En qué consiste el nuevo acuerdo europeo para lograr salarios mínimos dignos: los países deberán subir el SMI al menos cada 2 años y beneficiará a 20 millones de trabajadores

El logo de la Unión Europea.
REUTERS/Virginia Mayo/Pool

Los países europeos deberán subir el salario mínimo al menos cada 2 años, y garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo. La Comisión Europea y el Parlamento han llegado a un acuerdo para asegurar salarios mínimos dignos en toda la Unión Europea.

La nueva normativa "protegerá la dignidad del trabajo y asegurará que el trabajo se pague", ha avanzado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der leyen.

Se trata de una nueva directiva vinculante que sienta unos criterios mínimos nacionales que deben guiar a los Estados miembros a la hora de adecuar los salarios. El acuerdo se basa en dos pilares:

En primer lugar, se fijarán unos estándares dignos para los salarios mínimos legales de cada país. "Los Estados miembros están obligados a utilizar ciertos valores de referencia para orientar su evaluación de la adecuación de sus salarios mínimos legales", explican fuentes de Renew Europe a Business Insider España.

Entre estos valores de referencia, Bruselas apunta a indicadores internacionales, como el objetivo de que el salario mínimo suponga al menos el 60% del salario medio bruto (que es la meta que se ha marcado el Gobierno de España, por ejemplo, para 2023). 

Actualmente, 18 países de la UE no cumplen este criterio, y entre ellos se encuentra España.

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Otra opción será fijar criterios nacionales propios. Pero en este caso, la Comisión advierte que deberán incluir "al menos el poder adquisitivo de los salarios mínimos, el nivel general de salarios brutos y su distribución, la tasa de crecimiento de los salarios brutos y la evolución de la productividad laboral".

Una medida clave, dado el impacto que está teniendo el actual contexto inflacionista en el bolsillo de los trabajadores, pero que a efectos prácticos puede quedar en papel mojado, ya que no se traduce en una obligatoriedad explícita.

"Hoy en día, muchos trabajadores luchan para llegar a fin de mes: los dependientes de tiendas, los repartidores de paquetes y los trabajadores de distribución mantienen a flote a nuestras sociedades. A pesar de que trabajan 40 duras horas a la semana, no pueden pagar la explosión de los precios de los alimentos y la energía", lamenta Agnes Jongerius, portavoz de empleo del grupo parlamentario de socialdemócratas (S&D).

Además, "los Estados miembros deberán garantizar la actualización periódica de los salarios mínimos, al menos cada 2 años", añaden fuentes de Renew. Esto evitaría la congelación indefinida del SMI a voluntad de las empresas.

Por otro lado, el acuerdo busca reforzar la negociación colectiva en la fijación de los salarios. En estados donde el porcentaje de trabajadores amparados por convenios colectivos sea inferior al 70%, será necesario aplicar un Plan de Acción Nacional para aumentar progresivamente el número de trabajadores protegidos por convenio, señalan desde el grupo parlamentario de los socialistas europeos.

Las brutales diferencias entre países truncan la fijación de un salario mínimo estándar 

Sin embargo, la norma no fija un salario mínimo estándar, ni siquiera umbrales comunes obligatorios. Las grandes diferencias entre los estados, tanto en lo relativo a sueldos medios, como a la regulación (6 países europeos no disponen de SMI), han llevado a que este pacto se quede en un acuerdo de mínimos.

En la actualidad, un total de 21 Estados miembros, entre ellos España, tienen un salario mínimo por ley. En los otros seis (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria y Chipre), el SMI se fija exclusivamente mediante la negociación colectiva.

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Según Eurostat, uno de cada 10 trabajadores europeos está en riesgo de pobreza, cifra que se eleva a uno de cada 6 para los trabajadores temporales a tiempo parcial. Alrededor del 70% de los trabajadores con salario mínimo tienen dificultades para llegar a fin de mes, y el 60% de los asalariados mínimos son mujeres, según la Fundación Böckler.

20 millones de trabajadores se beneficiarán de la medida

Según estimaciones de la Comisión Europea en el texto de la directiva, "entre 10 y 20 millones de trabajadores se beneficiarán de estas mejoras". En numerosos países, el aumento de la protección del salario mínimo se traducirá en una reducción de la pobreza y desigualdad en más de un 10%, y en un ajuste de la brecha de género del 5%.

El impacto económico también implicará un aumento de costes para las empresas, reconoce la directiva, lo que podría derivar en incrementos de precios o menores beneficios. Sin embargo, estas consecuencias se verán mitigadas por el aumento del consumo de parte de los trabajadores de menores rentas, que al verse beneficiados por la subida salarial empujarán la demanda doméstica.

Qué será obligatorio para todos los países

  1. Tomar medidas para proteger a más trabajadores por convenio. Si la cobertura de la negociación colectiva es inferior al 70%, los Estados miembros también deberán establecer un marco de condiciones favorables para la negociación colectiva, ya sea por ley o mediante un acuerdo con los agentes sociales.
  2. Garantizar que en las empresas beneficiarias de contratos públicos o concesiones cumplan con el salario establecido por convenio o el SMI.
  3. Prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por incumplimiento de las disposiciones nacionales sobre protección del salario mínimo.

Requisitos para países donde hay salario mínimo legal

  1. Establecer criterios estables y claros para fijar y subir el salario mínimo.
  2. Limitar el uso de variaciones y deducciones del salario mínimo legal para grupos específicos de trabajadores.
  3. Asegurar el acceso efectivo de los trabajadores a la protección del salario mínimo legal, fortaleciendo los controles y las inspecciones.

Próximos pasos

Los Gobiernos de la UE decidirán por mayoría cualitativa el 16 de junio sobre este acuerdo político. Se espera que el comité de empleo del Parlamento Europeo vote en junio y la Directiva se adoptará en el pleno de septiembre. Una vez adoptada, los Estados miembros de la UE tendrán 2 años para transponer la Directiva de la UE sobre salarios mínimos adecuados a la legislación nacional.

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