratando de aplicar dos claves: acabar con el requisito de que para formar una nueva sociedad se ha de presentar un capital mínimo de unos 3.000 euros y tratando de reducir el tiempo de cuatro semanas que hoy, de media, puede llegar a tardar un nuevo empresario en constituir su empresa. 

Para ello, el Ejecutivo estudia desde principios de año la implantación de un sistema que permita crear una nueva sociedad mercantil presentando un simbólico euro de capital y en el que los trámites para hacerlo se puedan hacer en algo más de una semana y de manera online. Tras meses de reuniones y deliberaciones, el pasado lunes Calviño anunció que este anteproyecto de ley será sometido a consulta pública antes de que termine el mes de julio.

A partir de ese momento, agentes especialmente interesados en la cuestión como la CEOE podrán sugerir las modificaciones de la ley que crean necesario.

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Se trata de una aceleración en los trámites que ha sido interpretado en el sector como una manera del Gobierno de apostar por la creación de empresas en mitad de la creciente quinta ola coronavirus, una pandemia que ha dejado maltrecha la economía de todo el mundo. Pero esto no será todo. La tercera pata sobre la que se asentará esta ley es un intento por reducir la morosidad entre empresas a 60 días, un factor que sobre todo perjudica a las pymes.

Una normativa que fomenta la creación de empresas fantasma

También perjudica al propio Estado: "Los largos plazos de constitución de las sociedades incrementan las sociedades inactivas", explica Mestres al respecto en autonomosyemprendedor.es.

Se trata de lo que en el sector se conoce como empresas zombi, sociedades mercantiles que, en teoría, operan en el mercado, pero que no presentan cuentan anuales ni Impuesto de Sociedades, lo que va en detrimento de las arcas públicas, que cuenta en sus previsiones con cobrar impuestos de más empresas de las que de verdad existen.

El fenómeno, opina este experto, tiene una de sus causas en la burocracia: "En España hay muchas sociedades inactivas o fantasmas. Formalizar toda la documentación para dar de alta en el registro mercantil un negocio conlleva demasiado tiempo, por lo que, al final, lo que la mayoría de la gente hace es constituir entidades para darles uso en un futuro. En el momento en que les conviene, hacen una ampliación de capital o incluyen a otro socio para empezar a desarrollar la actividad".

El Gobierno les ha declarado la guerra después de que a finales del año pasado el propio Banco de España advirtiera de que las sucesivas moratorias a la Ley Concursal estaban fomentando la supervivencia de empresas fantasma. En la práctica, esto significa que una medida pensada para favorecer a empresas endeudadas por el coronavirus pero viables a medio y largo plazo estaban beneficiando más bien otras manifiestamente insolventes.

La cuantía de la multa por no presentar las cuentas de resultados o no pagar Impuesto de Sociedades, explica Mestre a este medio, asciende a los 200 euros por cada año que no se han saldado cuentas con Hacienda: "Aunque tarde, la Agencia Tributaria se termina dando cuenta de las sociedades inactivas que no han presentado sus cuentas. Suele tardar entre tres o cuatro años en iniciar un procedimiento inspector de este tipo, pero siempre lo acaba haciendo".

El Gobierno prepara ayudas fiscales para las nuevas empresas

No es el último frente abierto por el Gobierno. En el horno, cocinándose lento todavía, tiene la Ley de Startups, un esperado paquete de ayudas fiscales para empresas que comienzan su actividad que a principios de este mes de julio al fin tomó forma de anteproyecto de ley.

Este, tal y como llegó entonces al Consejo de Ministros, busca favorecer la inversión con una serie de exenciones fiscales para las que las startups tendrán que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos destaca que el concepto que plantean sea innovador, no facturar más de 5 millones de euros al año, que tengan su sede social y más de la mitad del empleo con contratos en España, que no lleven funcionando más de 5 años (7 en algunos casos como el de las biotecnológicas) y no ser una sociedad cotizada ni haber distribuido dividendos.

Las medidas contemplan además, entre otras ventajas, una reducción del Impuesto de Sociedades y del IRPF a los no residentes del 25% al 15% durante un periodo máximo de 4 años y un régimen tributario favorable para quienes teletrabajen fuera de España.

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