El Estado ha reclamado 811 millones de euros a las empresas que han realizado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) a trabajadores con más de 50 años.
La mayor parte de esa cantidad ya ha sido pagada y entre las compañías penalizadas destacan grandes nombres, como el de Telefónica, según datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) a cierre del año pasado, publicados por La Información.
Precisamente la firma dirigida por José María Álvarez-Pallete es la que 'dio' el nombre oficioso de 'enmienda Telefónica' a esta medida, que lleva aplicándose en España desde que la aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
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Así, se establecía que las empresas de cierto tamaño (una plantilla de más de 500 personas; luego bajado el listón a más de 100) y con importantes beneficios debían compensar al SEPE las prestaciones de los trabajadores de más 50 años incluidos en despidos colectivos. El origen: el ERE para más de 6.000 empleados anunciado por Telefónica entonces y como vía para evitar la retirada de trabajadores antes de la edad legal de jubilación.
Desde ese momento, el Estado ha reclamado diferentes cantidades de dinero cada año, hasta llegar a este total de más de 800 millones de euros por los 23.101 trabajadores despedidos por parte de 76 empresas. De esos, el Tesoro Público ya habría ingresado 9 de cada 10 euros (725 millones), con 305 millones (el 42% de lo abonado) provenientes de Telefónica.
El número de empresas a las que apuntan las reclamaciones ha ido aumentando en los últimos años, según recoge La Información: eran 47 empresas en 2018, 61 en 2019 y 71 en 2020, por las 76 actuales. Además de Telefónica, se encuentran grandes nombres como Santander, Caixabank, Bankia y Repsol entre las inmersas en este proceso.
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El Estado reclamó 676 millones de euros entre 2012 y 2018 que prejubilaron a estos trabajadores con más de 50 años a través de un despido colectivo. Según el medio, en 2020 se recaudaron 615 millones de los 682 millones de euros reclamados en total hasta entonces: el mismo 90% que suponen los 725 millones aportados hasta 2022 de los 811 millones adeudados.
La medida se aplica desde hace una década, solo a empresas de gran tamaño y con resultados sobradamente positivos. El porcentaje final que paga la empresa se define según su tamaño, el reparto por edad de los afectados por el ERE y la ratio entre ingresos y beneficios de la compañía afectada.
Además, las empresas pueden recurrir esta reclamación y no están obligadas a compensar al Estado por las prejubilaciones hasta que no se lleve a cabo el despido colectivo, por lo que el proceso puede dilatarse en el tiempo.