¿Cómo crear empresas con un euro? Guía de la ley que ayudará a emprendedores y prohibirá que los morosos accedan a los fondos europeos

A partir de 2022 crear una empresa costará un euro, y no 3.000 euros, como hasta ahora. El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley Crea y Crece, que agilizará la creación de compañías y castigará a las empresas morosas.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha presentado hoy la nueva ley en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. "El objetivo es hacer una reforma en el marco institucional que nos permita reforzar las bases para la recuperación económica que ya ha arrancado con fuerza", explican desde Economía.

La nueva regulación eliminará el requisito de contar con 3.000 euros para crear una empresa, reduciendo a un euro la cuantía necesaria y a 10 días el plazo de creación. También castigará a las empresas morosas: aquellas que deban dinero no podrán acceder a subvenciones públicas, licitaciones ni a las ayudas de los fondos europeos.

Se trata de una de las reformas estructurales pactadas con Bruselas para poder desbloquear una parte de los 140.000 millones de los fondos europeos. 

El paquete de medidas se divide en tres pilares: las destinadas a abaratar y agilizar la creación de empresas, las de lucha contra la morosidad y un último grupo de medidas para facilitar el apoyo financiero.

¿Cuándo verá la luz la nueva ley?

El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea en que la ley verá la luz, como tarde, a finales del año que viene. 

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto se presentará en el Congreso y entrará en debate parlamentario. Que entre en vigor antes o después dependerá de la agilidad en las votaciones y enmiendas presentadas.

Crear empresas costará 1 euro

Con la nueva ley, el coste de creación de empresas pasará de 3.000 euros a uno. Esta es una de las medidas estrella que presenta hoy el Gobierno. Concretamente, eliminará el requisito de contar con 3.000 euros para constituir una Sociedad Limitada, reduciendo al mínimo de 1 euro la cuantía necesaria. 

"Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento", apuntan desde Economía. Se trata de una iniciativa con la que han coqueteado en el pasado muchos gobiernos de distinto signo político pero que nunca se había llevado a término. 

El objetivo del Gobierno es ir llenando el vacío dejado por miles de empresas cerradas tras la pandemia. En 2021, España ha perdido 40.000 empresas respecto a 2019, según datos de Cepyme. A esto habría que sumar las que han cerrado temporalmente, las que arrastran pérdidas o problemas de liquidez, las que para sobrevivir tuvieron que reducir su tamaño o las que ni siquiera pueden nacer por falta de capital. 

Se tardarán máximo 10 días en poner en marcha la empresa

La regulación también busca agilizar los trámites de creación de empresas, por ejemplo permitiendo que el proceso pueda solventarse de forma digital en sólo 10 días.

¿Cómo? Según explican desde Economía, "se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales".

¿Qué se conseguirá con estas medidas?

El problema de la economía española no es que las empresas sean menos competitivas o productivas que en Alemania, Francia o Estados Unidos, sino que hay pocas empresas con el tamaño y desarrollo necesarios para ser las más potentes en sus sectores. 

Este menor tamaño (el 97% de las compañías españolas son pymes) se debe a las barreras regulatorias existentes a la hora de crecer, explica Cepyme, que cifra en más de 100 las regulaciones que "desincentivan" que las compañías crezcan.

Para el Gobierno, se trata de abonar el clima de negocios para que las empresas puedan invertir y crear empleo con facilidad, condiciones necesarias para asegurar la recuperación económica.

Las empresas morosas no podrán tener subvenciones ni acceder al fondo europeo

La morosidad es una de las peores pesadillas de pequeñas y medianas empresas. Pero lamentablemente es más común de lo que gustaría. A día de hoy, el plazo medio de pago se sitúa en 93 días, muy por encima del plazo de 30-60 días que establece la ley. Un problema que asfixia a muchas empresas, hasta el punto de poner en riesgo su viabilidad, especialmente en momentos de crisis como el actual, cuando la falta de liquidez aprieta.

"Las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión", avisa el documento del Ministerio. 

Esto quiere decir que las empresas que se retrasen en sus pagos no podrán beneficiarse de subvenciones públicas ni tampoco del dinero de los fondos europeos. Para ello se modificará la Ley de Contratos Públicos. 

Con esta medida, el Gobierno pretende, por un lado, aliviar los problemas de liquidez que sufren las pequeñas y medianas empresas. En muchos casos, éstas dependen del pago de otras más grandes, que aprovechan su tamaño y posición de ventaja para prolongar los retrasos. 

Por otro lado, se busca desincentivar precisamente esta práctica de grandes empresas, ya que si no pagan a tiempo, no podrán acceder a los fondos europeos.

Tampoco podrán optar a contratos públicos

Pagar a tiempo también será criterio para poder optar a contratos de obra pública, para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas. Para ello se modificará la Ley General de Subvenciones.

¿A partir de cuántos días de retraso en el pago se vetan las ayudas?

La nueva ley tiene como base los plazos de pago de la Ley de Morosidad. En el caso de que se haya acordado un día concreto de pago, el plazo de pago no podrá superar los 60 días naturales desde la recepción de la factura. 

En cambio, si no se hubiera pactado un día de pago, el plazo no podrá exceder los 30 días naturales.

El Gobierno controlará los retrasos con estas dos medidas

El Gobierno se asegurará de que la nueva regulación funciona gracias a dos instrumentos. 

El primero es la generalización de la factura electrónica: la nueva ley ampliará la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos, lo que garantizará la trazabilidad y control de pagos. Para que no suponga un coste para las empresas irá incluida dentro de paquete de servicios subvencionados. 

En segundo lugar, se creará un Observatorio de la morosidad, que llevará un seguimiento de la evolución de los periodos de pago y de la aplicación de la normativa.

Más facilidades para financiarse con 'crowdfunding'

Otro de los grandes problemas que afrontan muchas empresas de nueva creación, junto a la propia inversión de partida, es el acceso a fuentes de financiación que den un primer impulso a la compañía. 

La mayoría de la financiación proviene de bancos, pero hay otros instrumentos a los que muchas empresas recurren para empezar. La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la ley introduce más flexibilidadpara que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor. 

Además, se flexibilizará la inversión para inversores minoristas, a un límite único de 1.000 euros o el 5% de la riqueza, y se facilitará que puedan invertir por encima de ese límite.