Madrid privatiza su servicio de rastreo de contactos a través de Quirón en un contrato de emergencia de cerca de 200.000 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
  • Quirón prevención SL se acaba de llevar un contrato de cerca de 200.000 euros para colaborar en el rastreo de contactos en la Comunidad de Madrid.
  • La polémica sobre la capacidad de la región para detectar asintomáticos y frenar la propagación del COVID-19 entre la población continúa.
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La polémica por la falta de rastreadores en la Comunidad de Madrid ser recrudece. El Gobierno autonómico ha publicado este lunes la adjudicación por cerca de 200.000 euros de un contrato de rastreo de contactos a una empresa privada, Quirón prevención SL.

Esta noticia, que ha vuelto a ser adelantada por El Boletín, llega tras una semana en la que un informe regional advertía que la media de asintomáticos detectados con respecto al total de nuevos casos de COVID-19 era mucho menor a la media nacional, como alertó el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

En el informe se recogía que de los casos detectados en los últimos 7 días, solo el 7,6% de los nuevos infectados eran asintomáticos. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió que se trataba de un informe "provisional". En el definitivo el detalle de esta cifra desaparece.

El Boletín detalla que el nuevo contrato se ha adjudicado "por la vía de emergencia, sin publicidad" a Quirón prevención SL. El montante total que recibirá la compañía será de 194.223,15 euros, y la duración del contrato es de 3 meses. Supone, a la postre, que incrementa en 22 el número de rastreadores que habrá en la Comunidad de Madrid.

El rastreo de contactos es una actividad esencial para prevenir nuevos rebrotes de coronavirus. Su funcionamiento es sencillo: una vez se diagnostica un nuevo caso de COVID-19, rastreadores profesionales —personal sanitario o no— hacen una labor de "rastreo" localizando y llamando a todos los contactos "estrechos" que la persona enferma ha podido tener durante las últimas dos semanas.

De este modo, los sistemas sanitarios son capaces de prevenir nuevos casos de COVID-19 e incluso detectar asintomáticos gracias a la orden de realizar tests y pruebas PCR, registrando así un notable incremento de casos asintomáticos. Según el doctor Simón, la media nacional de asintomáticos detectados con respecto al número total de nuevos infectados de COVID-19 ahora mismo del 50%.

El Gobierno autonómico reconoció problemas para contratar rastreadores

En Madrid, no obstante, hay problemas para contratar a rastreadores. La asociación Defensor del Paciente remitió el otro día una carta a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Trabajo, Yolanda Díaz, expresando su malestar por una práctica que estaba llevando a cabo la propia Comunidad de Madrid: la contratación de rastreadores como "colaboradores", aparentemente sin retribución alguna.

A mediados de mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se comprometió con el Ministerio de Sanidad a contratar unos 400 rastreadores. A finales de julio solo sumaban unos 182, según admitía el propio vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado, también socio de Gobierno al ser de Ciudadanos.

Por esta razón, El Boletín también desvelaba entonces que la Comunidad había privatizado parte de su servicio de rastreo a Indra y Telefónica por cerca de 420.000 euros. Este contrato, ya vencido, se reemplaza con el nuevo conocido a Quirón prevención SL, de cerca de 200.000 euros.

La semana pasada, a una pregunta remitida por el diario El Paísa través del Portal de Transparencia, el Gobierno autonómico reconocía que habían existido "dificultades" para contratar rastreadores. El Ejecutivo autonómico también dijo disponer de 400 y de que se habían contratado 32 más para fortalecer el sistema de rastreo.

En cuanto se ha conocido la noticia, la secretaria general del sindicato CCOO Madrid en su rama sanitaria, Rosa María Cuadrado, ha tildado de "vergüenza" y "desfachatez" la decisión del Gobierno autonómico. 

"Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada", lamentaba la sindicalista en declaraciones recogidas por Europa Press.

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