El Supremo alemán obliga a Volkswagen a compensar a un cliente con 25.000 euros por el 'dieselgate' en un caso que puede abrir la puerta a nuevas indemnizaciones

Un empleado coloca una placa de VW en una línea de producción en la planta de Zwickau.
REUTERS/Matthias Rietschel
  • El alto tribunal alemán ha fallado en contra de Volkswagen, que deberá compensar a un cliente que compró un coche manipulado durante el escándalo del Dieselgate.
  • El caso hace referencia al empleo de un software ilegal que alteraba los datos de emisiones de los vehículos de la firma, haciéndolos parecer hasta 40 veces menores de lo que eran. De esta forma podían sobrepasar la legislación sin que nadie lo supiera.
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El Tribunal Federal de Justicia alemán ha fallado en contra de Volkswagen, que tendrá que indemnizar a un propietario de vehículo diésel afectado por el caso del software que alteraba los datos de emisiones de hasta 11 millones de automóviles de la empresa, escándalo conocido como el Dieselgate

El fallo establece un punto de partida para poder evaluar otros 60.000 casos diferentes que actualmente se están juzgando en Alemania, pero en lo que respecta a este en particular el demandante, Herbert Gilbert, podrá devolver el vehículo y recibir el dinero que había pagado por él, según ha adelantado la BBC. Eso sí, se le descontarán los kilómetros recorridos.

Inicialmente Gilbert había adquirido el coche de segunda mano y pedía el precio íntegro de su salida al mercado (unos 31.500 euros) por "daño moral deliberado", según ha informado Deutsche Welle, pero la Justicia ha parado los pies al demandante.

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La compañía ya ha resuelto una demanda colectiva de 830 millones de euros que involucra a 235.000 propietarios de coches alemanes, y en este caso resarcirá a los afectados mediante pago único dependiendo de cada caso.

Según Volkswagen, actualmente hay hasta 60.000 casos de litigios judiciales abiertos contra la empresa y pendientes de resolución en toda Alemania. A raíz de los últimos acontecimientos, muchos de esos casos podrían beneficiarse de las indemnizaciones a causa del fraude del gigante del motor alemán, por lo que la empresa "busca llevar estos procedimientos a una pronta conclusión", según sus propias palabras. 

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Desde que estalló el escándalo en 2015 —en que se reveló un software ilegal para manipular las pruebas de emisiones—, el gigante de los automóviles ha pagado más de 30.000 millones de euros en multas, compensaciones y planes de recompra en todo el mundo. Hasta 11 millones de coches contaban con este dispositivo fraudulento.

El mes pasado, su caso superó su primer obstáculo en el Tribunal Federal de Justicia, una especie de Tribunal Supremo para Alemania, cuando un juez dictaminó que el software instalado en los coches era, en efecto, un "dispositivo de derrota" (defeat device) según las normas de la UE, lo cual está sancionado por cargos criminales según la legislación germana.

Trampa con las pruebas de diésel

En septiembre de 2015 se descubrió que Volkwagen había instalado ilegalmente un software que alteraba los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de coches con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015.

Como resultado de este fraude, sus motores habían superado con éxito los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), pero en realidad los datos de contaminación eran mucho mayores, llegando a producir hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno en condiciones reales.

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Una investigación interna de la empresa concluyó que un grupo de ingenieros de Volkswagen decidió implementar este resorte cuando, allá por 2005, el cuerpo técnico se dio cuenta de que no conseguían solucionar el problema de las emisiones en sus vehículos (o no tenían presupuesto para hacerlo). De este modo, crearon una "trampa" que manipulaba los resultados cuando los coches se sometían a pruebas de contaminación.

Con el paso del tiempo, la empresa logró solucionar el problema técnico, pero optó por mantener el uso del software para ahorrar costes de fabricación. Esto supuso un mayor agravante en el caso, ya que no sólo no se trataba de un error, sino que era una cadena de fraudes a la legislación que no se vio interrumpida incluso al tenerse los medios para hacerlo (y la constancia de que sucedía).

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