El fin de las 'Golden Visa': ¿sirve de algo cargarse los visados de oro de vivienda para extranjeros?

"Están comprando cada vez más pisos en el centro. Tienen mucho dinero", contaba hace unos días Lorenzo, dueño de una peluquería en el madrileño barrio de Alonso Martínez. Según afirmaba, los extranjeros de fuera de Europa que acudían a su local se habían disparado en los últimos meses.

Obviamente, esto es solo una percepción subjetiva: lo cierto es que las compras de vivienda por parte de extranjeros siguen pesando muy poco sobre el total de operaciones... al menos en Madrid. Y esa es, básicamente, la razón que explica que el final de los visados de oro no cambiará gran cosa en el mercado.

El Gobierno anunció ayer la eliminación de los Golden Visa (o visados de oro), una fórmula que concede la residencia española a aquellos extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en comprar vivienda. En otras palabras: se acabó lo de conseguir un visado español a cambio de comprarse un pisazo.

"Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles", avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros estudiará hoy un informe presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para suprimir esta medida, incluida en una ley aprobada por el PP en 2013. 

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El gobierno de Mariano Rajoy llegó entonces a plantear que bastara con una inversión de 160.000 euros para obtener los papeles, pero el aluvión de críticas recibido les llevó a elevar el umbral por encima de los 500.000 euros.

Aún así, facilitar la obtención de papeles a quienes puedan permitírselo lleva a crear diferencias entre "ciudadanos de primera y de segunda", tal y como criticaba ayer el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun:

"Las Golden Visa son una vergüenza europea. No puede ser que a alguien, por el hecho de ser multimillonario, se le otorgue un permiso de residencia", zanjaba Urtasun, que también recordó que la medida era una exigencia de Sumar dentro del acuerdo de coalición con el PSOE.

Esa es, básicamente, la principal razón para cargarse los visados de oro: es una medida discriminatoria que incide en un tema muy sensible: la vivienda, donde las tensiones entre oferta (poca) y demanda (mucha) están derivando en un drama habitacional para muchas personas.

"La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo. Por eso vamos a eliminar las Golden Visa, la ley aprobada del PP que permite obtener el visado de residencia si se invierte más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país", aclaró Sánchez ayer.

Según datos del Ejecutivo, alrededor del 94% de las Golden Visa están vinculadas a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones) y en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia, que son zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda, este tipo de operaciones son las más demandadas.

Eso es a nivel teórico. A efectos prácticos, sin embargo, la medida no traerá grandes cambios al mercado, según los expertos consultados por Business Insider España:

"En el mercado inmobiliario español es mayoritario el comprador extranjero al que no le interesa el Golden visa", explica François Carriere Pastor, CEO de Coldwell Banker España. 

En 2022, último año del que se dispone de datos oficiales, solo se concedieron 136 visados de este tipo en toda España. En 2022 fueron 451 visados, en 2021 se llegó a 880, en 2020 se situaron en 446, en 2019 se llegó a 676 y en 2018 fueron 607.

"El problema de la vivienda no está influenciado por las Golden Visa, sino por la falta de oferta que tenemos y el aumento cada vez más acentuado de la demanda", diagnostica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de La Asociación de Promotores y Constructores (APCEspaña).

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Remontándonos todavía más atrás, entre 2013 y 2022 se concedieron en España menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, lo que supone menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas en el mismo periodo, explican desde Idealista: "No cambiará nada porque en realidad las Golden Visa nunca influyeron nada".

"No afectará sensiblemente al mercado", coincide Leopoldo Torralba, economista senior de Arcano. 

A día de hoy, las compraventas por parte de extranjeros no llegan a superar el 15% a nivel nacional (y eso que están en máximos históricos). De este porcentaje, no todas se verían afectadas, solo aquellas realizadas por compradores extracomunitarios que superen el medio millón de euros.

"Esta iniciativa, que se inició en 2013, hasta el 2022, ha beneficiado principalmente a compradores de origen chino o ruso; y en los mercados donde se ha visto más actividad de este tipo han sido Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca", detalla Ferran Font, director de Estudios del portal pisos.com.

"Sufrirían algo más las ciudades con mayor proporción de compras de extranjeros, algunas zonas costeras, pero tampoco es decisivo respecto a la tendencia de fondo", añade Torralba. Es el caso de zonas de Baleares, donde el 34,4% de todas las operaciones las firman extranjeros, Canarias (28%) o la Comunidad Valenciana (27%), según datos del Colegio de Registradores.

"Las nacionalidades que más utilizaron la Golden visa fueron asiáticos, principalmente clientes procedentes de China, Rusia e Irán, para comprar viviendas cuyo precio medio se sitúa en los 668.000 euros. Por zonas, la localidad más activa de este tipo de visas fue Barcelona", apunta por su parte Constanza Maya, jefa de operaciones, expansión y apoyo en Engel & Völkers Iberia.

No es la primera vez que un país se carga una medida así. El Gobierno de Canadá también lo ha prohibido hasta 2027 para combatir los problemas de acceso a la vivienda, mientras que el ayuntamiento de Ámsterdam acordó en 2021 limitar la inversión en vivienda para alquiler para inmuebles de menos de 500.000 euros.

Sánchez ha garantizado que la prioridad del Gobierno en esta legislatura es garantizar el acceso a una vivienda asequible, para dar respuesta a la ciudadanía, y que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno, adecuado y de calidad. Para ello, según ha apuntado, se está dando prioridad a la función social de la vivienda.

En los últimos meses, el Gobierno ha puesto todos los ladrillos sobre la mesa, con la ley de vivienda, pero también con una movilización histórica de suelo y activos de la administración para mejorar el acceso a la vivienda, amén de miles de millones de euros en ayudas y bonificaciones a la rehabilitación para sacar más oferta al mercado.