Recta final para la reforma laboral: todo lo que necesitas saber sobre qué hay acordado y cuáles son los puntos calientes

Las negociaciones para la reforma laboral entran en tiempo de descuento. El Gobierno quiere aprobar un primer paquete de la legislación antes del 31 de diciembre, tal y como le prometió a Bruselas. Quedan 10 días y todavía no hay acuerdo. 

De hecho, aunque el deadline sea el 31 de diciembre, si el Ejecutivo quiere tener un texto jurídico para entonces, el acuerdo tendría que llegar esta misma semana. 

Para conseguirlo antes de que el marcador llegue a cero, esta semana empieza con una maratón de negociaciones, con reuniones todos los días. 

Hace falta que se pongan de acuerdo tres partes: el Gobierno, que es quien lanza la propuesta; los sindicatos, como representantes de los trabajadores, y las patronales, que defienden los intereses empresariales. 

Hace unas semanas habría sido imposible imaginar un acuerdo entre las tres partes. Ahora, en cambio, parece que hay luz al final del túnel, y que está cerca. 

"Es posible el acuerdo. Quiero ser prudente porque las horas son claves, pero creo que es posible alcanzarlo", reconoció el viernes pasado la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Qué ha cambiado?

Reducir la temporalidad simplificando el número de contratos a tres y dándole prioridad a los indefinidos, proporcionar a las empresas un mecanismo parecido a los ERTE en el que se puedan amparar en situaciones concretas.

Cinco patatas calientes que el Gobierno afronta en materia laboral.

— ¿Cuándo se aprobaría la norma?

El Gobierno quiere aprobar el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Este es el compromiso que se había marcado con la Comisión Europea para continuar recibiendo el dinero de los fondos europeos.

El próximo martes, 28 de diciembre, será el último Consejo de Ministros del año, por lo que quedaría una semana. Sin embargo, si no hubiera logrado cerrar todos los flecos para entonces, el Gobierno ha informado de que podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el 29 o el 30 de diciembre.

— ¿Qué pasa si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre?

Realmente, nada grave. Es cierto que el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea en aprobar una legislación para corregir los desequilibrios estructurales del mercado laboral español, y que si no da pasos en esa dirección, Bruselas podría optar por privar a España del siguiente desembolso de los fondos europeos, que son nada menos que 12.000 millones de euros.

Pero también es cierto que la Comisión Europea no va a evaluar las reformas y medidas aplicadas hasta julio del año que viene, por lo que no debería haber grandes consecuencias porque España apruebe la norma unos días más tarde de lo prometido.

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya avanzó ayer que, en caso de no alcanzar un pacto estos días, "tendríamos el mes de enero para hablarlo si queda algún detalle".

Es importante destacar que el acuerdo no vale si alguna de las partes negociadoras no está de acuerdo. El Ejecutivo se comprometió con Bruselas en que las reformas estructurales contarían con el apoyo de los agentes sociales (sindicatos y empresarios). Si no fuera así, de nuevo, podrían peligrar los fondos europeos.

— ¿Qué es lo que pide Bruselas?

En el documento del Plan de Recuperación entregado a la Comisión Europea, el Gobierno explica que "el mercado laboral español arrastra desde hace décadas considerables desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género". 

Hay que recordar que España es líder en temporalidad en la Unión Europea. Más de uno de cada cuatro asalariados (26,3%) en España tenía un contrato temporal en 2019, casi el doble que en la UE (13,6%). 

La reforma pactada con Bruselas dice concretamente que "es preciso abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de reformas que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo".

Las altas tasas de temporalidad, el paro juvenil y de larga duración y la economía sumergida, los 3 principales retos del mercado laboral español, según el director general de Adecco España.

El Gobierno pactó con Bruselas 18 medidas de carácter laboral. De esas, siete tienen que estar listas este año. Entre ellas, la reducción del número de contratos para atajar la temporalidad y generalizar el uso del contrato indefinido y la conocida como ley rider.

En estos primeros hitos, sin embargo, no se abordan temas más sensibles y que encuentran mayor oposición entre sindicatos y patronal, como posibles cambios en la indemnización por despido, donde los sindicatos piden aumentar el número de días de la indemnización.

— ¿Cómo van las negociaciones?

Mejor de lo esperado. Las negociaciones están avanzadas en lo que tiene que ver con el Mecanismo Red para sustituir los ERTE, los contratos de formación o los fijos-discontinuos, pero no está claro que vaya a haber acuerdo antes del 31 de diciembre. 

Por un lado, el Gobierno se muestra optimista en que el acuerdo está cerca. Sindicatos y patronales lo ven con más cautela, pero ya ayer Garamendi dejó caer que, si no se cierra el documento ahora, sí podría ver la luz en enero. El acuerdo podría estar cerca.

Tanto los sindicatos UGT y CCOO, como las patronales CEOE y Cepyme han pasado el fin de semana analizando la última propuesta del Gobierno, lanzada la semana pasada. 

Esta semana las conversaciones se han intensificado. Ayer por la mañana retomaron las conversaciones, y se espera que esta semana haya reuniones todos los días, cuando hasta ahora había dos reuniones a la semana. 

El gran escollo es que sigue habiendo diferencias en lo que toca a los contratos temporales y la forma de sancionarlos y los cambios en la negociación colectiva.

— ¿Qué hay acordado?

No hay nada cerrado hasta que todo esté acordado. Esta es una máxima clave en negociaciones especialmente complicadas, como la del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Brexit, que también se cumple en esta ocasión.

Aun así, hay algunos puntos más desatascados que otros:

Mecanismo Red: los futuros ERTE 

Viendo lo bien que han funcionado los ERTE para evitar despidos masivos en los peores momentos de la pandemia, el Gobierno quiere crear un mecanismo parecido al que las empresas se puedan acoger en futuras crisis (modalidad cíclica) o, incluso, en algunos sectores que tengan que hacer frente a ajustes (modalidad sectorial), como podría ocurrir con el turismo.

 Este sería el MecanismoRed, y las negociaciones para su creación están bastante avanzadas. En el caso de la modalidad cíclica, en las negociaciones se barajan exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad social durante un año, que empezarían siendo del 60% y terminarían en un 20%. Para la modalidad sectorial, la reducción sería del 20%. 

En ambos casos, las empresas tendrían que mantener el empleo de los trabajadores afectados durante los seis meses siguientes. Si no lo cumplen, se baraja como sanción que devuelvan las exoneraciones de los trabajadores despedidos.

Cambios en los contratos formativos

En la última propuesta sobre tipos de contratos, se establece un máximo de dos años para este tipo de contrato (la mitad de lo que hay ahora), que el tiempo de trabajo efectivo no sea superior al 65% de la jornada (el primer año) y que las empresas que se acojan a esta modalidad tengan que inscribirse en un registro público.

Contratos fijos-discontinuos

La propuesta del Gobierno contempla ligar este tipo de contratos a causas muy concretas, como campañas de rebajas o Navidad en el caso del comercio, para que no se abuse de este tipo de contratos y que los indefinidos sean lo habitual la hora de incorporar trabajadores. 

La firma de estos contratos tendría que ser puntual, no podría superar una duración de tres meses y el número de trabajadores que podrán incorporarse con este tipo de contrato dependerá del tamaño de la empresa (algo a lo que la CEOE se opone). 

La CEOE defiende un único contrato con seis causas de producción y cuatro causas de sustitución, que coinciden en este caso con la visión del Ejecutivo, como son la reserva del puesto de trabajo, las vacaciones, la reducción de jornada y la cobertura de vacante.

Un contrato fijo especial para el sector de la construcción

En su plan para reducir la elevada temporalidad del mercado laboral en España, el Gobierno quiere suprimir los contratos por obra y servicio, una de las modalidades más extendidas. Este tipo de contrato dura lo que dura una actividad concreta, y la indemnización es de 12 días por año trabajado. Pero suprimir este tipo de contratos puso en pie de guerra a los empresarios, que criticaban que hay sectores, como la construcción, donde esta modalidad se hace necesaria. 

De ahí que el Gobierno propusiera un tipo de contrato especial para el sector de la construcción. Estos contratos serían indefinidos, pero funcionarían de forma diferente en caso de rescisión. La constructora podrá rescindir los contratos cuando finalice la obra, pero tendrá que recolocar a los empleados afectados en otra obra o proyecto.

— ¿Dónde están los grandes escollos?

El punto está en conseguir el equilibrio entre lo que exigen los sindicatos y lo que las patronales están dispuestas a aceptar. 

Mientras que la CEOE centra sus líneas rojas en el uso de los contratos temporales, UGT y CEOE aprietan por el lado de la negociación colectiva, donde piden que el convenio sectorial tenga prevalencia sobre el de empresa y la vuelta a la ultraactividad de los convenios.

Límites a la temporalidad

Para generalizar los contratos indefinidos, el Gobierno quiere limitar el número de situaciones en las que se puede echar mano de contratos temporales a casos en los que la empresa tenga que incorporar a más empleados de forma temporal por motivos de producción. 

Para eso, fijará tres tipos de contratos (temporales, fijos y fijos-discontinuos). El habitual será el contrato fijo, mientras que habrá limitaciones e incluso sanciones para los otros dos. En el caso de los contratos temporales, la última propuesta del Gobierno establece una duración máxima de 90 días, y que la empresa lo justifique por motivos de producción. El problema es que los sindicatos piensan que 90 días es demasiado, y la patronal que es muy poco. 

Sanciones al uso fraudulento de los contratos temporales 

Los sindicatos piden que el Estatuto de los Trabajadores recoja un régimen de sanciones duro en el caso de que las empresas abusen de la temporalidad, que incluya sanciones económicas, pero también consecuencias a nivel judicial.

El último documento que trascendió barajaba que, en caso de contrato temporal fraudulento, la empresa tendría que elegir entre readmitir al trabajador afectado como indefinido o pagar una multa que podría llegar a los 10.000 euros por cada empleado despedido.

Cambios en el convenio sectorial

Tanto Gobierno como sindicatos quieren que el convenio sectorial esté encima del de empresa, algo que no ocurre actualmente. Sin embargo, esta prevalencia aplicará en algunos aspectos concretos, como los salarios o las jornadas de trabajo. Esto significaría que los convenios sectoriales fijarían por ejemplo los salarios mínimos en el sector, para evitar abusos de las empresas, pero se dejaría la prioridad del convenio de empresa en todo lo demás. C

EOE siempre se ha opuesto frontalmente a esta medida, e insiste en dar prioridad al convenio de empresas con dos requisitos: cuando en conjunto y cómputo anual el convenio de empresa sea más favorable a los trabajadores y que el convenio se haya negociado con la misma legitimación (reforzada) de la parte social que la que hoy se exigen para los convenios sectoriales.

Recuperar la ultraactividad

Los sindicatos piden que los convenios acordados entre empresas y trabajadores sigan vigentes en una prórroga mientras se negocia el siguiente convenio. Esto es lo que se llama la ultraactividad. Actualmente, si el convenio expira y no se ha acordado uno nuevo, entra en juego su convenio superior (sectorial, autonómico o estatal). En este sentido, la CEOE se ha abierto a pactar una ultraactividad mínima que dé seguridad jurídica a las empresas.

— ¿Qué pasa si llegan a un acuerdo?

En el caso de que haya fumata blanca en los próximos días, el equipo jurídico del gobierno se pondría manos a la obra a redactar la norma, y modificaría algunos artículos del Estatuto de Trabajadores. Este documento recogería el acuerdo de mínimos, pero es probable que queden flecos por cortar con la letra pequeña.

Una vez pactado, el texto recibiría luz verde del Consejo de Ministros, y después pasaría a trámite parlamentario en el Congreso. Y no será un camino de rosas.

Teniendo en cuenta la enorme división en el Congreso, el Gobierno tendrá que sumar los apoyos de varios partidos, más allá de sus socios de Unidas Podemos, para que la norma salga adelante. Tal y como pasó con los Presupuestos.

Viéndolas venir, la ministra Yolanda Díaz ya está adelantando trabajo abriendo ronda de contactos con los partidos que le podrían brindar su apoyo. Pero puede que no salga gratis. ERC y PNV, por ejemplo, han llegado a pedir que tenga prevalencia el convenio autonómico sobre el estatal. Un cambio al que CEOE se opone, al considerar que atenta contra la unidad de mercado.