Lo que busques podrá ser usado en tu contra: Google ofrece a las autoridades judiciales datos de los usuarios según sus búsquedas por palabras clave

Con internet, la privacidad ha pasado a mejor vida. La economía de los datos también hunde sus raíces en los sistemas judiciales de medio mundo. Forbes aporta en exclusiva un nuevo ejemplo sobre cómo incluso lo que busques en la popular plataforma de internet podría ser usado en tu contra.

Investigadores federales de Wisconsin seguían un caso de abuso y tráfico sexual sobre una menor. Para encontrar a los responsables, solicitaron a Google que les remitiese una relación de datos sobre aquellos usuarios que habían buscado el nombre de la víctima, su dirección, así como los apellidos de su madre durante 16 días del año 2019.

Google respondió en 2020 con direcciones IP y cuentas de Google de varios usuarios, si bien en los autos judiciales no se detalla cuántos internautas vieron cómo su información pasaba a manos de las autoridades, aun cuando podían ser inocentes.

Las órdenes sobre palabras claves son una de las tendencias que más se están prodigando en los juzgados a lo largo y ancho del globo. El caso de Wisconsin en 2019 es el que más recientemente se ha dado en conocer, gracias a que uno de los documentos del procedimiento judicial se ha filtrado y a él ha tenido acceso Forbes.

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Pero antes de que este caso se conociera, otros dos trascendieron a la opinión pública por el uso de estas órdenes judiciales sobre palabras claves. Los juzgados exigieron al buscador datos y direcciones IP de los usuarios que buscaran el nombre de la víctima de un incendio provocado, un hito que fue crucial para juzgar al artista R Kelly por un delito de crimen organizado.

El otro caso se remonta a 2017 y en él un juzgado de Minnesota exigió a Google conocer qué usuarios de una ciudad llamada Edina habían buscado el nombre de una víctima de una estafa. Aunque no es una novedad per se, la persistencia de Google atendiendo exigencias como esta por parte de las autoridades judiciales preocupa a los activistas en defensa de la privacidad. 

Un portavoz de la multinacional tecnológica ha salido al paso de la información con estas declaraciones: "Como con todas las peticiones de las autoridades, mantenemos unos procesos rigurosos diseñados para proteger la privacidad de nuestros usuarios mientras apoyamos la importante labor de los cuerpos de seguridad".

Las órdenes judiciales sobre palabras claves son algunos de los métodos más controvertidos con los que autoridades policiales y gobiernos pueden extraer información de los usuarios de los grandes servicios digitales. Otro que también puesto en alerta a los defensores de la privacidad son las peticiones de información sobre geofencing.

Geofencing es una forma de historiar la geolocalización de un usuario gracias a sus dispositivos móviles y a las antenas de telefonía a las que se conecta. Es indiscutible que este tipo de tecnologías ayudan a resolver crímenes, pero también que muchos ciudadanos inocentes se pueden ver involucrados simplemente por estar donde no debían estar a ojos de la policía.

Ya el año pasado, una carta firmada por cientos de trabajadores de Google pidieron acabar con las prácticas de la multinacional que colaboraban con las autoridades y que podían perpetuar el racismo sistémico en EEUU. En la misiva, denunciaban cómo Google concedía datos sobre geofencing a las autoridades.

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Jennifer Granick, consejera de Vigilancia y Ciberseguridad en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) considera en Forbes que "el rastreo basado en el historial de búsquedas permite a la policía identificar a ciudadanos únicamente por lo que podrían haber estado pensando, por cualquier razón, en el pasado".

"Estas técnicas amenazan a la Primera Enmienda y afectará irremediablemente a ciudadanos inocentes, especialmente si las palabras claves que son objetos de estas instancias no son concretas y el marco temporal no es preciso. Además, la policía está ejecutando estas técnicas en secreto, lo que impide que sobre ellas haya debate público y regulación", lamenta.

En ocasiones, lo que exigen las autoridades policiales a las tecnológicas es algo más que los datos de una cuenta y sus direcciones IP. En el caso de Wisconsin que ha desvelado Forbes, las autoridades también esperaban que Google les facilitara las CookieID de cada uno de los usuarios que hacen sus búsquedas.

Con esas CookieID, que son una suerte de identificador de perfil comercial para anunciantes, las autoridades esperaban poder generar perfiles de sospechosos, aun cuando estos hubiesen realizado esas búsquedas sin haber iniciado sesión en su cuenta de Google.