El Consejo de Ministros ha confirmado este martes 14 lo que ya había anunciado 2 semanas antes Pedro Sánchez: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Tras el incremento aprobado, del 8%, el SMI queda en 1.080 euros al mes a lo largo de 14 pagas, lo que supone un aumento del 47% desde el inicio de la legislatura, hace 5 años.

"No es un dato más; es una variable que permite cambiar la vida de la gente", ha recalcado en una rueda de prensa Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, quien también ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para sentarse a negociar y "subir los salarios en el convenio colectivo".

De esta forma, una persona trabajadora que cobre el salario mínimo pasará a ganar 80 euros más en cada una de las 14 mensualidades, es decir, 1.120 euros más al año. Pero, ¿qué sucede en el lado de los empleadores?

Cuánto más paga un empleador con la subida del SMI en 2023

Las personas trabajadoras en una situación precaria se verán beneficiadas con esta subida, especialmente mujeres y jóvenes, que son el perfil mayoritario de entre los perceptores del SMI. "Es la mejor herramienta" para combatir la pobreza y la desigualdad, ha asegurado Yolanda Díaz.

En el otro lado del mercado laboral, los empleadores tendrán que pagar más a las personas empleadas a las que tengan contratadas con el sueldo mínimo legal, de forma que verán incrementados sus gastos, tanto en nóminas como en otras partidas.

Así, un negocio o una persona autónoma con empleados tendrá que pagar 20.903,40 euros anuales a cada uno en 2023, tras la subida del SMI, según Autónomos y emprendedor.

Aprobada la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros al mes: así te afecta

Esta cifra se obtiene de sumar el coste salarial mensual por empleado (1.735,65 euros, o 20.827,80 euros al año, incluyendo nómina, pagas extra prorrateadas y cotizaciones a la Seguridad Social) y el aumento de las cotizaciones que corresponde al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este, que busca recaudar fondos para la hucha de las pensiones y ha entrado en vigor este año, impone una cotización adicional del 0,6%: 0,5% que pagan los empresarios y el 0,1% restante, los trabajadores.

Frente al dato anterior, el coste por trabajador en 2022 (en el SMI, cuando este se encontraba en 1.000 euros al mes, y aún sin el MEI en vigor) que tenían que pagar los negocios y autónomos empleadores por cada persona que cobrase el mínimo legal era de 1.607,09 euros mensuales, o 19.285,08 euros al año, de acuerdo con los cálculos de un abogado laboralista de la gestoría Barcons, en exclusiva para Autónomos y emprendedor.

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De esta forma, una persona empleadora que abone el salario mínimo tendrá que pagar 1.618,32 euros más en 2023 (20.903,40 euros) respecto a 2022 (19.285,08 euros) por cada empleado, lo que supone un 8,39% de incremento.

De esta forma, una empresa con 5 empleados con el SMI pagaría unos 8.092 euros más al año en total, que ascenderían a 16.183 euros si tiene 10 empleados en esta situación y a 161.832 euros si contrata a 100 empleados y les paga el mínimo legal, como algunos ejemplos.

"Hay que entender que las empresas, para poder crear empleo, tienen que obtener beneficios y que los salarios no pueden comerse los márgenes. Con carácter general, esos incrementos salariales deben tener en cuenta variables como la productividad, la situación particular de las empresas o la inflación para evitar efectos de segunda ronda", ha advertido en declaraciones al citado medio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que se ausentó de la mesa de negociaciones.

Por el contrario, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido con vehemencia la subida del SMI, frente al constante "mantra" de que destruye empleo.

"No hay ningún dato" que sostenga "semejante afirmación", ha resaltado: "Todo lo contrario". Además, la ministra y vicepresidenta ha destacado el "impacto clave" que tiene el salario mínimo interprofesional en la pobreza infantil de un país, la esperanza de vida de las personas y en la salud mental.