Sumar pregunta por la situación de los observatorios sobre IA y ética que el Gobierno ha prometido en los últimos años

Los diputados de Sumar en el Congreso Tesh Sidi, Gala Pin y Francisco Sierra han registrado este lunes por la mañana una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados. Se trata de otra nueva tanda de preguntas parlamentarias, de nuevo centradas sobre la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA.

Mientras las instituciones comunitarias tratan de cerrar los últimos flecos alrededor del Reglamento de la IA, el Gobierno anunció hace meses la puesta en marcha de este nuevo organismo, que resultaría dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) ahora inscrita al nuevo Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá.

La SEDIA ha protagonizado algunos avances al respecto. Ya se decidió que la sede de esta AESIA se encontraría en A Coruña, Galicia, atendiendo a un real decreto que aprobó el Gobierno el año pasado para descentralizar las instituciones del Estado. 

También hace escasas semanas la SEDIA logró otro importante avance: el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con el que se daba el pistoletazo de salida al esperado sandbox IA. Este espacio regulatorio de pruebas permitirá a empresas y ciudadanos españoles probar antes que nadie el futuro reglamento europeo y cuenta con el beneplácito de Bruselas.

Sin embargo, la misma SEDIA no ha satisfecho por el momento las demandas de colectivos de la sociedad civil que han reclamado en los últimos meses la necesidad de que sus voces también cuenten en este nuevo organismo público.

Así lo considera una de las diputadas de Sumar, Tesh Sidi, que tras haber registrado estas preguntas parlamentarias ha recordado que "la participación ciudadana en la supervisión de la IA es crucial para garantizar una implementación ética, transparente y centrada en los valores sociales". "No solo fortalece la legitimidad de las decisiones, sino que también enriquece la toma de las mismas".

Mediante la participación ciudadana se incorporan "perspectivas diversas" y hay organizaciones, como la Federación de Consumidores y Usuarios CECU que ya han pedido "mayor participación ciudadana y transparencia". 

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Las preguntas han sido registradas este lunes y su tenor literal es el siguiente: "¿Qué medidas está tomando el Gobierno para garantizar la participación de la sociedad civil en la implantación de la Agenda y si se han creado dichos observatorios?". Esta primera cuestión hace referencia a los observatorios que establecía la Agenda España Digital 2026.

En dicha Agenda se enfatizaba que se crearían "observatorios de impacto ético y normativo que puedan presentar los sistemas que incorporen IA y se realizarán evaluaciones que permitan generar recomendaciones y buenas prácticas". "El primero de ellos, OBISAL, el Observatorio del Impacto Social, Laboral y Ético de los Algoritmos", concretaba.

La segunda pregunta es como sigue: "En qué fase está la implementación de estos convenios y qué otros recursos y medidas se van a tomar para garantizar mayor participación de la sociedad civil en la implementación de la Carta y el observatorio?". Hace referencia a la Carta de Derechos Digitales de España, un documento no vinculante que trazaba una hoja de ruta regulatoria.

En mayo terminó el plazo de una convocatoria para impulsar esa Carta de Derechos Digitales con la creación de un observatorio de derechos digitales.

Por último, la iniciativa parlamentaria de Sumar recuerda que hace un año el Gobierno mencionó que el OBISAL se enmarcaría dentro de la nueva estructura de la Agencia Española de Supervisión de la IA, la AESIA. Por ello vuelve a preguntar "en qué estado de constitución estaría el OBISAL" y "cuántos observatorios habrá en total, dónde se ubicará cada uno y en qué estado de ejecución de contratos".

Son cuatro preguntas que el Gobierno tendrá que contestar por escrito en las próximas semanas y que despejarán muchas incógnitas en torno a la situación de los múltiples observatorios que se prometieron a lo largo de la pasada legislatura. Parece evidente que todos ellos recaerán bajo el nuevo Ministerio de Transformación Digital que ahora dirige Escrivá, exministro de Seguridad Social.

Hace exactamente un año más de medio centenar de colectivos sociales demandaron al Gobierno esa participación ciudadana en la confección de los observatorios algorítmicos. Algunos de los colectivos firmantes en aquella petición, sobre la que la secretaria de Estado Carme Artigas llegó a mantener un encuentro, son entidades como la Fundación Eticas o Algorights.

La Fundación Eticas, fundada por Gemma Galdon, cuenta con su propio observatorio de algorítmicos para auditar modelos automáticos tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

Muchas de esas entidades, aunadas en lo que se ha dado a conocer como la coalición IA Ciudadana, también exigieron hace un mes al Gobierno de España más transparencia sobre las negociaciones del futuro Reglamento europeo de la IA, que está en fase de trílogos. España, como presidenta del Consejo hasta finales de año, está liderando esos debates con la Eurocámara y la Comisión.

A ese respecto, también Sumar presentó otra batería de preguntas relacionadas con cómo Carme Artigas, que dirige las negociaciones sobre el futuro Reglamento de la IA tomará forma, está dirigiendo esos debates.

Sumar también ha presentado ya una proposición de ley relacionada con la IA que por lo pronto va más allá de lo que plantea el Reglamento de la IA. Se trataría de una propuesta de ley anti deepfakes que también contemplaría la creación de nuevos órganos y observatorios para escrutar el impacto social de estas tecnologías.