Por qué los taxistas de media España están en huelga por un reglamento de Colau

El miércoles pasado, los taxistas de Barcelona convocaron una huelga que ya han extendido a indefinida. El viernes, los taxistas de Madrid se sumaron en su apoyo. Y durante el fin de semana otras ciudades españolas — Valencia, Sevilla, La Rioja, Málaga o Alicante — también.

Hasta ahora, la protesta ha dejado graves incidentes (los taxistas han volcado coches de Cabify y los Mossos investigan un posible disparo de bala a uno de los coches de la empresa) y Fomento no solo ha llamado a la calma, sino que ha convocado varias reuniones esta semana: el lunes se reunirá con los taxistas, el martes con la patronal de Uber y Cabify y el miércoles propondrá a las Comunidades Autónomas traspasarles las competencias para dar licencias VTC.
 

¿Qué está pasando y por qué justo ahora?

Los taxistas de Barcelona protestan porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha parado un reglamento que les beneficiaba. La alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB (Área Metropolitana de Barcelona) lo aprobó a finales de febrero para regular la actividad de los coches con licencia VTC. Si la concesión de licencias depende del ministerio de Fomento, ¿cómo pretendía Colau regularlas en su ciudad? Exigiendo otra autorización más para su circulación. 

Antes de que existieran Uber y Cabify, las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) se utilizaban precisamente para eso: para coches privados y servicios de chófer. Cuando Uber entró en España lo hizo poniendo en la calle coches que no llevaban ninguna licencia, así que la Justicia lo echó: en diciembre de 2014 un juez ordenó su cese cautelar en Madrid y, debido a las denuncias de los taxis, también terminó yéndose de Barcelona. Volvería más tarde a ambas ciudades operando con coches con licencia VTC.

Cabify ya operaba por entonces; también con coches con licencias VTC. Entre 2009 y 2013, estas licencias estuvieron liberalizadas, sin quedar sometidas a ningún límite respecto al número de licencias de taxi. En 2013 el Gobierno aprobó la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que incluía la limitación de las licencias al ratio de 1/30: por cada treinta taxis sólo podría concederse una licencia VTC. Esto provocó que las administraciones denegaran sistemáticamente las solicitudes de licencias. En 2015 el Gobierno cambió la legislación e impuso la limitación por Real Decreto.

Sin embargo, entre 2013 y 2015 muchos de los solicitantes rechazados recurrieron su caso en los tribunales. A partir del 2017, el Supremo les dio la razón entendiendo que hasta ese decreto la limitación no estaba desarrollada. Y fue autorizando nuevas licencias que hasta entonces estaban congeladas.

Es decir: que las últimas concesiones de licencias las ha hecho el Supremo. 

Las licencias VTC empezaron costando unos 5.000 euros, frente a los 140.000 que costaba una de taxi. Pero la entrada en el mercado de empresas que las demandaban — de Uber y Cabify — fue provocando una escalada de precios. Varios empresarios (entre ellos, el propio fundador de Cabify, los fundadores de Tuenti e incluso jefes del taxi) vieron que había negocio en invertir en licencias y empezaron a solicitarlas, comprarlas y venderlas.

Así, la especulación que ya había en el mercado secundario de las licencias del taxi llegó también al de las VTC.

En abril de este año, se celebró un juicio que enfrentaba a la CNMC (que había recurrido la limitación del 1/30), Uber, Cabify y la patronal del taxi contra el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña y las asociaciones del taxi. El Tribunal Supremo tenía que decidir si mantenía la limitación o liberalizaba el sector. Curiosamente, muchos de los que deberían estar interesados en la liberalización (Cabify, porque así podría poner en la calle todos los coches que quisiera) ya no lo estaban, porque se habían dedicado a crear empresas para especular con las licencias y la liberalización hubiera supuesto la caída de sus precios. El único interesado en la liberalización era Uber.

El Supremo avaló finalmente el límite de una licencia VTC por cada 30 de taxi. El problema es que ese ratio ya estaba ampliamente superado en muchas ciudades. Entre ellas, Barcelona. Por eso su alcaldesa quería recuperarlo. 
 

En qué consiste el reglamento de Colau

El Área Metropolitana de Barcelona aprobó un reglamento que entró en vigor a finales de junio. El organismo pretendía limitar la circulación de vehículos con VTC en la ciudad exigiéndoles una autorización municipal extra, además de su propia licencia VTC. Para ello, se apoyó en el famoso ratio 1/30: sus autorizaciones estarían basadas en varios factores, incluyendo oferta y demanda, acontecimientos concretos y "sostenibilidad ambiental" y nunca lo superarían. 

El sector entendió este reglamento como un golpe "anti Uber y Cabify", porque de repente AMB podía limitar su actividad y no concederles la autorización extra para operar.

El problema es que AMB no tiene las competencias necesarias para hacer eso: los permisos de transporte (sean VTC u otros) dependen del Ministerio de Fomento y las otorgan las Comunidades Autónomas por delegación del estado. Por eso, ante un recurso de la CNMC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente el reglamento el pasado 19 de julio y todo quedó igual en Barcelona. Y por eso los taxistas se pusieron en huelga: primero en Barcelona y después en otras ciudades de España.

Desde AMB están insistiendo en que sólo quieren "que se cumpla el límite legal (1 VTC por cada 30 taxis)", pero este argumento es erróneo: el límite legal es a la concesión de licencias VTC, no a la circulación de vehículos por la ciudad (como pretenden imponer ellos).

Qué va a pasar esta semana

Visto el conflicto generado en todas las ciudades, el Ministerio de Fomento ha convocado varias reuniones para poner orden e intentar llegar a un acuerdo. El lunes se reunirá con las principales organizaciones de taxistas a una reunión, según informa Europa Press; el martes, con la patronal de las VTC, y el miércoles con la Conferencia Nacional de Transportes. Allí verá a los responsables del ramo de las distintas comunidades autónomas.

Fomento propondrá el traspaso a los gobiernos regionales de la competencia para la concesión de licencias de VTC. Así, las comunidades tendrán la potestad por ley de dar estas licencias que en la práctica ya otorgan, si bien es por delegación de la Administración central, que es quien legalmente tiene potestad para ello. Esta medida no es nueva: el ministro Ábalos ya la había planteado el 12 de julio en el Congreso. De hecho, el Ministerio retiró el viernes su petición de medidas cautelares e indicó que estudiará las propuestas de la AMB.

Lo que quiere AMB es tener plenas competencias para regular la circulación de las VTCs en su territorio, como hace con el resto de transporte público (el organismo es responsable de metro, autobús, taxis y demás medios de transporte). Según indicó Mercedes Vidal de AMB, "las conversaciones están muy avanzadas para que reconozcan explícitamente las competencias de los ayuntamientos para regular sobre una cuestión como esta, que nos afecta de primera mano".

En caso de que AMB volviera a poder influir sobre el número de VTCs que circulan en su área, la oferta de Uber y Cabify se vería reducida al menos un tercio.