El Gobierno saca a consulta pública la nueva ley de paridad: a qué empresas afecta y fechas límite para adaptar sus consejos de administración

La anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado fin de semana. Y el Consejo de Ministros, apenas unas horas después, la ha aprobado. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a su reunión que el anteproyecto de la nueva ley de paridad pasa a audiencia pública.

Esto implica que esta nueva ley de paridad podrá ser consultada durante días hasta que el Ejecutivo recabe las impresiones y aportaciones necesarias, para poder ser aprobada ya como proyecto de ley y que así inicie su tramitación parlamentaria. Es una de las últimas grandes iniciativas del Gobierno en año electoral, y se ha presentado en la víspera del 8 de marzo, Día de la Mujer.

Su tramitación parlamentaria será urgente y exigente: las Cortes Generales podrían disolverse en un plazo aproximado de 6 meses. La propia vicepresidenta Calviño reconocía a primera hora de este lunes que el plazo era exigente, aunque advertía que otras iniciativas legales se han logrado sacar adelante en plazos similares.

De no lograr sacar adelante el proyecto de ley en la vigente legislatura, habrá que esperar a que el Gobierno resultante de las urnas de finales de este año vuelva a presentar el anteproyecto, reiniciando todo el proceso.

El anteproyecto que se ha conocido este martes tras la reunión del Consejo de Ministros desgrana algunos plazos. Lo que ya se sabía es que la norma establecerá obligaciones para garantizar la representación del sexo "menos representado" en órganos de decisión. "Esta es la política útil que cambia la vida a la gente", ha defendido Calviño en rueda de prensa.

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"El anteproyecto de ley que hoy sacamos a consulta pública va más allá de las directivas comunitarias tanto en sus plazos como en sus ámbitos de aplicación y su ambición", ha enfatizado la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. "Establece el objetivo del 40% de participación femenina en órganos de dirección y decisión tanto públicos como privados".

Lo hace, según la vicepresidenta, "con un calendario realista". Estas son las medidas y plazos de adaptación que contempla el anteproyecto de ley, que podrá variar hasta convertirse primero en proyecto de ley y dar el salto al Congreso de los Diputados, donde también podrá recibir numerosas enmiendas.

• Sociedades cotizadas. Las empresas que coticen deberán asegurar que sus consejos de administración "tienen al menos un 40% de consejeros del sexo menos representado" antes del 1 de julio de 2024. En los puestos de alta dirección se deberá alcanzar el mismo objetivo.
• Grandes empresas no cotizadas. La norma también afecta a compañías con más de 250 trabajadores y una cifra anual de negocio superior a los 50 millones de euros. Para que sus órganos garanticen esa representatividad, se da un plazo hasta el 1 de julio de 2026.

La norma afectará igualmente a colegios profesionales y jurados de premios o reconocimientos públicos, y a las listas electorales. Las listas deberán ser paritarias mediante el sistema de lista cremallera.

También el Gobierno de España deberá "regirse por el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres". "Es un principio que cumple con creces nuestro Gobierno, pero que no puede depender de la discrecionalidad del presidente o de la presidenta que corresponda", ha remarcado Calviño.

La vicepresidenta ha incidido en que con este anteproyecto de ley se pasa "de las recomendaciones, principios o buenas prácticas" para "establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica".

El Consejo de Ministros de este martes también ha aprobado el inicio de audiencia pública de otro anteproyecto de ley, este el que transpone una directiva comunitaria para mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico. La norma agilizará pagos, los actualizará a lIPC y ampliará la cobertura del consorcio de compensación de seguros.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha anunciado la aprobación de los estatutos de la nueva Agencia Espacial Española, "una apuesta por un sector estratégico" con una entidad que también inició un proceso de "desconcentración del sector público por todo el territorio", ya que este organismo se alojará en Sevilla.