El coronavirus azotará a los futuros pensionistas: pasarán de recibir el 80% de su sueldo a menos del 50%

La crisis del coronavirus en el mercado laboral y las cuentas públicas ha encontrado un nuevo punto de impacto: el impacto en los futuros pensionistas, que pasarán de recibir el 80% de su último sueldo a apenas el 50% de la última paga que obtuvieron durante el final de su vida laboral.

Hace unas semanas, el Banco de España estimaba que el sistema actual provee a cada pensionista de alrededor de 1,74 euros por cada euro que este aportó mientras cotizaba; esta es la media, pero un pensionista con un alta de jubilación ordinaria podría llegar a obtener 3,86 euros por cada euro cotizado, triplicando su aportación al sistema. Estos son sólo un 5% de los jubilados, pero las cifras de compensación podrían dejar ver su reverso más lapidario para el sistema de pensiones.

En contexto, las pensiones suponen el 31% del gasto de todas las administraciones públicas y el 45% de los desembolsos de la Administración central, un esfuerzo económico que crece cada año con respiración asistida debido al envejecimiento de la población y los problemas derivados de la crisis del coronavirus. A la larga, el mismo Banco de España estima que en 2048 se alcanzará la cifra de 15 millones de pensionistas, frente a los 10 actuales.

Echando la vista atrás, la última reforma de las pensiones (2011) introdujo un importante incremento del periodo de cómputo para calcular la pensión, un proceso que planea completarse de cara a 2022, pero el aumento de los años cotizados y de las bases de cotización en la base reguladora pasarán a tener en cuenta 10 años más de cotización. Esto es, pasarán de valorar los últimos 15 años —antes de la reforma— a los últimos 25 años.

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En principio, la lógica de bienestar indica que lo más probable es que el salario de un trabajador se incremente con el tiempo y, en consecuencia, sus bases de cotización también aumenten. Esto haría que el nuevo cálculo no le favoreciera, ya que seguramente las últimas bases serán más altas en el caso de que el caso de que el jubilado se haya mantenido en la misma empresa, por ejemplo. Así, cuantas más bases se tengan en cuenta, seguramente la media será más baja y, por tanto, la cuantía de la pensión será más reducida.

Sin embargo, y he aquí el porqué de la norma, el contexto actual favorece el hecho de que los trabajadores sean expulsados del mercado laboral con mayor frecuencia y a edades más tempranas; a la vez, es cada vez más normal que, tras haber cobrado la prestación por desempleo, el sujeto deje de cotizar o cotice por la base mínima —en el caso del subsidio por desempleo—. En este caso, al tener en cuenta un número más amplio de bases de cotización, se mitigan los efectos de la situación de los últimos años, por lo que resultaría más favorable tener en cuenta un mayor número de años para el cálculo de la pensión.

Esta sería la situación ideal que se planeó entonces, pero no todo ha salido como era esperado. En este tiempo, tanto empresas como trabajadores han afrontado dos crisis económicas globales en muy poco tiempo, lo que ha contribuido a bajadas de sueldo, congelaciones y despidos sin que las cotizaciones hayan tenido tiempo de recuperarse a la sacudida que supuso la recesión de 2008.

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A la vez, la reforma de 2011 introdujo la elevación gradual de la edad de jubilación, lo que dificultó todavía más las condiciones para acceder a la totalidad de la pensión. Hasta 2027, momento en que terminará el periodo transitorio, se habrá elevado la misma desde 65 años hasta los 67 a menos que se acrediten 37 años de cotización; el resto, verán su pensión penalizada. Cuando se cumpla el nuevo tramo, la edad ordinaria de jubilación pasará a los 67 años o a los 38 años y 6 meses de cotización laboral, algo todavía más difícil habida cuenta del ya mencionado contexto económico.

Ahora, el cálculo. La pensión se traduce en un porcentaje de la base reguladora, que dependerá del periodo cotizado durante la vida laboral. Por ejemplo, el periodo mínimo que da acceso a la pensión contributiva (15 años) permite un 50% de la base, mientras que cada año adicional se sumará hasta alcanzar el 100%.

De esta forma, el acceso a la pensión completa se encuentra en fase de incremento gradual, por lo que entre 2020 y 2022 (incluidos) se exigirán como mínimo 36 años cotizados y, 2023 y 2026 (incluidos), 36 años y medio. A partir del 2027, la totalidad de la pensión se logrará tras haber cotizado un mínimo de 37 años.

España, más generosa que sus vecinos con sus jubilados

El sistema de pensiones de la Seguridad Social es "generoso", por lo menos más que el de sus vecinos europeos. Es una afirmación que suele acompañar a los principios de esta estructura y que suscribe el propio Banco de España en su Estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones, publicada hace dos semanas. 

La Comisión Europea prevé que, pese al aumento de población europea en los próximos años, la fuerza de trabajo se reduzca significativamente, de los 333 millones actuales a 302 millones en 2050, lo que implicaría un ahogo de los sistemas de pensiones. El contexto es especialmente peliagudo en España, donde el servicio público supone un 70% del gasto.

En el caso de las pensiones, el sistema español se verá afectado al bajar las prestaciones del actual 80% del último sueldo (tasa de reemplazo o sustitución) a un 49,2% en 2050. Esta tasa acercará las pensiones españolas a la media europea, de un 52% de tasa de reemplazo. Países como Francia (60%), Portugal (74,4%), Alemania (38,7%) o Reino Unido (21,7%) tienen tasas inferiores a la española actual.

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