He contado todas las cámaras de vigilancia que he visto por la calle en el trayecto de casa al trabajo y tengo claro que la privacidad ya no está solo en nuestras manos

Están ahí aunque no siempre las veamos.

Las esquinas, los portales, los bancos e incluso los restaurantes se han llenado en los últimos años de ojos. Cámaras de vigilancia, a veces más o menos discretas, que registran los movimientos de todos los ciudadanos. Forman parte de nuestra rutina y la mayor parte de las veces tendemos a obviarlas. Aunque siguen estando ahí.

El Estudio 3123 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en la Encuesta Social General Española (ESGE) de 2015 por última vez sobre sistemas de videovigilancia y cámaras de seguridad. La tendencia mayoritaria era favorable, si bien muchos de los encuestados consideraban excesivo la implementación de estos dispositivos en entornos como el de la restauración o de la vía pública.

Datos previos del CIS, de una oleada del año 2009, destacaban que el 68,7% de los ciudadanos españoles apoyaban sistemas de videovigilancia, según recordaba la especialista Gemma Galdon en este ensayo publicado en EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales.

La preocupación por la privacidad sigue creciendo, como refleja la última memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo recibió 1.189 reclamaciones relacionadas con sistemas de videovigilancia en 2020, siendo la tercera materia más denunciada por los ciudadanos solo por detrás de cuestiones planteadas por servicios de internet o ficheros de morosos.

Sin embargo, en 2020 se registró un descenso del 16% con respecto a los valores de 2019. Las reclamaciones interpuestas por videovigilancia significaron el 12% del total recibidas por la AEPD en 2020.

En cuanto a procesos sancionadores culminados, los relacionados con estos sistemas fueron los más numerosos. En 2020 se cerraron 106 procedimientos de sanción, un descenso del 11% con respecto al mismo período del año anterior. Esos 106 procedimientos de sanción contra sistemas de videovigilancia significaron, en 2020, el 24% de todas las sanciones propuestas por la Agencia.

"Los procedimientos sancionadores originados por reclamaciones motivadas por sistemas de videovigilancia que graban vía pública y carecen de cartel informativo siguen siendo muy numerosos, reflejando la preocupación de los ciudadanos por la vulneración de su privacidad por grabaciones desproporcionadas a la finalidad perseguida", enfatizaba la propia AEPD en su memoria.

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Las cámaras de videovigilancia a menudos son conocidas como cámaras de seguridad, lo que implica un matiz tan interesante como interesado. Estos dispositivos solo se pueden operar en la vía pública por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo excepciones: establecimientos que quieran proteger sus bienes.

"La instalación de videocámaras en lugares públicos, tanto fijas como móviles, es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", recuerda la guía de uso de la propia AEPD. Aunque no es extraño encontrar con establecimientos privados con cámaras en su fachada para proteger sus bienes.

El partido Podemos, por ejemplo, denunció un ataque a su sede en Cartagena que ya se ha saldado con la detención de un neonazi. Pero la AEPD también ha sancionado a la formación morada porque las imágenes que captaban sus cámaras de vigilancia grababan perfectamente lo que ocurría en la vía pública tras sus escaparates.

Es imposible discernir cuántas cámaras hay en España. Informes de empresas del sector citados por Telemadridaseguran que ya hay una cámara por cada 52 habitantes en España. Ciudades como Marbella se han convertido en auténticos laboratorios de vigilancia. El año pasado, Newtral hizo un interesante ejercicio: preguntó a los ayuntamientos de diversas ciudades cuántas cámaras operan.

Muchas corporaciones no quisieron contestar. Algunas, como Bilbao, arguyeron motivos de "seguridad". La Policía Municipal de Madrid, por ejemplo, operaría más de 200 cámaras. La Policía Local de Málaga, unas 137. En Barcelona la cifra se reduce a la mitad, con 63. Solo en el Metro de Madrid hay más de 4.000 cámaras de videovigilancia, un servicio cuyo mantenimiento integral cuesta más de 4 millones de euros entre 2019 y 2023.

Algunos expertos vaticinan que para el año que viene, en el mundo se habrán podido desplegar más de 45.000 millones de estas cámaras.

En diciembre de 2019, el redactor de Business Insider James Pasley hizo un ejercicio: fotografió todas. las cámaras de videovigilancia que se encontró en el camino desde su casa a la redacción central en el centro de Manhattan, en Nueva York (EEUU). Pasley concluyó que lo que había visto era una "realidad distópica" a la que no se le presta demasiada atención. Puedes leer su artículo en inglés aqui.

Hemos querido hacer el mismo ejercicio pero en Madrid, en el camino de Chamberí a la redacción de Axel Springer España, editora de Business Insider España. Esto es lo que nos hemos encontrado.

El trayecto de mi casa en Chamberí a las oficinas de Business Insider España dura unos 45 minutos usando transporte público, aunque esta vez tardaría algo más para ir deteniéndome en todas las cámaras que viese. La primera que vi fue la de mi móvil.

No son cámaras de vigilancia al uso, pero dispositivos tan garantistas como la privacidad como son los iPhone ya han dado algún susto desde que mediante hardware enseñan al usuario cuando una app ha accedido a la cámara, con y sin permiso. ¿Quién sabe quién nos puede estar viendo?

Los carteles que indican que la zona está videovigilada son obligatorios. La AEPD ofrece un modelo. El despliegue de estos sistemas en portales se regula con la Ley de Propiedad Horizontal.

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Llevaba 2 minutos en la calle y aunque no había visto ni una sola cámara en la vía pública, es verdad que todos los bloques de viviendas tenían estos carteles bien señalizados.

También en una entidad bancaria. En esos carteles se deben detallar quién es el responsable que tratará los datos personales que se extraigan del uso de estos sistemas de videovigilancia.

Pensaba que no me iba a encontrar demasiadas cámaras, pero a los 5 minutos me topé con un establecimiento con cámaras en la vía pública. Eso sí, enfocaban a su propio local.

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Aunque es cierto que otras videocámaras eran más difíciles de entender.

En mi barrio hay varias casas de apuestas y, por supuesto, todas tienen sus cámaras de videovigilancia, aunque son algo más discretas que las de otros establecimientos.

Cuando llegué a la parada de metro, me encontré con un enorme centro comercial que también tenía varias cámaras de vigilancia. Estas, sin embargo, están bastante amparadas por la ley.

Es una de las excepciones según la propia guía de la AEPD para el despliegue de estos dispositivos en la vía pública.

"Gran parte de la actividad de los ciudadanos se desarrolla en espacios que admiten el acceso al público en general, como centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio o aparcamientos. Nos referimos a lugares a los que los ciudadanos pueden tener libre acceso aunque sean de propiedad privada, en los que sus titulares utilizan los sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones".

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Este centro comercial era, sin duda, el que más cámaras tenía en todas sus fachadas. No había llegado a la parada de metro y en 10 minutos ya había contado unas 7 cámaras.

Lo primero que me saluda al bajar las escaleras del metro es, precisamente, otra videocámara. En la red del subterráneo de Madrid hay más de 4.800 dispositivos como este.

Aunque no están solo las del metro: los cajeros automáticos de algunas sucursales están incorporando cámaras para, en un principio, que el cliente pueda comprobar que no hay nadie vigilándole mientras saca dinero.

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Lo más curioso del Metro es que las cámaras son bastante más grandes e intimidantes, en parte gracias a que en muchos vestíbulos los techos son bastante bajos.

Por ejemplo, en esta sala de la parada de metro cercana a mi casa me encontré con 4 cámaras, lo que generaba una sensación de mucha vigilancia.

Por supuesto, las cámaras del metro también están en los andenes.

Y en teoría, en el interior de muchos de los vagones, aunque en este caso yo no fui capaz de detectar ninguna.

Sin embargo, en el interior de los mismos sí hay avisos que siguen los patrones que recomiendan la AEPD, en el que se informa a los pasajeros de sus derechos ante el tratamiento de sus imágenes. 

Tras media hora de trayecto en metro, salgo de nuevo de la estación. Me cruzo con unas cuantas cámaras más, la última a un paso de salir a la superficie.

Lo que me sorprendió al llegar al barrio en el que está mi trabajo es que hay muchas más cámaras en la vía pública. Las primeras que me encuentro son de un centro cultural de la Comunidad de Madrid.

En cada una de sus esquinas había cámaras de videovigilancia que rastrean los pasos de cualquiera que pase por allí. En su patio interior también, pero me chocaron más estas que apuntan a la acera.

Cerca de ese centro cultural hay un edificio de una consejería autonómica, por lo que también me encontré con muchas cámaras más.

Esta, por ejemplo, está en la entrada del edificio, aunque en todas sus esquinas había unas cuantas más.

Como esta.

Al lado del edificio del Gobierno autonómico me encontré con un inmueble de oficinas. Este parecía completamente privado, por eso me impresionó mucho esta cámara también apuntando directa a la calle. 

O en la esquina. Aunque solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan emplear esta tecnología en la vía pública, parece obvio que las excepciones legales que se contemplan permiten que estos sistemas ya formen parte de nuestro paisaje urbano.

Y lo que no había visto en Chamberí sí que me lo encontré en esta zona, que está entre Delicias y Méndez Álvaro, al sur del centro de la ciudad. Junto al edificio de oficinas, un bloque de viviendas. En todas las esquinas, más cámaras.

A estas no les encontré mucho sentido, porque muchas ni siquiera estaban cerca de sus portales. Simplemente estaban en las esquinas, grabando la vía pública.

Lo mismo ocurre con este local de una pyme. Más cámaras.

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El edificio en el que están las oficinas de mi trabajo no iba a ser la excepción.

Mi paseo a la oficina termina tras contar alrededor de una treintena de cámaras. Seré sincero. El número es disparatado, pero me esperaba muchas más. El siguiente gran debate tendrá que ver con el uso de sistemas de reconocimiento facial.

Por ahora tenemos la certeza de que estos sistemas de inteligencia artificial no se han desplegado de forma masiva en España... ¿verdad? Hace unos meses, AlgorithmWatch informaba sobre cómo una estación de autobuses cercana a mis oficinas llevaban años usando cámaras de reconocimiento facial sin que los ciudadanos lo hubiesen notado.

El último intento fue el de Mercadona. La cadena de supermercados quiso desplegar esa tecnología en una decena de establecimientos, pero tanto la justicia como la AEPD han frustrado sus intenciones tras sancionarla con una sanción de 2,5 millones de euros.

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El Reglamento sobre la IA de la Unión Europea todavía no es una realidad. De él solo se conoce un borrador que ya se puede consultar y que España quiere aplicar convirtiendo el país en un territorio en el que desarrollar el piloto. Este Reglamento trae importantes novedades, y el Comité Europeo de Protección de Datos ha pedido vetar el uso de estas tecnologías de reconocimiento facial en la vía pública.

Pero viendo que las excepciones se convierten en prácticamente norma, habrá que estar atentos. Aunque solo la policía pueda instalar y usar esta tecnología en la calle, basta darse un paseo por Madrid para entender que las cámaras están por todos lados.