Las claves del fondo público de pensiones que prepara el Gobierno

Dentro de las propuestas enmarcadas en el Pacto de Toledo para llevar a cabo las necesarias reformas del sistema de pensiones español, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la creación de un fondo público de pensiones, al estilo del famoso fondo soberano noruego.

Este ambicioso proyecto está incluido dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que están pendientes de aprobación parlamentaria, después de salvar el primer escollo en el Congreso de los Diputados. Y aunque todavía no se saben todos los detalles de este instrumento, sí se conoce que tendrá titularidad pública que será gestionado por una entidad privada, y que servirá para dinamizar el ahorro de los ciudadanos españoles. 

Un superfondo de pensiones al estilo británico

El fondo público de pensiones será una mezcla entre los modelos, de probado éxito, de las EPSV del País Vasco y el NEST del Reino Unido. Estará promovido por el Ministerio de Seguridad Social, y a él se irán adscribiendo los fondos de empleo de empresas, especialmente pymes, además de autónomos y las administraciones públicas. 

Se prevé que este modelo se articule a través de planes de empleo de aportación definida y compartida entre la empresa y el trabajador, y que sea una vía alternativa a los planes de pensiones privados, que generalmente son el tipo de vehículo preferido por los trabajadores para ahorrar de cara a su jubilación. 

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Además, su objetivo es proporcionar una seguridad adicional por todo el respaldo institucional de este producto. Es decir, a diferencia de otros instrumentos de inversión, el fondo público de pensiones servirá para garantizar el patrimonio de sus partícipes, que se invertirá en los mercados financieros para obtener mayores rendimientos y así aumentar los ahorros de los beneficiarios a largo plazo. Eso sí, se entiende que, tal y como ocurre con otros fondos públicos de pensiones, las inversiones estarán asociados a productos de bajo riesgo con el fin de no comprometer el capital de los trabajadores.

El Gobierno se ha dado un plazo de 12 meses para presentar un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo, en el que se atribuye a la Administración General del Estado la capacidad legal para su promoción.

Lo que sabemos hasta ahora

Aunque todavía no se conocen todos los detalles en torno a la articulación de este fondo, sí se saben algunos aspectos básicos del mismo. Por ejemplo, podrán adscribirse los planes de pensiones de sistema de empleo de aportación definida que así establezcan en sus especificaciones, así como aquellos que no determinen un fondo de pensiones específico concreto.

Además, se podrán canalizar hacia él inversiones de otros fondos de empleo, sin impacto fiscal para sus partícipes. Su política de inversión estará regida por una comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada salvo con las autorizaciones expresas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también tendrá derecho de veto en relación con las decisiones de esta comisión.

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La fiscalidad, clave en este instrumento

Uno de los aspectos claves de este fondo público de pensiones será su atractiva fiscalidad. Para complementar la creación de este “superfondo”, el Gobierno pretende aumentar hasta los 10.000 euros la cantidad que los trabajadores pueden desgravarse, frente a los 8.000 euros actuales. Al mismo tiempo, su intención es desincentivar el ahorro privado a través de planes de pensiones, al reducir la cantidad máxima desgravable hasta los 2.000 euros.

Esto permitirá, para una renta media que aporte hasta los citados 10.000 euros anuales, un ahorro de cerca de 2.200 euros en su declaración de la renta. Aunque, como ya ocurría con los planes de pensiones privados, el ahorro será mayor conforme aumente la renta del contribuyente, especialmente si disminuye el tipo marginal gracias a esta deducción.

Evidentemente, todas estas condiciones deberían servir para estimular la competencia en el sector para abaratar las comisiones de este tipo de productos, que el Gobierno considera excesivamente elevadas, lo que le resta atractivo al instrumento.