El Gobierno amplía el veto a la entrada de inversores extranjeros en empresas españolas estratégicas: incluso los comunitarios deberán pedir permiso para hacerse con más de un 10% de sus acciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control del Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control del Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados
  • El Gobierno ha ampliado la obligación de los inversores extranjeros, incluso los comunitarios, de pedir permiso para comprar más del 10% de una empresa estratégica que cotice en la Bolsa o si la operación supera los 500 millones de euros.
  • Esta medida, que se aprobó en marzo para evitar que empresas estratégicas españolas cayeran en manos de inversores extracomunitarios durante el impacto del coronavirus, se amplía ahora a los procedentes de la UE y estará vigente hasta el 30 de junio.
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A lo largo de la pandemia de coronavirus, las administraciones públicas han dedicado muchos recursos a evitar la quiebra de empresas y autónomos por el impacto del coronavirus, mediante medidas para ayudar a mantener el empleo, moratorias en sus créditos y préstamos avalados por el Estado para suplir la caída de la facturación durante la pandemia.

También han puesto especial atención en apoyar a las denominadas empresas estratégicas, para las que se ha puesto en marcha un fondo específico de rescate, al que ya han acudido Air Europa o Duro Felguera, además de un mecanismo para que los inversores extranjeros tengan que solicitar permiso al Gobierno antes de comprar más de 10% de una empresa estratégica cotizada o de invertir más de 500 millones de euros en una no cotizada.

Esta medida, que se aprobó al inicio del estado de alarma, ha sido ampliada este martes por el Consejo de Ministros, que ha aprobado aplicar este requisito a todos los inversores extranjeros, incluyendo a los procedentes de otros países de la Unión Europea, que estaban hasta ahora parcialmente exentos de este veto a la inversión oportunista desde el extranjero en empresas estratégicas españolas afectadas por el coronavirus.

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De este modo, el veto a los inversores extranjeros en compañías sistémicas se mantendrá hasta el 30 de junio, aunque se aplicará solo en sectores concretos. Esta medida supone la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública, según Cinco Días.

En marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyó este endurecimiento de condiciones a la inversión extranjera en determinados sectores "para impedir que empresas de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros", según recoge el diario económico.

Esta medida del Ejecutivo español está en línea con las normativas aprobadas en marzo por Bruselas, que ofrecía a los 27 la posibilidad de crear mecanismos de control de la inversión directa en empresas locales por motivos de seguridad, a condición de que los gobiernos establezcan plazos transparentes en esos mecanismos que no discriminen a determinados países y de que se justifiquen los vetos a la inversión.

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