Qué implica la emergencia climática que acaba de declarar el Gobierno de Pedro Sánchez

La activista Greta Thunberg y la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera, durante la Cumbre del Clima de Madrid
La activista Greta Thunberg y la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera, durante la Cumbre del Clima de Madrid
Reuters
  • El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España.
  • El Gobierno se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para alcanzar la descarbonización de la economía y la neutralidad climática en 2050. 
  • La intención es que la declaración de emergencia climática se note en las políticas públicas.
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España y, muy especialmente, la cuenca mediterránea es una región vulnerable al cambio climático y, desde hoy, se encuentra en un estado de emergencia climática. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España y ha dado los primeros pasos para que, en un plazo de cien días, se presente una nueva legislación contra el calentamiento global.

En base a este acuerdo el Gobierno se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, de las cuales pondrá cinco en marcha en los 100 primeros días de Gobierno, con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía y la neutralidad climática en 2050. Un objetivo similar al marcado por la Comisión Europea con su Green Deal y que establece el Acuerdo de París de la Cumbre del Clima de 2015. De hecho, el pasado diciembre el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática, igual que lo han hecho otras más de 1.300 administraciones en todo el mundo

Las primeras medidas para hacer frente al desafío climático conformarán el marco regulatorio fundamental que inspirarán el resto de acciones que se implementarán en todos los niveles de la Administración. “Se trata de una declaración de compromiso político de Gobierno, en todos sus ámbitos”, apuntó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “implicará a prácticamente todas las políticas públicas”. De hecho, la intención de la que también es la vicepresidenta cuarta no es otra que que la declaración de emergencia climática se note en las políticas públicas. 

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Entre las medidas que se cuentan, destaca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establecerá el marco regulatorio para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Lo que propone el texto es impulsar un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos cero emisiones, un sistema agrario neutro en emisiones de dióxido de carbono y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la descarbonización de la economía y la sociedad. 

Y para allanar este camino, la vicepresidenta cuarta ha asegurado que no se concederán nuevos subsidios a los combustibles fósiles: diésel, gasolina o gas. En este sentido, Ribera añadió que se realizará una revisión de los que existen pero es que, además, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración ni de explotación de hidrocarburos o para actividades de fracking de alto volumen. 

Entre los compromisos para los primeros 100 días de Gobierno figuran: 

  • Llevar a las Cortes ese proyecto de ley para alcanzar las emisiones netas en 2050. 
  • Definir la senda de la descarbonizacón a largo plazo en nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática en 2050. 
  • Invertir en un país menos vulnerable al impacto del cambio climático y para ello, se presentará un segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluirá al sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto. 
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.
  • Impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento. 

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La otra treintena de acciones

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó que lleva meses trabajando y revisando una fiscalidad verde en lo que respecta a la figura del cambio climático y el medioambiente. La idea es "acometer aquellas figuras que no tienen afán recaudatorio pero que son disuasorias de comportamientos perjudiciales medioambientalmente y los incentivos fiscales que el sistema pueda acoger para producir, animar e impulsar la transformación del sector productivo y caminar en dirección a 2050 una economía neutral en carbono".  

En esta línea, en el terreno de las finanzas sostenibles, se ha avanzado que el Tesoro emitirá bonos verdes, un mecanismo por el que pretende obtener financiación para proyectos de energías renovables.  El plan que ha visto la luz hoy está compuesto por una treintena de acciones que se desarrollarán a lo largo de los cuatro próximos años de legislatura y que pretende reducir las brechas territoriales y entre colectivos que genera el cambio climático. 

Figuran entre esta treintena de propuestas ser residuo cero en 2050, una misión para la cual se adoptará una Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un sólo uso. También se presentará una Estrategia de Turismo Sostenible de España para 2030, una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, una Estrategia de Lucha contra la Desertificación así como una Estrategia Nacional Forestal y una Estrategia frente al Reto Demográfico. 

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