Nuevos reguladores o reforzar el autocontrol: ideas para evitar que las todopoderosas redes sociales atropellen la libertad de expresión, según varios expertos
- Un panel de expertos españoles ha debatido este jueves cómo regular las plataformas en línea y mitigar sus impactos negativos en la libertad de expresión.
- El acto ha sido organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), por la Generalitat de Valencia, y por la Universidad de Valencia.
- Se ha discutido sobre la pertinencia de crear un nuevo organismo regulador que vele por las garantías de los usuarios de las plataformas, o sobre qué es lo que se debe regular exactamente.
- En el acto han participado sociólogos, docentes y catedráticos de Derecho, abogados. Todos han sido convocados por la PDLI, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.
- Los riesgos de un exceso regulatorio, de no frenar el "poder omnímodo" de las redes, o de permitir que estas plataformas hagan "el trabajo sucio del estado", a debate.
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¿Es buena idea crear un organismo para que vele por las garantías democráticas en las redes sociales? ¿La libertad de expresión defiende a los usuarios o a las compañías? ¿Hacen estas plataformas el trabajo sucio de los gobiernos? ¿Cómo contraatacar ante un abuso de un gigante como Facebook o Twitter? Este jueves, varios expertos españoles han debatido sobre cómo regular las redes sociales.
Lo han hecho pocos días después de que Donald Trump firmase una orden ejecutiva que apunta directamente a estas compañías. Twitter etiquetó dos mensajes de Donald Trump como "inexactos" y enfureció al presidente estadounidense. Ahora, el mandatario amenaza con dictaminar cómo las redes podrán moderar a los usuarios y con retirar la inmunidad de la que hasta ahora gozaban: el contenido que suban las personas a la red hoy no es responsabilidad de la empresa.
Ha sido un debate telemático organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en colaboración con la Universidad de Valencia y con la Generalitat de Valencia. El acto fue conducido por Marta Timón, letrada del Tribunal Supremo, y además de la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana, han participado sociólogos, abogados, profesores y catedráticos especializados en el ámbito de la libertad de expresión o de los derechos digitales.
Los ponentes han sido Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y coordinador de DerechoTICS.com; Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión de la PDLI y del Stanford Center for Internet y Society; Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI y abogado experto en tecnología; Margarita Robles, profesora de la Universidad de Granada; y Miguel del Fresno, sociólogo de la UNED.
La consideración general es que un exceso de regulación sobre las redes sociales podría ser contraproducente. En el debate, un espectador planteó la posibilidad de o "elevar el rango" a la Agencia Española de Protección de Datos para que se convirtiese en una suerte de organismo de control de "garantías", o crear una entidad específica nueva. Y a lo mejor no es tan buena idea.
Por qué un 'cártel' de organismos que velen por los derechos y garantías en las redes
"Las autoridades independientes me dan terror en España", bromeó Cotino. "Pese a que para el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea una autoridad independiente sí puede restringir la libertad de expresión, no me parece correcto". Esto no quiere decir que el modelo de la AEPD no dé soluciones, expuso el catedrático, que recordó los casos de éxito en otros ámbitos de la regulación sobre internet, como el derecho al olvido.
Pero Joan Barata fue más allá. "Antes de definir si es necesaria una autoridad independiente, primero deberíamos identificar qué es lo que queremos regular". "Empieza a existir un debate sobre lo que llaman las obligaciones sistémicas de las plataformas. Obligaciones que no serían sobre los contenidos, sino sobre los mecanismos sobre los contenidos".
En otras palabras, a juicio de Barata es necesario no que una autoridad exija a las redes sociales que elimine "las noticias falsas", sino que cuenten con mecanismos "para combatirlas". Mecanismos como unos términos de uso claros y explícitos, opciones para que los usuarios denuncien lo que consideren, o incluso la obligatoriedad de colaborar con plataformas de fact checking.
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Lorenzo Cotino no lo ve así. Entiende que las redes sociales "ejercen con libertad y libertinaje un gran poder". "Facebook cortó por sus santas narices el canal de WhatsApp a los partidos españoles. O antes de la pandemia empezó a ejercer labores de verificación con sesgos claros". Por ello, recordó que Facebook en concreto "nunca ha sido muy transparente".
"Debe haber transparencia", afirmó, para evitar atropellos a la libertad de expresión.
El diálogo entre Cotino y Barata continuó en esos términos. Barata recordó que las redes sociales "moderan más allá de la legalidad". "Si alguien no puede tener un muro en una red social sin spam o con cosas que son legales pero son nocivas, nadie querrá tener una plataforma". "Es esa labor de curación que hacen las plataformas las que las hacen comercialmente interesantes", remachó.
Además, recordó que un 'cártel' de autoridades administrativas, "un cártel", ironizó, desincentivaría la aparición de plataformas más pequeñas.
Las redes sociales y el trabajo sucio de los estados
A principios de mayo Facebook creó una nueva "junta de supervisión" que será la responsable de definir los criterios editoriales para moderar contenidos. En este sentido, los expertos plantearon varios problemas. La propia Margarita Robles recordaba que "las instituciones públicas funcionan mejor o peor, pero tienen una legitimidad formal". Este "Tribunal Supremo de Facebook", probablemente no.
"Zuckerberg cometió un error al decir que era un Tribunal Supremo. Es más una capa interna de autorregulación de naturaleza estrictamente privada", apuntó Barata, que ya expuso en esta tribuna de El Confidencial que este board se regirá sobre "estándares internacionales".
Por esta razón, el jurista acentuó esta contradicción: "Los dirigentes de las plataformas siempre defienden que se guían por estándares internacionales. Pero al mismo tiempo siempre han expresado su intención de aplicar la legislación nacional".
"Yo tengo una impresión bastante negativa de Facebook", insistió Robles. "Está realizando demasiadas acciones con la que da la impresión de que está tratando de emular al estado".
Ante ello, el catedrático Lorenzo Cotino recordó que "hoy por hoy las redes sociales disfrutan de un poder omnímodo" que habrá que "controlar" mediante "una regulación más fuerte o más débil". Si las redes sociales "están haciendo el trabajo sucio al que los estados no se atreven, entonces sí que creo que hay que poner algunas reglas para que ejerzan ese poder de manera contenida".
La Comisión Europea lleva 2 años trabajando en un borrador de Reglamento de prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea. Sin esas reglas mediante de las que habla Cotino, entonces "yo diría que el estado no meta sus sucias manos, y si lo hace, que sea a través de los jueces".
El poder de las redes sociales frente al poder de los estados
El sociólogo Miguel del Fresno iniciaba su ponencia preguntándose realmente cuál es el terreno de juego. "Si las líneas del campo las pintamos para hablar de la libertad de expresión, está claro que el villano es Trump. En esas, las plataformas se convierten en adalides globales, cuando sus intereses son estrictamente financieros".
"¿Por qué un reducido número de empresas tienen el poder de definir la realidad con unos algoritmos que nunca son neutrales?", insistió. "El problema entonces no es la libertad de expresión; el problema es un problema político. La solución que queda no es solo legal".
En los mismos términos se expresó el catedrático, Lorenzo Cotino. "¿Pueden las plataformas y las redes controlar, moderar, censurar, filtrar?". "La libertad de expresión en democracia está en sus manos, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad". "La libertad de expresión está en juego y no puede ser restringida desproporcionalmente ni discriminatoriamente".
Aunque la polémica entre Trump y Twitter ha sido lo que ha vuelto a poner en el foco este debate, en España ya en abril una formación de extrema derecha, Vox, instó a que comparecieran en el Congreso de los Diputados los titulares de los verificadores que colaboran en España con Facebook, Maldita y Newtral.
Frente a los planteamientos de Del Fresno y Cotino, Joan Barata volvía al caso estadounidense, por la polémica con Twitter. "¿Quién tiene la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda?". A su juicio, "son las plataformas". "Los usuarios no tienen el derecho de la Primera Enmienda susceptible de ser opuesto al de las plataformas. Este derecho solo es oponible frente a abusos que puedan venir de poderes del estado".
Pero quién más "fundamentalista" se mostró fue el director legal de la PDLI y director del Bufete Almeida, el abogado Carlos Sánchez Almeida.
Lo dijo él mismo. "Tan fundamentalista soy que el artículo que regula la libertad de expresión que más me gusta es el de la Declaración de Derechos de Virginia, que es solo una línea". "Yo pienso lo mismo que muchos sindicalistas sobre el derecho de huelga. Es mejor que el derecho de huelga esté en la Constitución, y que haya que reinterpretarlo en cada juicio". En otras palabras: evitar regular de más.
"No podemos dar ese poder tan omnímodo a alguien que no puede ser controlado", dijo, en referencia, esta vez, a los estados.
El artículo 12 de la Declaración de Derechos de Virginia, del siglo XVIII, dice así:
"Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos".
Puedes ver el debate completo en este vídeo o consultar su programa en la web de la PDLI.
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