El Gobierno busca cubrir 25.000 plazas con su oferta de empleo público y se acerca a las peticiones de los sindicatos, que reclaman más velocidad en la adjudicación

Las negociaciones que Gobierno y sindicatos llevan semanas manteniendo acerca de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año encara su recta final rozando cifras récord. 

En concreto, según ha revelado este lunes Economía Digital, el Gobierno ultima una oferta de cerca de 25.000 plazas públicas. A estas habría que sumar cerca de 4.000 plazas de estabilización. 

A poco que las plazas reservadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se contabilizan de forma independiente, se vayan por encima de las 1.000 (el año pasado fueron casi 2.000), el Gobierno puede superar su propio récord, establecido el año pasado en cerca de 30.000 plazas públicas tras rebasar las 28.000 de 2020.

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Fuentes de la negociación han avanzado además a Economía Digital que el acuerdo podría sellarse este mismo martes y rubricarse a finales de esta semana o principios de la que viene. 

Esto permitiría al Gobierno cumplir con los plazos establecidos, que le daban hasta el próximo mes de junio para lanzar la OPE.

Desde los sindicatos, la oferta ha sido recibida con moderado optimismo. 

Aunque desde principio de las negociaciones, tal como recogeDiario Sur, sindicatos como CCOO ha venido reconociendo que las cifras puestas sobre la mesa por el Ejecutivo se acercan cada vez más a sus pretensiones, este ha advertido también de que le preocupa el ritmo al que se están cubriendo las plazas prometidas.

No les faltan motivos para este reclamo. Según las actuales cifras que manejan los propios sindicatos, de la OEP de 2019 solo han concluido alrededor del 40% de los procesos, mientras que de las 28.000 plazas prometidas en 2020 apenas se han adjudicado un 11%.

De las cerca de 30.000 plazas de 2021, el año de la cifra récord, no hay todavía ningún proceso culminado.

Por ello, CCOO ha pedido que la OPE se concrete de manera inmediata, ya que el actual ritmo de pérdida de plantilla, dicen, pone en grave riesgo la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

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UGT y CSIF, por su parte, exigen al Ejecutivo una mirada más a largo plazo. 

En concreto, Carlos Álvarez, secretario de la Administración General del Estado de UGT, ha pedido poder incorporar candidatos con carácter casi inmediato para evitar la lentitud de estos procesos, así como un plan plurianual que evite la destrucción de empleo entre el funcionariado.

Como posible solución, desde CSIF han propuesto potenciar la promoción interna eliminando la obligatoriedad de superar un nuevo proceso selectivo para poder ascender en el escalafón de la Administración.